5. PARA QUE LOS CIUDADANOS REALMENTE DECIDAN

AES acepta el principio democrático como base del régimen político.

AES, por esa misma razón, no renuncia a señalar las deficiencias y contradicciones del sistema político, aspirando a su corrección.

AES actuará en defensa de la sociedad civil frente al monopolio de los partidos y sus sistemas de control de la opinión pública (sistema electoral, listas cerradas, bipartidismo excluyente, control de los medios de comunicación, formas de financiación...), promocionando la apertura de nuevos cauces de representación política, dando voz a la ciudadanía.

AES abogará por la implantación de la consulta directa, mediante referéndum, a la hora de abordar las grandes cuestiones nacionales.

Para que los ciudadanos realmente decidan.
Aunque parezca un contrasentido el desarrollo del sistema democrático en España, a partir de la Constitución de 1978, ha ido limitando, por decisión de la clase política, especialmente de los partidos turnantes en el poder, los derechos políticos de los ciudadanos.

En reiteradas ocasiones los analistas han hablado de la necesidad de introducir cambios para la regeneración del sistema. Las propuestas de cambio y reforma, que todos los partidos han incluido en sus programas electorales, han sido sistemáticamente olvidadas al llegar al poder local, autonómico o nacional.

Legislatura tras legislatura los ciudadanos han visto mermados sus derechos para favorecer el desarrollo de las estructuras burocráticas que son en realidad los partidos políticos. De ahí que muchos ciudadanos, al no sentirse realmente representados, vuelvan la espalda a la política; de ahí que se produzca un recurrente distanciamiento entre la España oficial y la España real.

AES cree que es necesario reforzar el Principio de la libertad. Para ello es fundamental subsanar el déficit democrático que se ha ido incrementando en los últimos años, para dar auténtico valor y peso a la sociedad civil. Para ello AES defenderá:

1º. La reforma electoral mediante:

• la implantación del sistema de listas abiertas.

• la ampliación del número de diputados. Se establecerá un mínimo de 450 y un máximo de 500, para conseguir que la representación popular corresponda proporcionalmente con la realidad sociológica de la nación. Lo que pondrá fin a la interesada sobredimensión parlamentaria que tienen los partidos nacionalistas.

• la elección en circunscripción única de un tercio de los diputados.

• el establecimiento de la prioridad para formar gobierno o corporación de la lista más votada.

• la creación de una circunscripción única para el voto emigrante; lo que aumentará el interés parlamentario por su problemática y por la defensa y ayuda a los españoles que   viven en otros países del mundo.

2º. La disolución del Senado. Todos los partidos, en sus programas, han hablado de la necesidad de reformar el Senado. Sin embargo, ninguna fuerza política ha concretado dicha reforma siendo su utilidad muy limitada ya que sus decisiones siempre dependen de la votación final de la Cámara baja. La ampliación del Congreso hace innecesaria su continuidad.

3º. El desarrollo de mecanismos que aseguren la primacía de la ciudadanía y permitan el control de la acción política por parte de la misma para:

• Garantizar la posibilidad, establecida por la Constitución, de que los ciudadanos actúen como acusación particular, tras la presentación de denuncias y querellas, pudiendo personarse en todo el proceso. 
• Desarrollar mecanismos que permitan exigir responsabilidades ante el incumplimiento manifiesto y consciente de las promesas contenidas en el Programa electoral.
• Establecer mecanismos que impidan desarrollar políticas, en temas fundamentales, que no figuren en el programa electoral y, por lo tanto, no hayan sido sometidas al voto de los ciudadanos.
• Crear Comisiones de Investigación independientes del gobierno y los partidos para temas de especial gravedad (terrorismo, corrupción, soberanía, ruptura de la unidad de España…), evitando así espectáculos como el de la comisión del 11-M.
• Limitar para senadores, diputados nacionales o autonómicos, la inmunidad parlamentaria y la necesidad del suplicatorio sólo a las acciones propias de su actividad política y parlamentaria.

4º. La puesta en marcha de nuevos cauces de participación y representación a través de:

• La reforma de la ley de referéndum para someter al mismo las grandes cuestiones nacionales.
• La utilización de las posibilidades que brindan las denominadas nuevas tecnologías para desarrollar la democracia electrónica.
• La reforma de la iniciativa popular, a través de la recogida de firmas, para darle vitalidad, permitiendo a quienes la impulsen que defiendan sus planteamientos en el Parlamento.
• La democratización interna de los partidos políticos, especialmente en todo lo referente a la designación de candidatos y representantes.
• La reforma y fiscalización total y absoluta de la financiación pública de partidos y sindicatos.

5º. El establecimiento y mantenimiento de recursos que permitan actuar frente a las vulneraciones del marco constitucional. Para ello pediremos:

• El restablecimiento del recurso de inconstitucionalidad previa retirado por el PSOE y que el PP no quiso restaurar, que permite paralizar la aplicación de aquellas leyes sobre las que existan dudas fundadas sobre su constitucionalidad.
• La ampliación y mejora de la Oficina del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tendrá jurisdicción en todo el territorio y podrá intervenir en cualquier administración del Estado para defender eficazmente al ciudadano frente a los abusos del poder.
• Reforma de la estructura del Tribunal Constitucional para evitar la situación de colapso en que se desarrolla su trabajo.

Una mayor independencia para el Poder Judicial.
AES estima que uno de los más graves déficits democráticos que existe en España es la falta  de independencia del Poder Judicial. La viciosa práctica de que sea el Poder Político el que nombre el Poder Judicial ha sido y es una fuente de corrupción y de falta de libertad. La modificación que el PSOE introdujo en 1985 en este sentido tan negativo, no fue corregida en los ocho años de gobierno popular (a ambos les convino nombrar “sus Jueces” y tener domesticado al Poder que debe ser más libre e independiente de todos si queremos tener un auténtico Estado de Derecho). Para invertir esta situación AES propondrá:

1º. La elección directa por parte de Jueces y Magistrados de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

2º. La elección por parte del Consejo General del Poder Judicial de los miembros del Tribunal Constitucional. No podrán ser miembros del mismo quienes hayan ocupado cargos políticos.

3º. La elección en el Congreso del Fiscal General del Estado, teniendo que alcanzar el candidato el apoyo de dos tercios de la cámara.

4º. El acceso exclusivo por oposición en la carrera judicial.