Francisco Torres

Escribo estas líneas en la madrugada del ocho de junio. Los sindicatos han convocado una huelga en protesta (¿?) por el recorte dictado por el gobierno. Bajo la aparente unidad en el mensaje quedan matices que indican que si bien por un lado estimulan la protesta por otro aceptan como inevitable el recorte salarial a los funcionarios. Dentro de unas horas varios miles de funcionarios irán a la huelga. Lo harán no porque se lo digan unos sindicatos muy desprestigiados, lo harán por el estado de cabreo que la medida ha provocado, para protestar contra el gobierno.

Los sindicatos, básicamente UGT y CCOO, porque los demás sindicatos son de funcionarios y no tienen correa de transmisión directa con este o aquel partido y tienen su razón en defender los intereses de cuerpo, carecen de legitimidad para convocar una huelga. Entre otras razones porque llevan años secundando al gobierno e ignorando la realidad de una situación económica que nos ha llevado a esta coyuntura. Protestan, especialmente la UGT y CCOO, porque no les queda más remedio y para justificar sus nóminas y sus liberados.

Protestan todos mal, a destiempo y al servicio de los intereses del gobierno. ¿Qué sentido tiene convocar una huelga después de que se hayan aprobado los recortes en el Parlamento? Lo lógico hubiera sido convocarla antes para presionar al gobierno. La huelga de hoy no sirve absolutamente para nada: sirve, eso sí, para mostrar un estado de cabreo y descontento, pero con ello ya contaba el gobierno. La huelga se convoca por los sindicatos como espita, como afirmación de que en España existe el derecho al pataleo pero para que su efectividad sea nula.

Miles de funcionarios, probablemente más de los que irán a la huelga, no lo harán. Simplemente porque no quieren darle más dinero a Rodríguez Zapatero. Los sindicatos han convocado una huelga que es un negocio redondo para el gobierno. En España existen unos tres millones de funcionarios (varias decenas de miles son en realidad funcionarios políticos digitales que ejercen como tales sin ser de carrera). Aunque sólo un millón secundaran la huelga el gobierno se embolsaría en torno a los ciento cincuenta millones de euros. A más funcionarios en huelga más ingresos por vía de retraimiento de las nóminas del día no trabajado. Así pues los sindicatos, convocando una huelga desactivada contribuyen al recorte del gasto público.

Otros miles de funcionarios -insisto- irán a la huelga porque les apetece protestar, porque no quieren que el gobierno exhiba como triunfo, como apoyo a sus recortes, un número limitado de huelguistas. Es lógico y justo.

El gobierno podía haber recortado en muchísimas otras partidas antes que tocar los salarios, pero no le interesaba. Los sindicatos no han exigido, y ésta es la realidad, que se realice el recorte en otras partidas antes que en los salarios. No lo han hecho porque lo que peligraría entonces sería su nómina y su patrimonio. Los sindicatos quieren capitalizar el estado de protesta para seguir existiendo, para seguir siendo esos agentes sociales que el gobierno mantiene para evitar la rebeldía.

Yo no iré a la huelga, siendo funcionario, sencillamente porque ni quiero darle dinero a Zapatero ni dar fuerza a unos sindicatos tan inútiles como amarillos. Pero no seré yo quien censure a quienes decidan protestar y defender su salario ante un gobierno que sólo sabe meter mano en las carteras de los españoles.

NOTA: Mariano Rajoy, que aparentemente se opone a las medidas del gobierno, no ha dicho absolutamente nada con respecto al recorte salarial de los funcionarios. A día de hoy es imposible saber si está a favor o en contra. La realidad es que sólo se opone a las formas pero no al fondo.

Hace tiempo que se baraja, como salida para el problema generado por la inalcanzable sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, la posibilidad de cambiar el Tribunal Constitucional para alcanzar una sentencia favorable a los intereses del gobierno, del socialismo catalán y del nacionalismo. Es evidente que la increíble e inexplicable tardanza en emitir dictamen por parte del Tribunal está directamente relacionada con la imposibilidad de admitir la constitucionalidad del Estatuto.

Desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad se ha especulado con diversas vías para hacer posible una solución más o menos admisible para todos los actores. Sin embargo, las maniobras retardatorias y las deliberaciones, las filtraciones sobre las posiciones de cada uno, sólo han servido para complicar aún más la situación ya que el Estatuto lleva años aplicándose, creando situaciones de hecho aunque no de derecho. Ahora, un nuevo factor pesa sobre esta cuestión: la proximidad de las elecciones catalanas y los intereses de cada uno de los partidos.

Una sentencia contraria a la constitucionalidad del Estatuto, aún cuando sólo lo fuera sectorialmente, obligando a cambiar o anular determinados artículos, podría modificar la correlación de fuerzas en Cataluña. Los dos partidos que verían mermados sus apoyos desde los ámbitos sociológicos nacionalistas serían el PSOE y el PP, ya que ambos buscan sus votos en el electorado nacionalista y no en el amplio sector que ha vuelto la espalada a las elecciones. Todo ello a pesar de que se estime que en las elecciones autonómicas la abstención y el voto en blanco podrían convertirse en la opción mayoritaria de los catalanes.

Eliminada la posibilidad de que el Partido Popular retirara el recurso de inconstitucionalidad presentado, asumido que es prácticamente imposible una sentencia de compromiso aceptable para todos, mucho más en vísperas electorales, sólo cabe una vía: cambiar el Tribunal Constitucional. Esta ha sido la propuesta lanzada por el socialismo catalán y defendida por Montilla.

José Luis Rodríguez Zapatero, que es un presidente acorralado, sin capacidad para la maniobra política, parece que ha decidido ceder e iniciar las componendas para conseguir una renovación del Tribunal Constitucional. Algo imposible sin la concurrencia del Partido Popular. Mariano Rajoy ya había hecho públicas sus condiciones: que el PSOE acepte los magistrados propuestos por el PP. Y esa aceptación abre la vía para que la sentencia sobre el Estatuto pueda, teóricamente, solventarse de forma aceptable para el PSOE y los nacionalistas. Los magistrados propuestos por el PP podrán ser recusados, ya que se posicionaron contra el proyecto de Estatuto, y por lo tanto los magistrados de la órbita socialista o nacionalista tendrían mayoría.

Estamos ante una maniobra política gravísima que supone vulnerar la ya de por sí limitada independencia del poder judicial. Una maniobra que subvierte el orden jurídico aprovechando los resquicios que ofrece la legalidad, algo en lo que el socialismo es maestro. Pero, insisto, esta maniobra, inteligente, sólo será posible si el Partido Popular, si Mariano Rajoy está dispuesto, por razones de pura táctica electoral, a colaborar.

Resulta imposible saber cuánto gastamos en subvenciones increíbles. En España dan subvenciones el gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos: un auténtico agujero negro en las cuentas públicas. A nadie se le oculta que con ellas el poder político fábrica clientelas que le garantizan importantes cuotas electorales.

El gobierno, que un día anuncia recortes y otro sube impuestos, habla de la necesidad de asumir sacrificios. El gobierno nos recorta pero no se recorta. Que no lo hace lo demuestra el Boletín Oficial del Estado. Desde que el presidente del gobierno anunció los recortes leer el BOE resulta muy interesante. Una riada de millones en subvenciones se anuncia día a día. Probablemente sean más de trescientos los millones de euros concedidos por el gobierno en estos días (sin sumar lo que se anuncie en todos y cada uno de los Boletines de las Comunidades Autónomas). Entre las subvenciones otorgadas graciosamente por el gobierno a parecen varios millones para los sindicatos. ¿Es esa la razón de los juegos malabares que hace el señor Cándido Méndez, líder de la UGT, cada vez que le preguntan por las decisiones de Rodríguez Zapatero y las “protestas” que tiene intención de realizar el sindicato?)

La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿si en pocos días el gobierno se ha gastado trescientos millones, cuánto se gasta al cabo del año? Lo que el gobierno, lo que José Luis Rodríguez Zapatero debería haber hecho, antes de recortar salarios, es acabar con todas las subvenciones (subvencionamos hasta curso de instrumentos tradicionales en sudamérica y construcciones en China) y después hacer un presupuesto cero tras depurar de estos gastos las cuentas públicas.

Cuentan que durante varios días el presidente estuvo preparando su estrategia de cara a minimizar el impacto del recorte antisocial diseñado por sus asesores. De las dos opciones posibles, recorte en el subvencionismo político, vital para los dos grandes partidos, no sólo para el socialismo, o recorte en las nóminas públicas y ajuste en los gastos de inversión, José Luis Rodríguez Zapatero estimó como más asumible la segunda alternativa. Entre otras razones porque era mucho más efectiva de cara a la credibilidad económica de España, al tratarse de los recortes tipos recomendados por las tesis ultraliberales. Y en muchos medios económicos las medidas han sido bien recibidas.

Para José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo cercano (Pajín, Blanco, Salgado…) lo fundamental era y es cómo transmitir de forma positiva un recorte salarial que afecta a millones de españoles, muchos de ellos votantes socialistas. Y, sobre todo, cómo evitar que, tras las críticas del primer día, el PP y Mariano convirtieran su asalto al bolsillo de los españoles en el eje del discurso de la oposición. Menos preocupaba al presidente la oposición sindical. En Moncloa cuentan con gestos simbólicos, paros en la administración, pero saben que la credibilidad sindical está bajo mínimos. Los sindicatos agitarán el fantasma de una huelga general, pero por ahora, salvo que se produzca una reducción general de los salarios, es muy difícil que los sindicatos quieran ir más allá.

Durante varios días las caras más conocidas del gobierno van a presentar de forma positiva el recorte del gobierno. La consigna ha sido clara: a todos los programas, independientemente del contenido que tengan. Y son legión los comunicadores que van a sostener las tesis gubernativas.

El único escollo es Mariano. Pero el presidente es un amante de los juegos de estrategia y Mariano un animalillo silvestre que siempre acude al cebo. Debió respirar tranquilo Rodríguez Zapatero cuando tras su formalmente durísima intervención Mariano, bien educado, se inclinó por ofrecerse para volver a reunirse para tratar sobre la aplicación del paquete de medidas anunciadas. ¿Por qué?

Ni los medios socialistas, por razones obvias, ni los medios próximos al PP, los medios etiquetados como de derechas, han querido entrar en esta cuestión. Rodríguez Zapatero lanzó un reto desde la tribuna o, en argot más simple, le pasó la pelota a Mariano. El presidente del PP está obligado a decir Sí o No a las medidas de ZP, no le vale el socorrido tal vez. Pudo Mariano escabullirse en el debate secundando lo que ya es un clamor: la supresión de ministerios inútiles y de las subvenciones a los sindicatos. Pero no puede criticar y aguardar, su táctica habitual en los últimos meses, ante la aplicación del recorte salarial.

Las Comunidades del PP tienen que decidir si lo aplican o no. Éste es el punto. Pueden recurrir, de hecho lo harán, para justificarse a culpabilizar al gobierno, aprovechando el silencio mediático próximo y el desconocimiento de los ciudadanos sobre la toma de decisiones, pero no podrán con el poderoso entramado mediático de la izquierda.

Si Mariano decide que en las Comunidades del PP sí se apliquen los recortes, ¿dónde queda la oposición? Será la confirmación de que a Mariano sólo le interesan los fuegos de artificio.

No es necesario recurrir a las hemerotecas, porque está en la memoria colectiva reciente, para recordar que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió, pasara lo que pasara, a mantener e incluso incrementar el gasto social.

Es posible que Zapatero fuera económicamente un ingenuo o que simplemente sea un inepto incompetente. Lo cierto es que las medidas ultraliberales básicas, convertidas en la nueva biblia de la economía, para afrontar la crisis son las que son: recorte del gasto público, reforma laboral para reducir la protección social, traslación de recursos al sector financiero, incremento de la recaudación pública y nuevas transferencias del ámbito público al privado. Rodríguez Zapatero, tras fracasar estrepitosamente a la hora de gestionar la crisis, presionado tanto por la UE como por los EEUU, ha aceptado que ese es el camino.

La primera escenificación del cambio ha sido el paquete de medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero el doce de mayo en el Congreso. Nadie puede ignorar que España necesita recortar su gasto público y que para ello son necesarias medidas radicales. En el caso español el recorte es aún más necesario y urgente, porque durante cuatro años no se ha hecho más que incrementar el gasto. Casi se podría parafrasear a Beltor Brecht recordando que cuando se anunció y se puso en práctica la absurda idea de regalar un ordenador a cada alumno (aunque después se recortara) muchos fueron los que aplaudieron; cuando se gastaban riadas de millones en “memoria histórica” muchos estaban encantados; cuando se abonaban cientos de millones a los sindicatos pocos protestaban; cuando tantos y tantos se enriquecen con los mil y un chanchullos, con las subvenciones se prefiere mirar para otro lado… Primero nos subieron los impuestos y ahora…

Desde el principio la receta del gobierno, la única receta del gobierno, para hacer frente a la crisis ha sido meter mano al bolsillo de los españoles. Primero indirectamente, a través de la subida de impuestos (que también han practicado los Ayuntamientos de todos los colores); ahora directamente recortando los sueldos de los funcionarios (varios millones de españoles catalogados como clase media), congelando las pensiones y reduciendo el denominado “gasto social”. El recorte era obligado pero la decisión sobre dónde recortar corresponde a la clase política.

No es cierto, como se va a querer hacer creer, que esa fuera la única opción. Un recorte similar se podría haber hecho poniendo punto y final al sostenimiento público de partidos y sindicatos; reduciendo el aparato político gubernativo (nacional, autonómico y local); acabando con las subvenciones a las organizaciones parapolíticas disfrazadas de ONG, fundaciones, asociaciones, etcétera, y, sobre todo, reformando a fondo el Estado de las Autonomías, cambiando radicalmente el sistema de financiación, reduciendo competencias y capacidad de gasto. Por ahí es por donde se debería haber empezado y no por el bolsillo de los ciudadanos.

Esa es la solución y no recurrir al lamento plañidero de “hoy nos propone medidas que rechazó en nuestra reciente reunión” o pedir, para que me aplaudan, elecciones anticipadas. Ahora lo que tienen que hacer todos es explicarnos, con los números en la mano para no ocultarse bajo la propuesta más o menos demagógica, cuál es su propuesta y, sobre todo, si están dispuestos a poner fin al talón de Aquiles de nuestra economía: las Autonomías. Un Estado carísimo que no podemos sostener y que acaba siendo profundamente antisocial. Pero, tengo la impresión, que la clase política, tal y como ha resuelto Zapatero, prefiere que paguen los españoles, que paguemos todos su particular modo de vivir.

A muchos, por lejano, les debe sonar a cuento del abuelo aquello del “oro de Moscú”, lo que ya no resultaría tan extraño, si se terciara, sería hablar del “oro sindical”. No vayan ustedes a pensar que se trata de un caso más de memoria histórica puesto en marcha por el inefable juez Garzón. Nada más lejos de la realidad.

El “oro sindical” es en realidad el maná que año tras año reciben los sindicatos de las administraciones públicas. La Gaceta ha publicado que en el 2009 los sindicatos, fundamentalmente UGT y CCOO, recibieron del gobierno, en plena crisis, la friolera de 192 millones de euros. Varios miles de millones de las antiguas pesetas.

Tengo la impresión que, dada la opacidad de las cifras y la ausencia de control económico con la que actúan los sindicatos, el monto total de lo que nos cuesta a los españoles mantener anualmente la nueva organización sindical del gobierno es desorbitadamente superior.

Que los sindicatos viven de las cuentas públicas y no de las cuotas de sus afiliados es algo que nadie desconoce. Que los sindicatos reciben generosas subvenciones es un hecho. Sin embargo, lo que los sindicatos realmente perciben es un misterio. Los sindicatos, fundamentalmente UGT y CCOO, reciben subvenciones directas de los gobiernos autonómicos y municipales; cuentan con asociaciones que también hacen caja; sus liberados son mantenidos por el estado; tienen la bicoca de los planes de formación… Centenas de millones a los que se añaden las recurrentes dádivas por un inexistente y amortizado patrimonio sindical incautado por Franco. De hecho, los primeros beneficiados económicamente de la nueva ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero han sido los sindicatos, que ya han cobrado por lo mismo al menos en tres ocasiones.

Los sindicatos, como tantas otras cosas, nos cuestan a los españoles un sinfín de euros. Viven a costa de todos los españoles sin rendir cuentas a nadie. Un sindicato que cobra del gobierno, que vive del gobierno, difícilmente puede ser calificado de sindicato a secas. El título que mejor le cuadra es el de “sindicato amarillo”, porque el dinero sirve para comprar voluntades y ningún autotitulado sindicalista está dispuesto a perder su subvención.

El gobierno, que ha prometido en reiteradas ocasiones recortar el gasto público, no sólo no ha reducido las subvenciones a los sindicatos sino que las ha incrementado. La razón de ello se nos antoja sencilla: es el precio a pagar por el apoyo sindical.

Parece que lo estaban esperando. En cuanto Rodríguez Zapatero ha dicho que estamos al final de la recesión, que el número de parados ha tocado techo, que no crecerá más, sus señorías, en este caso los senadores, han dicho es el momento de gastar más y crear empleo.

Suena a chiste que, casi en la misma página, los periódicos anuncien a tres columnas que el gobierno va a reducir el número de altos cargos para ahorrar (treinta de una larguísima nómina) y al mismo tiempo rotulen que el Senado ha dado luz verde a la posibilidad de que se utilicen en la alta Cámara todas las lenguas españolas (lo de españolas lo pongo yo de mi cosecha particular porque a un nacionalista le provocaría un importante y doloroso salpullido).

Dejemos a un lado el sonrojo y el chiste de ver a los dignísimos representantes de la nación provistos de auriculares, cual si fueran las Naciones Unidas, para entender lo que unos y otros peroran en gallego, vasco, bable… ¡Ridículo! Lo más sorprendente es que sus señorías, en estos momentos, no hayan reparado, o quizás sí, en el gasto que la implementación de esta medida supondrá. Traductores simultáneos, impresión de documentos en varias lenguas… Una nadería que costará algo más de un millón de euros, casi doscientos millones de las antiguas pesetas.

Sus Señorías acaban de dar un ejemplo más de lo que ellos entienden por reducir el gasto público, por combatir la crisis. Eso sí, siempre podrán argumentar que van a crear varios puestos de trabajo por lo que el paro descenderá y el presidente del gobierno tendrá razón al afirmar que éste ha tocado techo. Seguro que algunos “primos” o “neoprimos” ya están preparando el concurso-oposición para entrar como flamante traductor en el Senado.

A los españoles se nos ha dicho que toca sacrificarse, apretarse el cinturón, exprimir los ahorros y conformarse con la congelación o la baja salarial si no se quiere acabar en el paro. También se anuncian reformas laborales que, en definitiva, se reducen a rebajar los días de indemnización para abaratar el despido y fomentar la temporalidad, e incluso se especula con la reducción salarial y de jornada como remedio a la pérdida masiva de puestos de trabajo. Propuestas económicas de raíz conservadora que contradicen el señuelo izquierdista de la “imaginación al poder”.

El presidente del Congreso, sobre el que pende la duda de su fortuna, intenta una y otra vez mejorar la imagen de unos políticos que a menudo sufren la “injusta” acusación de tener una posición económica privilegiada. Para contrarrestar esa imagen se nos dice que tenemos la clase política más barata de nuestro entorno ya que sus salarios son muy bajos. Es posible, pero de lo que no se habla son de las “bicocas” y “bagatelas” de sus señorías que ayudan a estirar sus nóminas. ¿Demagogia?

Son varios los casos de señorías que entraron en política con un título universitario, o sin él, sin oficio reconocido, y acabarán siendo ricos. Cualquier ciudadano lo sería si cobrara unos 300.000 euros al año y tuviera garantizada una estupenda pensión. Un ejemplo ilustrativo es el de Leire Pajín. No sé si serán exactos los datos pero la primera en desmentirlo debiera ser la propia interesada.

En estos tiempos de crisis, cuando se piden esfuerzos y se anuncian congelaciones, cuando muchos españoles no sólo pierden el empleo sino también la casa, resulta que doña Leire Pajín, cuyo currículo profesional es producto de la ascensión digital en el escalafón socialista, cobra un dineral.

En números redondos: 5.500 euros por ser senadora; 6.500 euros por ejercer de secretaria de organización del PSOE; otros 7.000 euros de indemnización por haber dejado de ser Secretaria de Estado para que le ayude a no perder estatus y dignidad. A ello se le suman las dietas, algo más de 1.700 euros. Al mes, Leire Pajín, socialista por más señas, ingresa algo más de 20.000 euros en su cuenta de ahorro. Es decir, en un mes se embolsa dos veces y media el salario mínimo anual que cobran muchos españoles. No está nada mal para una de las gestoras de un país que pronto tendrá cinco millones de parados. En otra empresa la hubiera despedido sin indemnización por baja productividad.

Esta es la pregunta que me asalta al revisar el acuerdo adoptado entre el gobierno, la oposición y las Comunidades Autónomas en materia sanitaria. Probablemente los firmantes no hayan medido bien el alcance de lo que han hecho, el significado del consenso alcanzado. Tal y como ha anunciado la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez -estrella recuperada para la galaxia zapaterista- se ha puesto en marcha un plan para conseguir un ahorro general en la onerosa factura farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Sistema en el que en teoría están integrados los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas.

El acuerdo, lógicamente, ha cosechado un aplauso casi tan genérico como los medicamentos que ahora pagará un sistema sanitario. Un modelo que cada vez se distancia más del propósito y el objetivo de Seguridad Social con los que fue puesto en marcha durante el régimen franquista. En lo que nadie ha reparado, o nadie ha querido reparar, por lo que entraña, es en el reconocimiento implícito a la ineficacia de gestión y administración que conlleva el Estado de las Autonomías. El acuerdo se ha firmado, única y exclusivamente, en razón del estado de quiebra técnica en que se encuentran la mayoría de los sistemas sanitarios autonómicos. Quiebra técnica generada por el error que supone tener una administración dividida en diecisiete administraciones independientes sin orden ni igualdad.

El Sistema Nacional de Salud se ha convertido en una caja de gastos sin fondo acrecentada por la transferencia de las competencias a las Autonomías. Esto era asumible cuando la bonanza económica servía para cubrir la ineficacia, pero se ha tornado inasumible en estos tiempos de crisis en los que es fundamental el ahorro en la administración pública. Las Comunidades Autónoma, y ésta es una de las razones de su quiebra, han utilizado sus sistemas sanitarios más como elementos de propaganda que de atención al ciudadano. Se aseguraba que la transferencia de las competencias sanitarias, que deberían ser monopolio del Estado, redundaría en una mejora cualitativa notable del servicio. La prueba física era el desarrollo de nuevas infraestructura sanitarias. Pero el desarrollo de la nueva red de centros, de atención primaria y preventiva, continuadora del modelo anterior, adaptada a los cambios sociales de los últimos veinticinco años, no es en realidad producto de las administraciones autonómicas, no es resultado directo de su gestión. Los efectos reales de la autonomización de la sanidad son: pérdida de calidad en el servicio; menor credibilidad entre los ciudadanos; desigualdad en la atención; trucos estadísticos para cubrir las famosas listas de espera; ratios insuficientes de personal y camas… Todo ello consecuencia directa de una nefasta gestión.

También han reconocido los firmantes del acuerdo, gobierno, oposición y Comunidades Autónomas, que los gastos acaban con el sistema. De ahí que hayan planteado la necesidad de desandar el camino, de que se produzca una igualación salarial, de reducir las facturas de material, de suministros mediante la adquisición de éstos a nivel nacional y no en circunscripción autonómica o incluso menor.

A tenor de todo ello, teniendo en cuenta este reconocimiento implícito de la inoperancia autonómica, la solución al mal, para salvar el Sistema Nacional de Salud, sin que lo paguen los ciudadanos que es la solución fácil y preferida de la casta política, lo que es necesario, es que el Estado recupere esas competencias. Y punto.

Algunos pueden creer que por motivo de la caída del Antiguo Régimen, el desarrollo de las revoluciones liberales, con su componente laicista, y la transmutación del liberalismo en democracia dejó de existir la medieval alianza entre el “trono y el altar”. No es cierto. Aún pervive con otras formas en diversos países. Es más, en la mayor parte del mundo occidental, el trono, que hoy encarna el poder político, busca mantener una cierta alianza visual con el altar y éste actúa siendo consciente de esta realidad. Así pues la alianza entre el “trono y el altar” imponía servicios contractuales indeclinables que en su versión actual también se prestan.

Un episodio claro de esta pervivencia es lo que está aconteciendo con la modificación de la Ley del aborto. Desde hoy ya no existen, en la práctica, dos leyes del aborto: la que parecía que obtenía una cierta legitimidad por ausencia de oposición y escasa movilización de quienes están en contra de cualquier forma de aborto (aceptada en la práctica por muchísimos católicos) y la propuesta socialista. El debate, a partir de ahora, una vez que la ley ha superado el trámite parlamentario, vuelve a ser sobre la existencia de la ley del aborto y no sobre una ley concreta. El objetivo para quienes se denominan pro-vida ya no puede ser parar una ley. El objetivo tiene que ser abolir cualquier legislación abortista, frente a quienes van a argumentar que ahora lo que se debe hacer es modificar la ley. Modificación que siempre implica el mantenimiento de la ley.

Con buen criterio se planteó la posibilidad de bloquear la Ley y crear una situación inédita, presionando para que el rey, que tiene por título Majestad Católica, no la firmara. Presión que sólo tenía alguna viabilidad si se le excluía, como a los políticos católicos que dieran su voto afirmativo, de la Comunión. En la lógica común si un político católico no puede comulgar por firmar esta Ley en igual situación se encontraría quien, en última instancia, es responsable de su sanción. Sin darse cuenta los obispos colocaron al rey en una situación comprometida con sus declaraciones.

Dejando a un lado la incoherencia que supone afirmar que no pueden comulgar aquellos que den el Sí a esta ley sin aplicarlo a los que dieron su Sí a la ley anterior o no han hecho nada, cuando pudieron, por derogarla, que ni tan siquiera estimaron posible aplicarla en sentido restrictivo prefiriendo que se aplicara con laxitud, los obispos, con su declaración llevaron al debate la posición del rey ante la ley. Lo que quizás no entraba en el guión es que se pusiera en marcha una campaña para pedir al Jefe del Estado que no sancionara la ley.

En esta coyuntura, debido a la incoherencia, han tenido que ser los obispos, por boca de su portavoz, quienes tengan que sacar al Jefe del Estado del atolladero y desactivar una de las bases del “Majestad, no firme”. La versión moderna de la alianza entre el “trono y el altar” ha funcionado con un razonamiento típico y tópico de las distinciones de los hechos en las declaraciones políticas de los hombres de la Iglesia: no es el mismo hecho el voto afirmativo que la sanción. El rey, su Majestad Católica, podrá comulgar a pesar de firmar la ley.

Es lo lógico, y no podía ser de otra manera, porque el rey firmó también la anterior Ley sin que la Conferencia Episcopal se pronunciara. Si el Jefe del Estado firmó la anterior Ley del aborto y pudo comulgar no cabe ahora sostener lo contrario. Mantenerlo supondría considerar la anterior Ley como aceptable y la actual como inaceptable, cuando la Vida es para los católicos un absoluto. Éste es el precio que se paga por la incoherencia.

Salvando las distancias es el mismo razonamiento que aplicará el Tribunal Constitucional en el caso de que se presente el recurso que el Partido Popular anuncia (recordemos que hizo lo mismo con la propuesta de 1983 que acabó siendo la Ley del 85): la actual Ley tampoco es una despenalización absoluta por lo que se continúa protegiendo al nasciturus y, por tanto, tiene cabida dentro de la Constitución de 1978. Y a partir de ahí todos a aceptarla y, llegado el caso, a defenderla como hoy hace el Partido Popular con la de 1985.

Por todo ello el votante católico socialista y el político católico socialista, que son una realidad, no entiende por qué en un caso Sí y en otro No. Y por eso encontrarán todas las justificaciones necesarias.