Francisco Torres

Todos los ejércitos del mundo rinden honor a sus caídos, especialmente a aquellos que dieron su vida en acto de servicio y merecieron por su acción las más altas condecoraciones. En todos los países del mundo se reconoce esa entrega generosa, independientemente de la razón o la sinrazón de la contienda en la que participarán. Incluso muchos ejércitos son capaces de rendir similar tributo a los enemigos que realizaron gestas sublimes de entrega.

Estos héroes son modelos de una milicia que aún rinde culto a una profesión considerada como de hombres honrados y preñada de virtudes. De ahí que en todos los cuarteles y centros militares del mundo se rinda tributo a estos hombres a través del nomenclator de los acuartelamientos, de las calles y plazas de los acuartelamientos y academias, de la denominación de las unidades, etcétera.

Carmen Chacón, a la sazón Ministra de Defensa, ejecutora de la “venganza histórica” impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido limpiar el ejército español de héroes. Estas Navidades la Jefatura del Estado Mayor remitió a todas las unidades una orden con un anexo para la inmediata retirada, en aplicación de la “Ley de la Memoria Histórica”, de cualquier referencia a una larga lista de militares y acciones de guerra. Leyéndola es evidente que de lo que se trata, más allá de las consideraciones políticas en las que se ampara la Ministra, es de borrar de la memoria militar una concepción del heroísmo, ya que resulta difícil de creer que Carmen Chacón, rodeada de asesores militares con estrellas, no haya reparado en el hecho de que esos nombres recibieron las condecoraciones, que les hacen acreedores del recuerdo, no por haber participado en esta o en aquella guerra; las recibieron por haber realizado una acción de carácter heroico; muchas veces por dar la vida para salvar a otros.

Venganza e injusticia histórica parecen ser los verdaderos móviles que han impulsado a los redactores de la lista negra de la Ministra. Lista que sólo ha podido ser elaborada por el propio Ejército, ya que la significación de muchos de esos nombres es escasamente conocida fuera de los centros militares.

Sólo voy a traer un caso para ejemplificar la injusticia y la venganza con la que han procedido tanto la Ministra como sus asesores. En el Acuartelamiento Cervantes, situado en Granada, existía una calle dedicada al soldado -¡Sí, a un soldado!- Antonio Ponte Anido. Éste muchacho, en medio de un combate durísimo, donde la mayor parte de sus compañeros habían caído, herido, vio como un tanque de 38 toneladas se dirigía hacia el puesto de socorro. Poco antes los mismos tanques habían atacado un hospitalillo y hecho saltar por los aires una ambulancia en la que se trataba de evacuar a dieciséis soldados heridos que murieron en el acto. Pertenecía Antonio Ponte a una unidad de zapadores, conocía perfectamente el funcionamiento de una mina antitanque. El acorazado ya situaba su cañón en línea de tiro con el puesto de socorro. Antonio no lo pensó, agarró su mina, se lanza a las cadenas, único lugar vulnerable, y vuela el tanque perdiendo la vida; algo de lo que él era consciente. Era muy joven. Por esta acción, en 1944, se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración del Ejército español. Su único pecado, el que le ha condenado a perder esa calle en el acuartelamiento, es que murió en Rusia, en la batalla de Krasny Bor, enrolado en la denominada División Azul. Unidad del Ejército español enviada al frente al servicio de la política nacional de entonces.

Naturalmente, desde el mundo de la milicia, no ha habido ni una protesta, ni una salida de tono. Pero alguien debería contestar a la pregunta que un soldado cualquiera, como Antonio Ponte, pudiera realizar a sus superiores sobre el recuerdo que se debe rendir en las filas militares a quienes dieron la vida por la Patria.

El Jefe del Estado, Capitán General de los Ejércitos, Jefe de la Real y Militar Orden de San Fernando debería exigir que se reparara la injusticia cometida con un soldado.

Asistimos, no sin cierto asombro, a la controversia suscitada en torno a la situación de la lucha antiterrorista y la utilización política de la misma. En el epicentro de la misma, como de costumbre, se sitúan las declaraciones de Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Algunos medios han acusado al ministro prácticamente de inventarse una alerta antiterrorista mediática al anunciar, a finales de año, que ETA estaba preparando un importante atentado, hablando más tarde de una red de secuestros.

No goza el Ministro del Interior, para mí al menos, de una extensa credibilidad. Que Pérez Rubalcaba no diga la verdad no quiere decir que tras sus palabras no exista una verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba es un experto a la hora de no decir toda la verdad o de agarrarse sólo a aquella parte que de verdad tienen las cosas. Sus palabras siempre tienen una doble lectura: la aparente y la real. En estos momentos y en este tema creo, sinceramente, que a muchos lo que, en esta ocasión les ha cegado ha sido la indisimulada aversión que el personaje despierta, por lo que las hojas no les han dejado ver el bosque.

Externamente, de cara a la opinión pública, lo que ha hecho Pérez Rubalcaba es aplicarse la cura antes de sufrir la herida. Que existía y persiste el riesgo de que ETA aproveche la presidencia española de turno de la UE para cometer un atentado no es algo que no esté previsto en el manual antiterrorista, es casi lógico. Nada irritaría más a Rodríguez Zapatero que un atentado que empañara su propagandística presidencia. Pérez Rubalcaba lo que ha hecho es sobredimensionar esa posibilidad para paliar los efectos negativos de un posible atentado.

Esa sería la primera explicación. La segunda obedece a un planteamiento de mayor alcance. El gobierno quiere reducir al mínimo el desgaste que está sufriendo y una ofensiva de la banda podría precipitar una ruptura sociológica electoral que todavía no se ha producido. En este tema el objetivo asignado a Interior es evitarlo. En este sentido las declaraciones de Pérez Rubalcaba tendrían como receptor último a los propios terroristas. Primero les advierte sobre el conocimiento que el gobierno tiene de sus posibles movimientos; después se procede a las detenciones y finalmente se vuelve advertir a los terroristas de que se les puede neutralizar de forma inmediata. Todo ello, además, dentro de un marco coyuntural en el que queda el origen de aquella filtración que impidió la detención de etarras durante la tregua, y en el momento en el que el entorno político de ETA se encuentra claramente fraccionado entre los que apoyan a la banda y los que desean que se inicie el proceso de abandono de la lucha armada y pacto con el gobierno. Nada sería tan grato al gobierno como esto último y Pérez Rubalcaba lo que está haciendo es poner su granito de arena.

Son muchos los que han acusado a Mariano Rajoy de falta de concreción a la hora de precisar cuáles son las medidas económicas que el PP aplicaría para impulsar la recuperación económica. El presidente del gobierno, sin gran fortuna, ha retado en diversas ocasiones al líder de la oposición a que explique y haga propuestas en ese sentido.

El Partido Popular, por su parte, ha optado siempre por el camino sencillo de la crítica a la gestión económica del gobierno y el silencio a la hora de precisar sus medidas. Esto ha hecho que si bien la desconfianza en el gobierno y en Rodríguez Zapatero no ha hecho más que aumentar, tanto en los ámbitos nacionales como en los internacionales, no se genere el lógico clima de confianza en torno a la alternativa popular.

Mariano Rajoy, aparentemente, ha decidido romper su silencio a través del diario El Mundo. Este medio, sobrevalorando el contenido sus palabras, ha presentado sus declaraciones como “sus recetas” para salir de la crisis; buscando, para ilustrar la entrevista, la imagen efectista de Mariano ante una oficina del INEM con su respectiva cola de parados. ¿Y qué es lo que ha dicho Mariano? Pues muy poco, pero lo suficiente para dar titulares y píldoras mágicas. Muchas obviedades y pocas concreciones; más propaganda que realidades. De ahí que el diario haya titulado a cinco columnas la entrevista con una frase del líder popular: “Cuando gobierne bajará el paro”. Una obviedad porque, evidentemente, cuando Mariano llegue a gobernar, si es que llega, en el 2014, por poco que mejore la situación, el paro entrará en una curva descendente.

Mariano Rajoy estima, con razón, que la base de por qué España no ha iniciado la recuperación económica estriba en el fuerte déficit exterior, en el endeudamiento y en la falta de reformas. Pero este es un dictamen, aceptando la necesidad de ser sintético, que cualquiera, incluido Rodríguez Zapatero, asume. ¿Qué es lo que propone Mariano Rajoy en esos ámbitos?

Nos dice el presidente popular que la solución estriba en modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no nos precisa en qué sentido. Prescindiendo de que creer que la economía mejora modificando una ley es mucho creer.

Nos dice el presidente popular que la solución estriba en controlar el gasto público. Y son importantes las palabras que un político escoge porque ellas nos dan la clave de su pensamiento: Mariano quiere controlar y no recortar. Lo que no nos dice el presidente del Partido Popular es dónde piensa controlar. Nos indica, eso sí, que es preciso que ese control del gasto se produzca tanto en la administración nacional como en los ayuntamientos y Comunidades, pero he ahí que las administraciones populares no dan ejemplo de austeridad. Lo que Mariano tendría que indicar es que no se puede mantener el sistema autonómico y que no es posible mantener una norma de financiación de las Comunidades Autónomas que en sí misma impide racionalizar el gasto y la inversión ya que sus nuevos estatutos, pactados entre PSOE y PP, imponen condicionantes a la hora de fijar la financiación.

Nos sorprende el presidente del Partido Popular con su nueva posición en lo referente a los impuestos. Mariano hace ahora encaje de bolillos para conjugar la cantinela habitual del PP de que ellos bajarán los impuestos y de que con impuestos bajos se crece con la decisión de aplazar cualquier rebaja general de impuestos hasta que no cambie el signo de la economía. Mariano secunda -¡sí, secunda!- al gobierno al anunciar que no bajará el IRPF. Anuncia, como titular y compensación, que bajará el IVA pero en la explicación esta bajada, se sobreentiende que a partir de la subida del gobierno, sólo sería para determinados sectores (turismo, a las pequeñas obras…). Su bajada de impuestos quedaría limitada al Impuesto de Sociedades y a determinadas cotizaciones sociales. Así pues el PP ya no bajará los impuestos y parece adherirse a la tendencia socialista de esquilmar el bolsillo de los ciudadanos que pagan: fundamentalmente las clases medias.

Y aún le queda una sorpresa a Mariano. Dice el líder popular que es necesaria una reforma laboral, que él es partidario de que se hable pero que a él no le corresponde hacer una propuesta concreta. ¡Sorprendente, el PP no tiene por qué explicar su posición en un tema importante! Todo lo más que anuncia es la creación de un nuevo tipo de contrato de trabajo en el que se reduzca la indemnización por despido a cambio de mayor estabilidad. Lo que es tanto como no decir nada.

Mariano habla de la necesidad de reformas estructurales pero no entra en ellas. En su dictamen sobre los problemas de España olvida que a esta situación se ha llegado, además de por todo lo que se ha dicho, porque no se afrontaron en los tiempos de crecimiento las necesarias reformas estructurales. Se prefirió el camino fácil de crecer sobre el ladrillo, la especulación y un consumo desaforado. Lo que España debe hacer, en estos momentos, es impulsar un cambio de modelo productivo implementando medidas que, lógicamente, necesitarán tiempo para dar fruto pero, que nos darán la estabilidad necesaria para mantener la riqueza en las próximas décadas, pero de eso ni unos ni otros hablan.

La mal llamada “memoria histórica” nos recuerda que el actual sistema electoral fue el resultado de la decisión de los artífices de la Transición. El consenso entre el centroderecha y el socialismo alumbró un sistema de representación proporcional corregido siempre en beneficio del partido mayoritario. Ambos, PP (UCD+AP) y PSOE, defendieron y defienden esta opción porque cada uno entendía que beneficiaba a su posición: el centroderecha porque entonces tenía un voto que superaba el 45% y el socialismo porque estimaba que pausadamente se produciría una inversión de la tendencia. Como se ha visto ambos tenían razón.

La justificación a la que se recurrió para establecer un sistema electoral que indefectiblemente conduciría a la creación de un bipartidismo, denominado imperfecto, que acabaría con la voz de las minorías, fue, curiosamente, el nefasto ejemplo de la atomización de las cortes republicanas que hoy tanto se reivindican.

Siendo evidente el déficit democrático que el sistema electoral español presenta, sin entrar en el funcionamiento de los partidos y en el modo en que se conforman las listas electorales, junto con la existencia de facto del mandato imperativo que supone la disciplina de voto, pese a estar expresamente prohibido por la Constitución, desde hace dos décadas se habla de la necesidad de reformar el sistema electoral. Es una propuesta que teóricamente asumen tanto PP como PSOE pero que jamás concretizan. Entre otras razones porque una vez en el poder el sistema electoral, teóricamente, favorece la permanencia en el mismo a través del clientelismo (político, mediático, control de organizaciones que aparentemente son producto de la sociedad civil…); lo que es claramente visible en algunas Comunidades Autónomas y en muchos Ayuntamientos.

Cada vez que los partidos mayoritarios, PP o PSOE, han intervenido en la legislación del sistema electoral lo han hecho para acrecentar el bipartidismo y reducir la voz de las minorías. En algunas autonomías uniprovinciales se han establecido distritos para así conseguir que, en la práctica, sólo PP o PSOE puedan obtener representación; también se han establecido caprichosos límites porcentuales para desanimar la presencia de otras opciones para corregir la aplicación estricta de la regla matemática que rige la imputación de representantes a las fuerzas políticas.

En los últimos años se ha extendido la idea de que es necesario reformar el sistema para acabar con el peso de los nacionalistas elevando los techos porcentuales nacionales, pero se trata de una propuesta que no ha prosperado, que es dudosamente constitucional en los términos planteados. Si tan preocupados están, PP y PSOE, por el peso político del nacionalismo sería suficiente que ambos acordaran prescindir de sus votos. Ese día acababa el problema nacionalista. Pero ambos prefieren utilizarlo como justificación y pactar con los nacionalistas.

La propuesta que tienen en mente, tanto PP como PSOE, es la de aproximarnos al modelo británico. Bono la ha expuesto como una novedad y con una aparente y falsa valentía en EL MUNDO, como si fuera el verso suelto del PSOE, cuando en realidad se lleva tiempo trabajando en ello en ambos partidos.

¿En qué consiste la propuesta de reforma? En la utilización de los distritos uninominales en los que sólo resulta elegido un diputado por sistema mayoritario a una o dos vueltas. Aparentemente, con ello, se reduce el poder del partido porque el diputado dependerá más del elector. Dejando a un lado que es muy dudoso que el partido no controle la designación de candidatos, aunque ahora tendría que preocuparse por los nombres de toda la lista y no sólo por el cabeza de cartel y la sigla, lo que sin duda obligaría a ser más cuidadoso con los diputados paracaidistas y los paniaguados, este modelo lo único que haría sería contribuir a la conversión definitiva del sistema español en bipartidista absoluto reduciendo aún más el valor del voto del ciudadano y las posibilidades de la existencia de un pluralismo efectivo. Aún cuando como migajas se hable de unos cuantos diputados elegidos en lista nacional que a duras penas si permitiría que irrumpieran en el Parlamento dos o tres partidos. Representación que probablemente desaparecería con el tiempo o sufriría los típicos efectos tobogán que se dan en Inglaterra o Francia. Un sistema que en ningún modo supondrá la proscripción de los nacionalistas, ya que probablemente, sobre todo en el caso de los catalanes, hasta permitiría incrementar su representación.

La propuesta de Bono, que es una opción que se estudia en los ámbitos populares y socialistas, secundada ingenuamente desde algunos ámbitos externos, no va a contribuir ni a regenerar democráticamente el sistema, ni a dar más poder al ciudadano, ni a permitir la expresión de las minorías, ni a reducir el poder de los aparatos de los partidos. Al contrario la aparición de los distritos uninominales contribuirá a reforzar aún más el bipartidismo y a reducir la participación del ciudadano en la vida pública. Lo que pasa es que tanto en el PP como en el PSOE andan haciendo las cuentas para saber cuántos diputados más conseguirían y si ello les conviene.