Francisco Torres

He aquí que lo que no debería ser noticia debiera convertirse en portada mediática: los sindicatos anuncian que van a salir a la calle. No está mal. Casi dos años de crisis, un paro que se aproxima al 20% y una subida de impuestos que va a perjudicar gravemente a los trabajadores de rentas más bajas parecen motivos más que justificados para salir a la calle. Han tardado, pero por fin se han decidido. Los sindicatos van a protestar. Toda una noticia.

Hace mucho que Rodríguez Zapatero temía la rebelión sindical. No en vano la revuelta de los sindicatos, con una reiterada convocatoria de huelga general, contribuyó a convertir en un cadáver político al anterior inquilino socialista de La Moncloa, Felipe González. Cierto es que los sindicatos en España son cualquier cosa menos independientes; que, en buena medida, viven de la subvención pública y que Rodríguez Zapatero los “ha mimado” para tenerlos a su lado. Pero no es menos cierto que si los sindicatos continuaban empeñándose en mantener su apoyo cerrado al gobierno y si no, al menos, su silencio, su relativa credibilidad se desmoronaría. Rodríguez Zapatero había conseguido de momento la “tormenta perfecta”, una crisis sin protesta social capaz de contener la indignación con las promesas y las palabras.

En este último año se ha promocionado, con especial fruición, la idea de que la crisis cedería, como por arte de magia, si se hacía una reedición adaptada de los célebres Pactos de la Moncloa: el consenso total entre partidos, gobierno, sindicatos y empresarios. Pactos que José Luis Rodríguez Zapatero contempla como unas nuevas “abdicaciones de Bayona”, todos delegarán en él y él decidirá después que es lo bueno para la economía española. Ni los sindicatos ni, por supuesto, los empresarios están dispuestos a llegar hasta ahí.

No sé si consciente o inconscientemente, pretendiéndolo o sin pretenderlo, José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido desviar cualquier tipo de protesta social abriendo espitas para la protesta para que ésta no se dirija contra el gobierno o contra su gestión de la crisis. Encantado con el radicalismo verbal reivindicativo del pasado al que tanto recurre ha encontrado un nuevo enemigo: los insolidarios empresarios

Los sindicatos, por otra parte, han recogido el guante y anuncian movilizaciones contra los empresarios como si el gobierno nada tuviera que ver con la crisis. ¡Casi nada! Los sindicatos, en un país con un paro que se acerca al 20%, saldrán a la calle a protestar contra aquellos que pueden crear empleo y que son tan víctimas como los trabajadores de la incapacidad y la inutilidad del gobierno; que padecen y sufren la nulidad de los ministros y ministras, de Salgado, Sebastián, Corbacho, Garmendia… Es el peaje que se tiene que pagar cuando se vive de la subvención y el rojo se convierte en pálido amarillo.

No creo escandalizar a nadie si afirmo que la cuestión del aborto, y por ende la Defensa de la Vida, por más que esté presente en el debate público desde hace algunos años, por más que haya adquirido un cierto peso específico en el mismo, en realidad, a la hora de la verdad no entraña coste político alguno para los dos grandes partidos, para el PP y para el PSOE.

La oposición, desde un plano estrictamente teórico, al aborto en España es común a una parte importante de la sociedad española. Ahora bien, no es menos cierto que esa oposición y la lucha por la Vida, que en abstracto comparten tantos, en la que un número importante de españoles milita, no influye para nada a la hora de participar o militar en política. Sólo en una minoría ínfima, inapreciable, de electores el posicionamiento de los partidos ante el aborto es decisorio a la hora de escoger, pese a que estamos hablando del primero de los derechos fundamentales, el derecho a nacer.

Son numerosísimos los españoles que, desde posicionamientos teóricos, se oponen al aborto, que llegado el momento se movilizan y salen a la calle, pero esos mismos españoles prescinden, llegado el momento de votar, de esa cuestión. Y entre ellos es necesario incluir, porque no hacerlo sería un ejercicio de hipocresía, a las centenas de miles de religiosos o miembros de comunidades cristianas, de católicos practicantes, para los que teóricamente la Defensa de la Vida constituye, tal y como señala Benedicto XVI, un principio innegociable. La justificación de tal comportamiento reside en la tesis de que no estamos ante una lucha política, ante una cuestión política; que, en todo caso, estamos ante un problema social contra el que debe lucharse desde la sociedad civil. Ese ha sido el marco de actuación de las diversas asociaciones provida desde la legalización del aborto en España en 1985.

Esta despolitización del tema del aborto, entendida como no contemplado o incluso en el debate político, es la que ha contribuido, durante décadas, a su marginación por parte de los partidos. Que esto es así lo revelan las manifestaciones de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, coincidiendo en ello con la ministra socialista Trinidad Jiménez, afirmando hace unas semanas que lo que estaba en debate era la reforma de la ley propuesta por el PSOE pero que el debate ya no era “aborto sí o aborto no”. En este sentido el discurso de populares y socialistas es coincidente: el aborto cabe dentro de la Constitución, con lo que es perfectamente admisible, porque no se ha producido una despenalización absoluta del mismo, por lo que se protege también al nasciturus. De ahí que, sin el menor rubor, ambos partidos puedan afirmar que defienden la Vida, y ambos partidos puedan ser apoyados y votados por los católicos. De ahí que, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica recomienda que no se vote a quienes no defiendan la Vida nadie, ni candidatos ni electores, se da realmente por aludido. Los votantes populares comparten con los dirigentes del PP la idea de que con la actual ley del aborto se defiende la Vida y los votantes socialistas piensan absolutamente lo mismo.

Hoy tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son partidos partidarios del aborto. Ni más ni menos. El PP defiende la actual ley, la que ha conseguido que cada año sean abortados más de cien mil niños, y nunca se planteó su derogación. Nunca la derogación de la ley del aborto se incluyó en el programa del Partido Popular. Ni con Fraga, ni con Hernández Mancha, ni con Aznar, ni con Rajoy. Y nunca se sintió incomodado por movimientos pro-vida entre cuyos miembros destacados figuraban hombres y mujeres del PP.

El PSOE hoy propone sustituir la ley vigente por una de las denominadas de plazos. Constitucionalmente, salvo que la nueva ley reconociera explícitamente el aborto como un derecho, también la nueva propuesta socialista entraría dentro de la doctrina del constitucional, al no producirse una despenalización completa del aborto y por tanto, de algún modo, continuaría existiendo una protección del nasciturus; lo que además entraría dentro del concepto moderno de “viabilidad de la vida”, porque científicamente no es ya posible obviar que existe vida desde el momento de la concepción, que se propone desde la ONU para conciliar la Declaración de Derechos del hombre con la existencia de las leyes abortistas.

La reciente manifestación madrileña ha mostrado en todos su dramatismo las complejidades del denominado “movimiento provida” en España. En el mismo es posible distinguir entre los “abolicionistas” y los “posibilistas”. Durante treinta años, desde la aprobación de la anterior ley, controlado y reconducido por la doctrina del “consenso social sobre la actual ley del aborto” grata al Partido Popular y a muchos sectores católicos, el movimiento contra el aborto ha sido posibilista e invisible socialmente. Es el incremento escandaloso de las cifras, especialmente a partir de los gobiernos del señor Aznar, quien no hizo absolutamente nada a favor de la vida, y de los datos que año tras año han demostrado que en las Comunidades gobernadas con mayoría absoluta por el Partido Popular (Madrid, Valencia…) se aborta con igual o mayor celo que en las socialistas, el que provoca la aparición de un poderoso movimiento abolicionista. Para estos sectores del movimiento pro-vida, como de verdad “cada vida importa”, el problema no es si la ley es socialista o popular, el problema es la existencia misma de leyes abortistas y de políticas a favor de la cultura de la muerte (distribución de Píldoras abortivas). Este movimiento abolicionista, reducido y silenciado, ha impulsado y empujado al movimiento provida a una actuación mucho más visible obligándole, a pesar de los intentos de algunos sectores del mismo próximos al Partido Popular, a ir pronunciándose, en lógica coherencia, a favor de las tesis abolicionistas.

El problema, que se trasluce en alguna de las informaciones recogidas aparecidas a raíz de la manifestación del 17 de octubre, que ha sido distante de la convocada antes del verano con aparente idéntico fin, es que si los abolicionistas se imponen, si lo que se plantea de verdad, en lógica coherencia con los lemas de la última convocatoria, “cada vida importa”, es la erradicación de las leyes abortistas en España, podrían producirse variaciones sensibles en el mapa político español. Que los manifestantes salieron a la calle para oponerse no sólo a la reforma socialista sino a toda la legislación abortista es un hecho demostrable. Los hechos son tozudos: ¿No vimos todos a unos niños de la organización que portaban unos carteles con el año y el número de abortos producido en ese año? ¿Esa manifestación plástica era contra la ley socialista o contra toda ley del aborto? ¿No fueron inequívocas las palabras de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, al decir que “no pararemos hasta que no haya ni un solo aborto más en España”? ¿No advirtió a los políticos que “nos gobiernan y a los que están en la oposición”?

Lo que los medios afines al PP, sólo basta con repasar el sentido de la cobertura informativa que dieron tanto la prensa escrita como la televisiva, querían era una manifestación “contra la nueva Ley del Aborto”, una manifestación contra el PSOE. Como, pese a lo ambiguo de los mensajes de la convocatoria, no parecía seguro que ese fuera el sentido final, ellos pondrían la lectura política. Ahí están como prueba los titulares del día siguiente o el largo desfilar de dirigentes del PP haciendo declaraciones en las que se manifestaban contra la ley socialista e interpretaban la manifestación y la lucha por la vida en ese sentido.

Paradigmática fue, por ejemplo, la entrevista sostenida en el estudio televisivo de IntereconomíaTV en la Puerta de Alcalá, con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, señor Güemes. Naturalmente el presentador se abstuvo de recordarle cuál es la política de su Consejería en materia de defensa de la Vida; de preguntarle sobre los conciertos que la Comunidad de Madrid tiene con las clínicas abortistas; de permitirle que explicara cuál es la política que sigue la Comunidad de Madrid con respecto al reparto de Píldoras abortivas, con horario incluido, en los Centros de Salud o dispensarios madrileños. Eso sí le pidió que explicara cómo el Partido Popular se opone al aborto. Y Güemes se explicó: en 1985, AP, presentó el recurso de inconstitucionalidad a la actual ley y gracias a ello, gracias al PP, la doctrina del constitucional reconoce el derecho del nasciturus. Naturalmente el periodista-editorialista de la manifestación no le recordó que gracias a esa protección conseguida por el PP sólo han sido asesinados en España algo más de un millón de niños y una porción significativa de los asesinatos se ha realizado en la Comunidad de Madrid o que el señor Güemes es el Consejero de Sanidad con mayor número de abortos absolutos en su demarcación. Y estaba allí, luchando por la vida.

Los medios próximos al PP, en especial los televisivos en su retransmisión en directo, se encargaron de subrayar la presencia de destacados miembros del PP, desde Cospedal a Esperanza Aguirre pasando por Aznar o Mayor Oreja. E incluso anunciaron la apocalíptica revuelta interna que se desatará en el PSOE, donde también existen defensores de la Vida (al menos existen en el mismo sentido que en el PP, dejar la ley como está), si Zapatero y Bibiana se mantienen en sus trece. Se hicieron eco de los miembros del PP desplazados desde toda España que, junto con una treintena de diputados del partido, iban a protestar por la ley socialista y, en definitiva, a fundir su imagen con la de la manifestación en previsión de hipotéticas y futuras fugas de votos. Se han aprendido bien la lección y todos, cuando les preguntan, dicen que el aborto es un fracaso y que lo que se tiene que hacer es poner en marcha políticas de ayuda a las mujeres embarazadas. Y todos se manifiestan rotundamente contra la tesis de que el aborto es un derecho de la mujer. Lo que en realidad no pasa de ser una oposición terminológica, porque, sea reconocido o no tal derecho, el aborto seguirá existiendo en España. Cierto es que el PP no lo reconoce como tal, pero sí es partidario de que existan leyes abortistas como la actual. Con ello cubren el expediente pero, en ningún caso, son partidarios de la derogación de la legislación abortista.

Es evidente que políticamente preocupa el devenir del movimiento antiabortista que amenaza con desbordar el posibilismo de los pro-vida. El diario EL MUNDO, advertía que los concentrados no sólo protestaban por la nueva Ley del Aborto. Lo que según David Gistau “desnaturalizó en parte el espíritu de la protesta” (sería de la protesta que esperaban que fuese tanto los medios afines al PP como Génova 13). Y es que al diario EL MUNDO le parece “razonable” una protesta contra las medidas gubernamentales que “no figuraban en el programa votado y que se antojan ligeras e insensatas”, argumento repetido por otros medios próximos al PP, pero no “regresar a la revisión general de una ley del aborto, que ya nos habíamos dado y digerido -también el PP- y que formó parte de la epifanía española de la Transición”.

No me cabe duda de que, al menos mediáticamente, el PP ha conseguido su objetivo, ser el usufructuario político de la corriente de opinión contraria al aborto; que para millones de españoles el PP continua siendo un partido antiabortista que se opone al abortista partido socialista. De hecho, Mariano Rajoy no ha dudado a la hora de sumarse a la manipulación de la manifestación del 17 de octubre afirmando que los que salieron a la calle compartían sus puntos de vista y demuestran lo acertado de su planteamiento. Pero no es menos cierto que esa imagen monolítica de defensor de la vida del PP, a la que sirve con empeño algún sector provida -y está en su derecho-, empieza a tener fisuras entre aquellos que son capaces de pensar.

A propósito de la evolución, cada vez más preocupante, del llamado caso Gurtel he leído, tras la curiosa “marcha atrás” del presidente del Partido Popular, varios comentarios en los que se trata de cubrir, como sea, la imagen de Mariano Rajoy. Una imagen, y es necesario subrayarlo, cada vez más precaria. Eso es así porque si la vieja sentencia ya decía que para la mujer del César no era suficiente con ser honrada, porque además tenía que parecerlo, en el PP ya hay muchos que no parecen honrados.

Lo que comenzó por unos “inocentes” regalos, que pierden su aparente virginidad cuando el que los ofrece mantiene negocios o consigue contratos de las administraciones públicas, aunque esa consecución esté revestida de todos los formulismos o de los vericuetos legales establecidos, está desembocando en una escabrosa trama que despierta las sospechas de que los dineros no fueran a parar sólo a los bolsillos de los desalmados.

Yo hubiera dado la justa credibilidad a las palabras de estos días de Mariano Rajoy, hablando de quienes se han lucrado merced a una trama de corrupción edificada para “aprovecharse del PP”, aunque sin ser aún capaz de denunciar con nombres y apellidos, si éstas se hubieran producido hace meses. El discurso oficial del PP, sostenido durante meses por Mariano Rajoy, por Soraya Sáenz de Santamaría y por Dolores de Cospedal, es que este partido era víctima de una maniobra socialista de acoso y derribo, edificada sobre falsedades. El PP ha hecho frente a la campaña, y aún lo hace entre líneas en su último comunicado, en el que viene a reconocer que existe una “trama de corrupción” en su entorno, negando la mayor y escudándose en confabulaciones que va a llevar hasta los tribunales pero que nunca lleva. Sin embargo, al ciudadano le asaltan preguntas cuya única respuesta posible apunta hacia el corazón del Partido Popular: ¿Cómo es posible que lo que ayer era una maniobra del gobierno hoy sea una “trama de corrupción”? ¿Cómo es que, ante las sucesivas denuncias, el Partido Popular no inició una investigación interna? ¿Cómo es posible que durante años los supuestos responsables de esa “trama de corrupción creada para aprovecharse del PP”, según Mariano, operaran sin que nadie se diera cuenta? ¿Es que en el Partido Popular no se fiscalizan las facturas?… Para muchos ciudadanos, cual sentencias de Séneca, todos están pringados: desde los que acaban con coches que no se sabe quién pagó a los que aceptan el pago de las invitaciones de comunión, pasando por las alcaldesas que, según parece, recibían bolsos hipercarísimos para su uso y disfrute. Y así hemos pasado del cesto con pollos para el Ministro a ver si nos concede un Parador de las películas de Martínez Soria, a la lluvia de millones de los expertos en pelotazos y en trepar en la escala social.

Lo único que le faltaba al ciudadano, para que la exasperación y la indignación fuera mayor, era comprobar como el “torrentismo” entraba a saco en el caso Gurtel, con la negociación de contratos en lupanares improvisados, con políticos, constructores y chicas de buen ver, todos en pelotas, cual si se tratara de una de las viejas películas de la transición de Pajares y Esteso.

Yo hubiera dado justa credibilidad a las palabras de Mariano si, en vez de anunciar, cual lastimosa plañidera que han violentado la honestidad del PP, sin que por cierto nadie se diera cuenta, nos hubiera anunciado el inmediato cese de todos y cada uno de los nombres que han salido a la luz, aunque ello supusiera convocar elecciones anticipadas en alguna Comunidad o perder unos ayuntamientos. Pero no creo que Mariano esté dispuesto a repetir aquello de “más vale honra sin barcos que barcos sin honra”. Mariano no tiene madera de héroe y su llanto más parece estar en consonancia con la idea de que esta trama transforme el camino de rosas que veía abierto a sus pies para llegar a la Moncloa en un inmenso socavón. El problema es que Mariano tiene, en este tema, como en otros, cada vez menos credibilidad. Y son muchos los ciudadanos de este país que ya hablan de corrupción del PP y no en el PP.

Es cierto que los millones de hooligans del PP, esos que piensan que para que les robe otro mejor que les roben los míos, andan encantados con la excusa oficial y con sentirse perseguidos por el malvado trío que forma Fernández de la Vega, Rubalcaba y Blanco. Pero no es menos cierto que otros tantos españoles, muchos también votantes del PP, dudan de las excusas cuando en las comparecencias Rajoy se hace acompañar por la señora Ana Mato, vicesecretaria de organización del PP, cuyo nombre no hace más que salir en el epicentro de esta historia por sus relaciones con el famoso “bigotes”. Y la señora Mato debería recordar que también le afecta lo de la “mujer del César”, a no ser que su modelo fuera el de los “amigos políticos” de los tiempos de la Restauración.

Resulta curioso contemplar cuántos sabían, pero no lo decían, que España no tenia posibilidades en la carrera por lograr que las olimpiadas vinieran a Madrid. Sólo algunos pusimos en duda la conveniencia de que unas Olimpiadas se celebraran en España. Entre otras razones por el enorme gasto que implican y la relativamente escasa rentabilidad económica que proporcionan cuando los números se tornan rojos. También dudábamos de que la teórica modernización de la capital al viento de los juegos implicara el gran cambio que Madrid demanda para solventar los problemas habituales de la gran ciudad. Una ciudad que, no lo olvidemos, por obra de Alberto Ruiz Gallardón y por su perseverancia a la hora de emprender nuevas obras, se encuentra endeudada hasta las cejas. Pero como en España es fácil hacer escuela cualquier opinión crítica con respecto a la celebración de las olimpiadas en Madrid casi se consideró antipatriótica.

Nadie ignora que la rentabilidad de unas Olimpiadas es fundamentalmente política y de imagen. Ningún político que se precie rechazaría el caramelo de los Juegos Olímpicos, y en este caso “del rey abajo… ninguno”. Una vez aceptado el envite nadie puede negar que, aun suponiendo un gasto millonario, España ha hecho todo lo posible para que la candidatura de Madrid resultara triunfante. Algunos, sobre todo por la red, andan hablando de la presencia del “gafe” Zapatero. Cierto es que probablemente el presidente del gobierno no cuente con grandes simpatías entre los miembros del COI, pero es muy dudoso que sean menos que las que pueda despertar el presidente Lula.

España, y debemos decir España que no sólo Madrid, probablemente se precipitó al anunciar de forma inmediata, tras la derrota ante Londres, que volvería a presentar su candidatura. Misión difícil aunque no imposible, porque lo normal era que los Juegos se desplazaran al continente americano. Confiar en que esta regla no escrita fuera vencida por una candidatura cualitativamente superior era mucho confiar cuando los ingresos provienen en gran parte de los derechos de transmisión, de la publicidad y de los millones de espectadores potenciales, de ahí la necesidad de variar el nicho cada cuatro años.

España jugó la única baza que tenía, Samaranch, quien pese a haber recomendado que no se repitiera la candidatura para las olimpiadas de 2016, utilizó el único recurso que le quedaba: unir la elección de Madrid al merecido homenaje a sus años de trabajo por y para el olimpismo.

Mantener la candidatura de Madrid, después de la derrota para las próximas del 2012, ha sido un empeño personal del alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Nadie le frenó. Pocos conocen quién ha jugado el papel en la corte del alcalde de lady Macbeth. Nadie le frenó, porque si ganaba todos ganaban, pero si perdía sólo perdería él. Todos los cronistas, especialmente los más reputados de la derecha, hablaron de la operación política diseñada por Ruiz Gallardón para hacerse con el control del Partido Popular: en ella los juegos serían su trampolín hacia la Moncloa, pues se contaba con una nueva derrota de Mariano Rajoy ante Rodríguez Zapatero en 2012. Ahora el castillo de naipes se ha derribado y Gallardón siente los cuchillos clavándose en su espalda.

Sus teóricos enemigos no tenían nada que perder. Si Madrid se alzaba con la candidatura el gobierno estaría ahí para usufructuar los juegos. Si Madrid se alzaba con la candidatura Esperanza Aguirre estaría ahí como presidenta de la Comunidad para colocarse en la foto. Si Madrid se alzaba con la candidatura la Familia Real al completo tendría a su disposición un inmenso escaparate publicitario. Ahora, el que ha perdido es Gallardón. Muchos esperan que ésta sea su definitiva tumba política y Gallardón lo sabe.

Al alcalde de Madrid, a Alberto Ruiz Gallardón, le ha perdido su enorme ego. No ha sabido medir bien las fuerzas ni ha tenido los necesarios reflejos para trocar el fracaso en victoria, porque parece que en sus cálculos no cabía una posible derrota. Quienes siguen el juego de las candidaturas olímpicas saben que una ciudad y un país necesitan presentar de forma reiterada una candidatura para conseguir el éxito (Barcelona presentó su candidatura cinco veces y Madrid ya lo hizo durante el franquismo).

Si el ego de Alberto Ruiz Gallardón no fuera tan grande posiblemente hubiera reaccionado de forma positiva. Lo que el alcalde no ha digerido es el revés a su ego. Su cara lo decía todo: “pero cómo, si me habían dicho que el factor del turno de los continentes no contaría si la candidatura era cualitativamente mejor. Ha sido una confabulación”. Si, en vez de culpar a los demás, Gallardón hubiera tenido previsto un posible fracaso habría puesto su mejor sonrisa y habría anunciado la candidatura de Madrid para el 2020. En vez de perder apoyos en el COI los hubiera ganado. El ego del alcalde ya ha situado a Madrid, de cara a las olimpiadas de 2020, en la cola en vez de ponerla en la cabeza.