Leía hace unos días, no sin cierto asombro, unas declaraciones de la titular del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, Verónica López (también resulta ser la coordinadora electoral del Partido Popular), sobre la exitosa política de vivienda para jóvenes aplicada en la comunidad murciana. Es más, ni corta ni perezosa, puso este éxito como ejemplo a seguir por la administración central, un modelo del que Zapatero debería tomar nota pues ello sí que están haciendo los deberes. Ante tal anuncio merecía la pena dedicarle un tiempo al asunto.

El autoproclamado éxito consiste en haber conseguido que los jóvenes múrcianos sólo, y recalco lo de sólo, tengan que dedicar el 59.5% de su salario a la adquisición de una vivienda. Todo un logro, ya que la media nacional está en un 66.3%. También se felicitó la directora del Instituto de la Juventud murciano por la gran eficacia alcanzada por las Oficinas de Vivienda Joven del gobierno regional murciano que, en un semestre, han ayudado a 105 jóvenes -¡sí a 105!- a encontrar vivienda.

Naturalmente que es bueno alegrarse de que la dedicación de la parte del salario destinada a la adquisición de una vivienda sea inferior en algo más de seis puntos a la media española. Lo que, así visto, es para felicitar al gobierno murciano.

La pregunta que me hago es si estamos ante un éxito o ante una demostración más del fracaso de la política de vivienda en España. Se habla de éxito, posiblemente, porque la clase política tiende a medir las cosas según sus propios niveles salariales. Niveles que nada o muy poco tienen que ver con el de la inmensa mayoría de los jóvenes. Se habla de éxito atendiendo, simplemente, a datos estadísticos. Lo malo de toda estadística es que sólo es cuantitativa, es el resultado de la división por el número, lo que en muchas ocasiones resulta altamente engañoso.

Reflexionemos sobre los estupendos datos de Murcia pero que son extrapolables a la mayor parte de España. Pongamos que el salario de muchos jóvenes llegara a los famosos mil euros de los mileuristas, lo que es mucho suponer. Ello significa que dedican unos seiscientos euros mensuales a pagar el préstamo hipotecario. Les quedan, a estos mileuristas, unos cuatrocientos para pagar la luz, el agua, el teléfono, el coche, comida, vestido… Hagan cuentas.

Esa es la teoría. Ahora bien, son muchos más lo jóvenes cuyo salario no llega a esos mil euros que la minoría que los sobrepasa ampliamente. Jóvenes que, además, se enfrentan a recibos hipotecarios que, probablemente, no estén en esa horquilla que va desde los cuatrocientos a los seiscientos euros. Y en esas cifras da igual que sea el 60% que el 66%. En ambos casos se trata de cargas muy difíciles de asumir a no ser que se cuente con ayuda familiar.

La directora del Instituto de la Juventud de Murcia, al igual que la inmensa mayoría de los políticos, confunde una rebaja con tener una política efectiva y real de acceso a la vivienda para jóvenes. Una política que pasa por hacer posible la adquisición de una vivienda en precios tasados entre los ochocientos y los mil euros por metro cuadrado. Lo cual es perfectamente posible si la clase política decidiera renunciar a los ingresos millonarios que las administraciones públicas obtienen del sector de la construcción.

Según los últimos datos más de 36.000 millones de Euros han dejado de pagar los españoles a sus acreedores. La Administración pública española, central, autonómica y municipal, tiene pendiente de pago unos 32.000 millones de Euros a empresas. Se estima que en este año se elevará hasta tres millones el número de españoles morosos y más de doscientas mil empresas se encuentran en la misma situación. Y el principal moroso, aunque no figure en las estadísticas, es el Estado en sus diferentes versiones (gubernativa, autonómica y municipal).

Una situación especialmente complicada porque, la inclusión de un ciudadano o una empresa en los temibles listados de impagos, supone la reducción drástica de las posibilidades de obtener crédito y, en muchos casos, de continuar con la actividad.

El índice de morosidad se ha disparado en España. Por un lado, numerosas empresas se encuentran con el problema de que su principal deudor es al administración y que ésta, aprovechando su situación de fuerza, al igual que otras grandes compañías, aplazan y atrasan los pagos según les conviene, colocando a muchas empresas al borde de la quiebra (de hecho muchas han acabado su periplo vital por este problema). Por otro, numerosos españoles se han encontrado con la imposibilidad de hacer frente, pese a la caída de los tipos, a las deudas hipotecarias contraídas en tiempos de bonanza.

La crisis ha golpeado a muchísimas empresas y a muchísimas familias, obligándoles a ser morosos a la fuerza. Miles de españoles se han visto atrapados por un recibo inasumible al que hacían frente dedicando uno de los dos sueldos de la unidad familiar. El problema ha surgido cuando uno de los miembros o los dos se quedan en el paro o se reduce el salario total familiar. No pueden hacer frente a los gastos. Igualmente miles de pequeñas empresas se ven ahogadas por la falta de liquidez de los ayuntamientos -los grandes deudores en España- y la imposibilidad de aguantar has poder cobrar.

Ahora bien, por más que nos lo reiteren la crisis no es absolutamente responsable de esta situación. La crisis lo que ha hecho es precipitar el estallido de la burbuja del endeudamiento sin fronteras de lo españoles. El sobreendeudamiento de los españoles, denunciado por unos pocos entre los que me encuentro, era y es un problema estructural de nuestra economía. El sobreendeudamiento sustituyó, desde la recuperación de los noventa, al ahorro. Pero esto fue alentado indirectamente por los sucesivos gobiernos que se aprovecharon de la rentabilidad política de la burbuja económica.

Los españoles, atrapados en el afán consumista de la última década, sumergidos en el vértigo de la caída de los préstamos hipotecarios, las facilidades para obtener crédito de las entidades financieras, las escasas restricciones al dinero de plástico -un negocio fabuloso para las entidades crediticias por los altos tipos de interés aplicados- animaron al sobreendeudamiento.

Igualmente sucedió en el ámbito empresarial donde la captura de los dineros públicos de una administración en continua expansión condujo a la admisión de aplazamientos en los pagos más allá de lo aconsejable; aplazamientos que se encadenaban con nuevos suministros…

Estos círculos viciosos han acabado generando, en España, una cierta cultura de la morosidad, alimentada por la facilidad con la que, durante una década, era posible reflotar deudas con nuevos endeudamientos.

La crisis lo único que ha hecho es golpear en los puntos débiles de nuestra estructura económica; puntos que no tienen otras economías de nuestro mismo nivel. El sobreendeudamiento de los ciudadanos y las empresas era uno de nuestros puntos flacos, por eso ha reventado.

Desde mediados de los noventa los gobiernos han preferido ignorar el problema dentro de sus estrategias de medio plazo. Ahora todos pagamos las consecuencias por los arrastres que esos índices de morosidad suponen. Lo que yo, y supongo que muchos españoles, me pregunto es si quienes decidieron no hacer frente al problema son también responsables.

Suelo aprovechar el verano para revisar o ver por primera vez libros y películas. Casualmente me han prestado una cinta alemana del año 2005, dirigida por March Rothemund, que fue nominada al oscar como mejor película de habla no inglesa. Se trata de un biopic sobre una de las jóvenes que formaron parte del movimiento La Rosa Blanca en la ciudad de Munich durante la II Guerra Mundial. La cinta en cuestión lleva por título Sophie Scholl. Los últimos días.

La Rosa Blanca fue un movimiento estudiantil muy reducido que actuó en Munich en 1943. A raíz de las derrotas alemanas, especialmente tras Stalingrado, distribuyeron panfletos que fueron considerados derrotistas. Acusados de alta traición varios de sus miembros fueron condenados a muerte y ejecutados, entre ellos Sophie. Los aliados utilizaron una de sus octavillas para lanzarla de forma masiva sobre Alemania alentando a la rebelión contra Hitler.

Dejando a un lado el interés histórico de la película, que forma parte de una serie de cintas que se están produciendo en Alemania alejándose del maniqueísmo usual, creo interesante reflexionar sobre los interrogatorios de Sophie. Una estudiante de confesión protestante que hizo enfermería infantil y cuyo novio combatía en el Frente Este.

El interrogatorio a que es sometida plantea abiertamente el debate entre la ley y la conciencia. El funcionario nacionalsocialista representa y defiende la ley vigente, Sophie la conciencia. De ahí la frase que encabeza este artículo, “La ley cambia, la conciencia No”. Para la estudiante cuando ley y conciencia entran en punga debe primer la última.

Es curioso y significativo que los guionistas hayan querido utilizar como ilustración de esa pugna las leyes eugenésicas con respecto a los deficientes. Leyes por otra parte bastante extendidas en el norte de Europa en los años veinte y treinta. Sophie pone como ejemplo el asesinato de esos deficientes. Para el funcionario, de acuerdo con la ley, se trata de vidas sin valor, vidas inviables.

Para Sophie, en nombre de la conciencia, “ningún hombre, no importa bajo qué circunstancias, tiene derecho a dictar un juicio para el que sólo esta capacitado Dios. Nadie puede saber lo que sucede en el alma de un deficiente. Nadie sabe donde empieza la madurez que te hace ser consciente del dolor. Todas las vidas son valiosas”.

Palabras puestas en un interrogatorio de la Alemania de 1943 previas a un juicio. Palabras que igualmente podrían utilizarse casi setenta años después, porque las actuales leyes permiten el exterminio, eso sí en el vientre materno, de aquellos que tengan alguna deficiencia. La sociedad lo admite porque piensa que no se trata de vidas completas, que son vidas parciales y que no podrán alcanzar ni una vida plena, ni una vida feliz o que su andadura en este mundo será corta, por lo que es admisible ahorrar sufrimientos.

A Sophie, el funcionario le viene a contestar que lo que ella dice son tonterías, que existe un nuevo orden. Hoy se viene a decir lo mismo, se debe transigir con el nuevo orden.

Yo recomendaría a Wes Craven, especialista en películas de terror con amplia profusión de sangre y restos humanos, con individuos despedazados al más mínimo despiste, que, si se queda sin temas para sus próximos trabajos, lea con detenimiento el sumario del doctor Carlos Morín e investigue sus peripecias por la Ciudad Condal y la capital de España.

Lo que han indicado los testigos, lo que se ha filtrado a la prensa, lo que se conoce de la investigación, da para más de una sangrienta escena. Escena que alcanzaría su climax en esa trituradora disfrazada de fregador en la que los restos de los niños asesinados en el vientre materno o quizás fuera del mismo eran convertidos en una pasta espesa, en una masa informe, viscosa y maloliente, para después recorrer las cañerías hasta los desagües.

Wes Craven disfrutaría convirtiendo a Morín en un auténtico “doctor Muerte” situándolo en un escenario de clínica sanitaria mugrienta, sin garantías, donde lo único importante era el negocio y la pasta. Lo que disfrutaría Wes Craven con esos anuncios por la red ofreciendo a una confiada cliente la posibilidad de abortar en Barcelona. Y las firmas de los documentos psiquiátricos en blanco y el archivo secreto… Podría crear su habitual galería de confiados personajes que perecen de forma pausada a lo largo del metraje de la cinta.

Casi estoy viendo el periplo del doctor por los juzgados y alguna noche en el calabozo, la policía cerrándole el siniestro negocio. Un flash back hacia el pasado recordando aquellos días en prisión y la vuelta a comenzar con el lucrativo negocio.

Lo más complicado para Wes Craven sería encontrar a la heroína, la que lucha por descubrir la verdad que, a veces, muere en el último momento o simplemente queda expectante para la segunda parte. Y es que el caso del doctor Morín podría darle para una serie de películas sangrientas.

La primera acabaría con su puesta en libertad y exoneración merced a la decisión del gobierno. Ahí si que el inagotable director podría contratar a la mismísima Bibiana Aído, para que repitiera eso de que “nadie irá a la cárcel por practicar o someterse a abortos”. Y, como estrambote final, el primer plano de la sonrisa del doctor. Una sonrisa provocada por la decisión del Colegio de Médicos de Barcelona de rehabilitarle tras subsanar, como ha hecho el doctor Morín real y el Colegio de Médicos, la irregularidad administrativa que suponía no haber pagado las pertinentes cuotas.

Sólo quedaría decir, por si alguien pensara que lo escrito es producto de mi fantasía, que los hechos relatados, que brindo como inspiración para Craven, se corresponden con la realidad. Y la realidad es que el Colegio de Médicos de Barcelona entiende que Morín ha actuado siempre con una ética profesional incuestionable o eso es lo que el común de los mortales entiende tras su “justificada” decisión.

Me han remitido, y creo que corre por la red, una noticia que no puedo dejar sin comentar con una cierta dosis de amargura. Los hechos son bien conocidos. Hace unas semanas, en el transcurso de unas maniobras, miembros del ejército español se situaron en lo alto del monte Gorbea (Álava). Allí existe una cruz alzada sobre una estructura de hierro. Los militares, situaron allí la bandera de España y rodearon la estructura con cinta con la bandera española. En el transcurso de la maniobra ya sufrieron algunos comentarios por parte de montañeros, supongo que vascos nacionalistas, de la zona.

Como es habitual los nacionalistas protestaron por lo que consideraron una ofensa. Ofensa que consiste en que una unidad militar, como es su obligación, coloque la bandera de España en su posición. Hasta ahí como siempre: unos cumplen con su deber y otros se ofenden por la presencia de la bandera roja y gualda.

Lo que nadie esperaba es que el Ministerio de Defensa, que a la sazón rige la señora Carmen Chacón, tomara cartas en el tema. Según se está filtrando, porque naturalmente sobre este tema debe regir el secreto disciplinario, los responsables de Defensa han considerado que izar la bandera en la cima del monte Gorbea es un acto “incorrecto. Además, como advertencia, al jefe de la sección que cometió “la incorrección” de izar la bandera española en territorio español y al jefe del Grupo de Artillería V se les ha sancionado económicamente retirándoles el complemento (C.D.E), lo que en estos tiempos de crisis no es mal recurso disuasorio. Naturalmente, el Ministerio de Defensa ya tendrá preparada, por si acaso salta el escándalo, la consiguiente justificación creyendo que los españoles somos incapaces de sumar dos y dos y que nada tiene que ver una cosa con la otra, aunque coincidan en el tiempo.

Así pues unos militares han sido sancionados por hacer, simplemente, lo que hacen todas las unidades, colocar la bandera española. Unos militares han sido sancionados por hacer ondear la bandera española en territorio español. Unos militares han sido sancionados, por decisión política, porque la Ministra de Defensa prefiere apoyar al nacionalismo que defender a nuestros soldados; porque la señora Carmen Chacón está en esa sintonía. Y es que -como diría el anterior titular de defensa- parece que la señora Carmen Chacón apuesta porque las unidades del ejército no utilicen la bandera de España en Vascongadas.

Unos militares han sido sancionados sin que sus jefes, que sepamos, hayan expresado su lógica protesta.

A esos mismos militares se les pide que, llegado el caso, den su vida por defender esa misma bandera.

En muchos puntos de la geografía española muchos ciudadanos hemos sufrido o vamos a sufrir el denominado “Día del Orgullo Gay”, aunque ahora, para ser más políticamente correctos, se haya añadido lo de “lesbianas, transexuales… Aquellos que no tengan el disgusto de contemplar el desfile de petardos y petardas que suele adornar la jornada que no se preocupen, porque lo verán por televisión de forma reiterada o abrirá gran parte de las portadas de los medios impresos.

El mal llamado “Día del Orgullo Gay” no pasa de ser un alarde de exhibicionismo esquizofrénico, de mal gusto, de carne, de zafiedad… casi un segundo carnaval oficioso donde nadie sería capaz de precisar en qué consiste el famoso orgullo. Para los no-gay que también acuden una fiesta más del calendario.

El “Día del Orgullo Gay” suele servir para atacar de forma sistemática a la Iglesia católica y para insultar a los católicos desde la irreverencia y la vulgaridad. En esta ocasión el lema escogido es el de la “escuela sin armarios”.

Los colectivos gay pugnan por hacerse con el control de la educación sexual en los centros educativos públicos o al menos condicionar de forma coercitiva los contenidos que se imparten. Apuestan por una “escuela sin armarios, laica, pública…” y quieren acabar con quienes sostienen otros criterios. Así en Valencia, en el manifiesto, han atacado la educación sexual “tendenciosa, acientífica y homófona que se pone en práctica en las escuelas y universidades católicas”. Lo que quieren es llevar la propaganda homosexual a las escuelas. Ahí está, como ejemplo, lo que acontece en la Comunidad de Madrid, donde COGAM, imparte educación sexual en sesenta centros públicos madrileños supongo que con generosa subvención pública.

El “Día del Orgullo Gay” es en realidad la antítesis de cualquier orgullo. Orgullo del músculo, el tanga, los correajes, los tatuajes o las grasas… Un orgullo que se paga a precio de subvención. Cien mil euros para dos conciertos en Sevilla y ayuda para la cabalgata. Sesenta mil euros en Madrid para las actividades. Y la sorprendente promesa del PP andaluz de subvencionar durante toda la legislatura a la asociación COLEGA si llega al poder en 2011… Orgullo, en definitiva, que pagamos todos.