Francisco Torres

José Luis Rodríguez Zapatero ostenta el trágico de récord de ser el presidente de gobierno que ha conseguido superar la cifra más alta de paro de nuestra historia. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España supera por vez primera los cuatro millones de parados.

El paro español no es producto de la crisis económica general. Esa es simplemente la coartada del gobierno. La crisis lo único que ha hecho es agravar un problema, sobredimensionarlo y sacar a la luz la realidad estructural del espejismo de crecimiento económico de los años anteriores (los afamados cinco millones de empleos creados por el gobierno popular). Las tasas de paro españolas no son comparables con las que se están dando en los EEUU o en los países de la zona Euro. España destruye empleo a mucha más velocidad que nuestro entorno. Esa es la realidad. En un trimestre se han destruido en nuestro país 750.000 puestos de trabajo y nada hace pensar que estemos entrando en un período de desaceleración.

Miente el gobierno o vive al margen de las previsiones cuando afirma verse sorprendido por los datos de empleo del primer trimestre del 2009. Los datos del FMI, sobre las previsiones con respecto a España, se aproximaban mucho a ese 17.3% de tasa de paro y las alertas de los organismos internacionales no excluyen la posibilidad de que en el 2010 España alcance una tasa del 20%, colocándonos en una situación al borde del colapso con imprevisibles consecuencias sociales.

España tiene un grave problema en su estructura económica que los sucesivos gobiernos, desde los años de la reconversión, finales de los setenta, no han querido abordar. España es un país que pasó del pleno empleo a mediados de los setenta a tasas de paro estructural situadas en torno al 8.5%, cuando las tasas estructurales de muchos países se sitúan en un 3-4%. La reducción del paro, desde finales de los noventa hasta esas tasas estructurales, se hizo sobre un modelo de expansión de puestos de trabajo escasamente estable (construcción y servicios) que se ha desplomado al soplo de la crisis. De ahí que el crecimiento del paro y la destrucción de puestos de trabajo en España sean un fenómeno con un origen más endógeno que exógeno.

El negro horizonte de los posibles cinco millones de parados, que nos devolvería de un plumazo a la crisis de los ochenta, o, en su defecto, la permanencia de tasas de paro altísimas durante un periodo largo es consecuencia directa de la falta de visión política para introducir, en la estructura económica española, soluciones de largo alcance. Las decisiones políticas y los malos acuerdos alcanzados para entrar en la UE, entonces CEE, primaron una terciarización absoluta de la económica española sin haber implementado un desarrollo acelerado de los sectores cuaternarios, a los que hemos llegado tarde y deficitariamente, para poder así impulsar una errónea desindustrialización que afectó a sectores que eran y son viables, por no hablar de la mala gestión en todo lo referente a un sector primario que es el único que en el tercer trimestre ha creado empleo. De este modo la producción española ha mantenido, pese al crecimiento de las exportaciones, una baja productividad y una reducida competitividad. Quienes han defendido y defienden, algo que comparten PP y PSOE, ese modelo eran conscientes de la necesidad de desarrollar los sectores cuaternarios para asegurar el futuro, pero las tasas de inversión española, por ejemplo, en I+D+i demuestran que sólo eran declaraciones para la galería.

Mientras, la gran solución, en vez de acometer las necesarias reformas estructurales, en vez de variar, en un sentido o en otro, el eje de desarrollo, continua siendo hablar de la necesidad de reformar nuestro mercado laboral para liberalizarlo y hacerlo más barato. Eso sí, nadie plantea la necesidad de poner fin al despilfarro de una administración pública costosísima y al gasto que supone mantener, en su concepción actual, el depredador Estado de las Autonomías.

Hace mucho tiempo, desde los célebres lapsus de Ronald Reagan, que me resulta imposible creer que las indiscreciones, los micrófonos que oportunamente no se cierran o las declaraciones en confianza, que siempre se producen en momentos concretos, sean eso, filtraciones.

Nicolás Sarkozy, el mediático presidente francés, dejó caer, en una reunión con parlamentarios franceses, una valoración de sobra conocida sobre las limitadas luces de José Luis Rodríguez Zapatero. Después han venido las habituales matizaciones o los desmentidos que pocos creen. Y la decisión, un tanto apocada, de La Moncloa de no hacer comentarios.

Curiosamente estas declaraciones se han producido en un momento concreto, de ahí su importancia. Tras la reunión del G-20, al que Zapatero asiste gracias a una merced del propio Sarkozy, reforzando la posición de líder de grupo del presidente francés, y antes de la cumbre bilateral que se celebrará en Madrid dentro de unos días.

Sarkozy viene a España como líder europeo. Un dato que no se puede obviar en el análisis. El presidente francés, que ya contaba con importantes sintonías en el seno del PP, acordémonos de la euforia que el efecto Sarkozy causó en las filas populares, ha conseguido que José Luis Rodríguez Zapatero también le acepte como referente. Es evidente que Sarkozy espera, en la cumbre de Madrid, con la subordinación de España reforzar el eje europeo dominante Berlín-París y acentuar su liderazgo en el mismo por encima de Ángela Merkel.

José Luis Rodríguez Zapatero está en deuda con el presidente francés desde la entrada por la puerta falsa francesa en el G-20 y ahora le toca pagar. Tengo la impresión de que poco va a trascender de las reuniones bilaterales que se sostengan en Exteriores, Defensa, Industria y Fomento.

Por todo ello ya se está preparando la subordinación de la información política, que es lo fundamental, a las noticias rosa. Según cuentan, todo Madrid busca una invitación para cenar con Sarkozy y Bruni. Ya está en el comentario diario el futurible duelo de modelos entre Letizia y Carla. Y, para que quede claro, Sarkozy ha pedido que a su mesa, en la cena oficial del Palacio de Oriente, se siente Curro Romero. Y es que Sarkozy viene a España como príncipe de Europa y eso se tiene que notar.

He leído con detenimiento lo referente al proyecto que la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial está dibujando para tratar de sacar a la Justicia del colapso en que se encuentra. A pesar de que sólo han transcendido las grandes líneas y de que, naturalmente, en un tema como éste, es importante conocer la totalidad del planteamiento, el proyecto denota una cierta preocupación por la estadística. Parece que el objetivo es reducir el número de asuntos que se plantean consiguiendo así la mejora estadística de la situación.

Afirma la comisión del CGPJ que la modernización, mediante la reducción de asuntos a tratar, pasaría por la despenalización de conductas leves y el fomento del arbitraje. Es evidente que, en muchos asuntos, el arbitraje podría ser una opción. No lo es la promoción de la despenalización que agravaría aún más la sensación de impunidad reinante en España.

Si los juzgados están colapsados, por el número de asuntos (prescindiendo de la falta de personal y de infraestructuras), es precisamente porque los Códigos no tienen efecto disuasorio alguno y porque el litigio, por la falta de rapidez en la resolución, es una opción para evitar o distanciar los pagos en cuestiones que afectan a asuntos económicos y civiles (recurso habitual, por ejemplo, en las compañías de seguros). Ciertamente, en este último punto, el problema no se solventaría con una despenalización que, probablemente, siempre iría contra el más débil. No es, por lo tanto, la despenalización la solución, pero sí la reforma del modelo español. Aunque se recurra, para convencer, a la demagogia del espejo retrovisor de un coche o a la demanda del famoso televisivo.

Lo que ahora pide el CGPJ, a pesar de la publicidad, no es novedoso. Ya figuraba en el Plan de Modernización de la Justicia presentado en noviembre. Así pues estaríamos ante una mera operación de maquillaje para frenar las críticas que recibe una Administración de Justicia subordinada al poder político; asediada por la baja estima en que la tienen los ciudadanos y la revuelta interna.

Reformas y anuncios que no se cumplen y que se aparcan. Ahora, por ejemplo, nos prometen que la necesaria y urgente interconexión judicial no se completará hasta dentro de año y medio; que el nuevo modelo de Oficina Judicial, creado en el año 2003, no entrara en funcionamiento hasta dentro de un año… y todo dependerá de una inversión millonaria que el gobierno no puede afrontar.

De ahí que parezca que se busca o se ofrece una solución estadística para que la justicia siga sin ser Justicia. Eso sí la memoria anual mejorará ostensiblemente.