Francisco Torres

Lo más sorprendente de esta crisis es el silencio sindical. Lo único que encontramos son protestas esporádicas relacionadas con los ERE presentados por algunas grandes empresas. En un país en el que cada día siete mil españoles van al paro, en el que cada mes unos doscientos mil españoles van al paro, en un país con tasas de empleo temporal situadas en torno al 30% y en el que, como gran respuesta a la crisis, sólo se habla de flexibilizar el mercado laboral y abaratar el despido mientras se inyecta un dinero en el sistema financiero que no llega a las empresas, creadoras y sostenedoras del empleo, los sindicatos guardan silencio. Ésta es la realidad.

Alguien pudiera pensar que es su modo de contribuir, patrióticamente como pide Zapatero, a luchar contra la crisis sin necesidad de firmar un nuevo gran pacto en la Moncloa. Pero, cuando el gobierno habla de utilizar el fondo de la Seguridad Social para invertir o para hacer llegar liquidez al mercado también los sindicatos callan. Al igual que callan cuando a diario, sin importar a que partido pertenezcan los implicados, saltan las pruebas evidentes de la corrupción y el despilfarro de los responsables políticos.

Ni uno solo de los dirigentes de los autotitulados grandes sindicatos españoles ha osado a denunciar el fracaso de todas y cada una de las medidas adoptadas por el presidente del gobierno para combatir la crisis; ni la demagogia que se desprende de los millones de euros regalados a los Ayuntamientos para crear escasos empleos.

Muchos españoles sospechamos que la razón de este silencio se encuentra en las páginas del Boletín Oficial del Estado: en las partidas presupuestarias que cada año se adjudican al sostenimiento de los sindicatos.

Casi quince millones de euros se repartieron la UGT y CCOO el año pasado en concepto de ayuda a su sostenimiento y por ejercer “las importantes” funciones consultivas que les corresponden. Pero como los repartos de los fondos públicos deben tener un componente salomónico la CEOE recibió otros dos millones de euros en razón de su función consultiva. Cierto es que en España existen otros sindicatos. También del bolsillo de los españoles salieron otros dos millones de euros para ellos. Añádanse a estas cifras la calderilla recibida para pagar a los varios miles de liberados sindicales, a organizaciones próximas a los sindicatos o a sufragar los famosos cursos de formación sindicales. Después quedan las subvenciones autonómicas o locales.

Con esas cifras alguien puede no saber por qué los sindicatos guardan silencio.

La reclamación de la implantación de la cadena perpetua en España es un tema recurrente que, desgraciadamente, vuelve a primera plana cada vez que se produce un asesinato como el de la niña Mari Luz o el de Marta del Castillo.

La conmoción social que acompaña la publicación de los detalles de los crímenes, la faz sonriente de los criminales, la idea de que los asesinos a duras penas sí cumplirán algunos años de cárcel hacen que la sociedad civil reaccione y pida la inclusión en el Código Penal de la cadena perpetua.

Fundamentalmente por el amplio apoyo social, por el extendido consenso que despierta en la sociedad civil, los partidos juegan con las palabras para granjearse simpatías. Todos recordamos las buenas palabras del presidente José Luis Rodríguez Zapatero al padre de la niña Mari Luz; lo aparentemente receptivos que estuvieron, gobierno y oposición, ante las multitudinarias recogidas de firmas apoyando la petición. Pero no podemos olvidar que la misma respuesta suscitó el asesinato de Sandra Palo y su asesino se pasea hoy tranquilamente por las calles de España.

Los padres de la joven sevillana Marta del Castillo vuelven a pedir que se aplique la cadena perpetua a los asesinos de su hija. Quieren entrevistarse con el presidente del gobierno y esperan que los partidos les apoyen.

El Partido Popular, como siempre, ha buscado la mejor forma de aprovechar la indignación popular hablando de su apoyo al endurecimiento de las penas, buscando así que todos lean que secundan la petición de los padres, pero sin comprometerse (¡Cómo se va a comprometer Mariano!) a incluir en su discurso y en su programa la introducción de la cadena perpetua. El PSOE, que también apoya a los padres, se escuda en el hecho de que no tiene cabida en el texto constitucional.

La realidad es que ambos partidos, PP y PSOE, comparten la tesis de que sobre los derechos de los ciudadanos honrados, sobre los derechos de las víctimas, siempre debe situarse el sacrosanto derecho a la reinserción del criminal. Esa es su filosofía. La responsable, en última instancia, de que un asesino como el de Marta se permita el lujo de reírse ante las cámaras.

¡Qué caras, Señor! ¡Qué faz tan demudada tenían los dirigentes populares que escoltaban el once de febrero a Mariano Rajoy para frenar la que les ha caído encima con la entrada en escena del juez Baltasar Garzón! El cruzado de la justicia la ha tomado con el PP. El juez de los titulares ha dejado en paz a Franco, y, tras actuar contra la enésima encarnación de batasuna,  ha abierto la caja de Pandora contra el PP.

Sin respiración se quedaron en Génova 13. Nadie sabía cómo reaccionar. Las noticias filtradas (el PP acababa de descubrir que los sumarios se filtran a las mesas de redacción), que caían sobre las revelaciones de los famosos dosieres como un arma más de la lucha cainita por el sillón de Mariano, eran un jarro de agua fría en medio de los malos augurios electorales. La única defensa era hablar de persecución. Y la teoría de la persecución ha cobrado realidad a raíz del encuentro a tres bandas, en una cacería, entre Bermejo, Garzón  y el jefe de la policía judicial.

La entrada de Garzón en escena ha obligado al PP a cerrar filas, a plantearse la necesidad de firmar una tregua interna. Mariano Rajoy ha encontrado en Garzón y en Bermejo el enemigo para unificar una tropa entre la que abundan más los puñales que los aplausos. Y qué mejor escenificación que una foto victimista de familia.

En el Comité Ejecutivo del PP debieron convencerse de que era preciso hacer de la necesidad virtud. La imagen del perseguido por la izquierda feroz puede servir para movilizar al electorado de derechas más crítico con el PP y para tamizar las críticas del indómito Federico.

Lo que no cuela es la segunda parte de la historia: el miércoles once de febrero el PP descubrió la maldad intrínseca de Garzón y Bermejo. El mismo PP que, conociendo al ministro, no tuvo empacho, tras una reunión cerrada con Soraya, en firmar el pacto por una justicia que no funciona. Para el PP, Garzón el Bueno ha pasado a ser Garzón el malo. Y muchos españoles piensan que esto ha pasado sólo porque se han metido con ellos.

No sé por qué alguna publicación se ha escandalizado o ha querido incitar a otros al escándalo porque Carlos Sánchez, presidente de Nuevas Generaciones en Almería, haya hecho pública su homosexualidad. Corren por la red, notas más o menos afortunadas, sobre este particular y, en concreto, por unas declaraciones que ha hecho sobre su situación.

Escándalo de fariseos porque cuanto afirma Carlos Sánchez forma parte del ideario del Partido Popular; otra cosa es que muchos votantes del PP, especialmente católicos, estimen que no es así.

Tiene Carlos Sánchez razón cuando afirma que el Partido Popular es la fuerza política que “más clichés ha roto”; que el PP nunca ha estado en contra de las uniones homosexuales, pues en el 2004 ya presentó un proyecto de uniones civiles.

Carlos Sánchez es ortodoxo con el discurso popular, pues no es partidario, aparentemente, de que a esa unión se le llame matrimonio (“denominación que provine de la Iglesia católica”); pero sí de que, tal y como defiende el PP, estas uniones civiles tengan los mismos derechos (“lo importante son los derechos iguales para todos, no el nombre”); lo que supone otorgarles la calificación de familias y el derecho a adoptar, algo que tampoco el PP niega.

Carlos Sánchez comparte el discurso popular cuando dice que no cree que lo que el hace, su orientación, ponga en riesgo la familia (“institución que respeto y en la que vivo”); porque en el Partido Popular también son defensores de una concepción diversa de los modelos familiares.

No entiendo por qué algunos se escandalizan.

Resulta curioso comprobar, con motivo de las elecciones gallegas, como el Partido Popular, al igual que ocurrió en las últimas elecciones saca a debate el tema de la enseñanza en castellano, la lengua común de todos los españoles. Lo hace hoy en Galicia como ayer en toda España con verdades a medias, prometiendo lo que ya está contemplado en el texto constitucional.

Después, pasadas las elecciones las promesas se olvidan, entre otras cosas porque no ganan las elecciones. Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué pasa cuando el PP gana las elecciones con mayoría absoluta?

Si volvemos la vista atrás nos encontramos con dos casos arquetípicos: Baleares y Galicia. En ambos caso ha sido el Partido Popular en el poder el que ha iniciado el proceso de inmersión lingüística. Es más incluso llegaron a copiar las leyes de Jordi Pujol. Hoy, en Baleares, se está aplicando la normativa aprobada por el Partido Popular.

Queda otro ejemplo, Valencia. Allí gobierna el Partido Popular con una mayoría absoluta producto de unos porcentajes de voto increíbles. Pues bien, es el Partido Popular el que está impulsando y llevando a cabo una política de inmersión lingüística progresiva a pesar de que amplias zonas de la Comunidad no son valenciano hablantes. La Consejería de Educación va eliminando, año tas año, centros en los que se imparte en primaria enseñanza en valenciano y castellano (aunque el castellano, al igual que aprobó el Partido Popular en Galicia, se reserve a la materia de lengua castellana o a la Educación Física), predominando en muchos puntos de la Comunidad aquellos en los que sólo se enseña en valenciano.

Quede como anécdota lo que me aconteció en una fiesta reciente. Compartimos mesa con unos chicos de un pueblo del norte de Valencia. Cuál sería mi sorpresa cuando comprobé que no eran capaces de seguir una conversación en castellano pese a poner todo su empeño.

La realidad es que Mariano Rajoy o sus alevines dicen una cosa en los mítines y en las elecciones y practican otra muy distinta cuando están en el poder. Excusa perfecta tienen: evitar que ganen los socialistas o los nacionalistas.

Se llama Pablo Casado y pertenece, por derecho propio, a las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Es el encumbrado Secretario General de NNGG de Madrid; un muchachito “leal” a Esperanza Aguirre, al menos de momento, al que buscan promocionar como nueva imagen de los jóvenes de derechas entre comillas. Le han dado titulares con frases rotundas más orientadas hacia el aplauso que a lo doctrinal, entresacadas para encantar a los viejecitos del PP que le sonreirán con aprobación. Tronó con aquella estupidez de “no somos ni pijos ni fachas”, aunque visto lo visto bien pudiera pasar por cualquiera de las dos cosas.

Anduvo este curioso producto del nuevo PP la otra noche, la del sábado treinta y uno de enero, en un programa de debate donde exhibió un desafortunado carácter de tierno yogurin pese a que jugaba en casa. Hizo las veces de plañidera cuando, por todo argumento, para acusar al contrario, es decir al PSOE, hizo virtud del hecho de que el PP no eliminara la LOGSE (comúnmente considerada como la peor Ley de Educación que ha padecido España, responsable directo de la pérdida de nivel de nuestros escolares). Cosa que no hizo, según este aventajado alumno popular, porque el PP mantuvo la lealtad institucional. Sin palabras debió quedarse más de uno al escucharle porque reconocía, indirectamente, la falta de decisión popular, cuando está en el poder, para cambiar las leyes socialistas. 

Puede pues seguir Pablo Casado ejerciendo de plañidera popular y llorar por las esquinas por la infame deslealtad institucional de un partido socialista que sí elimina las leyes populares cuando llega al poder.