Francisco Torres

Ni se lo podía imaginar cuando en su amado Benidorm jugaba a ser guardiapijoroja de diseño. Mami y Papi jamás le contaron el cuento de caperucita, la adormecían con la ensoñación socialista de la revolución cubana.

Leire se convirtió en una ariscada y concienciada joven en medio del decrépito ambiente creado por la explotación turística de Benidorm, mientras que las playas en Cuba son vírgenes (¡qué cosas escribo!) ajenas a la usura del capitalismo turístico. Estoy seguro que en su adolescencia, como tantos otros hijos de la progresía pero también de la derecha convertidos al izquierdismo, soñaba con llegar hasta Castro, con ver a Castro y odiaba a los Hombres G por ocurrírseles hacer una canción titulada “Matar a Castro”. Lo que nunca pudo imaginar es que sería recibida en la isla comunista como autoridad de España. Y, además, como marchaba a la única patria que le queda al socialismo real, podía hacerlo con unos trapitos coloreados de lo más variopinto alejándose del encorsetado traje de portavoz socialista.

Por fin Leire ha cumplido su sueño: ir a Cuba como autoridad y no como simple joven roja. Y se lo hemos pagado todos, que bien merece el sacrificio darle gusto a la niña. La muchacha de los acontecimientos planetarios ha tenido su propio encuentro interestelar. Allí ha estado, dando ruedas de prensa bajo el enorme retrato de Castro, vitola de honor para cualquier progresista de medio pelo, de pelo en pecho o de exclusivo diseño. La izquierda divina amaba a Castro y ahora, Leire, la divina de la izquierda, ha podido ir a contemplar, como ella misma nos ha dicho, la evolución de la política y la sociedad cubana. La evolución política en Cuba es fácil de resumir: de Castro a Castro y tiro por que me toca. La evolución social es aún más sencilla: de pobre a jinetera y me revuelco en la miseria. Pero allí ha estado Leire, dispuesta a luchar por la emancipación de la mujer cubana del mercado turístico sexual.

Leire ha estado en Cuba para seguir el proceso de liberación de los presos (esos que los Castro, porque ya vuelven a ser los Castro, envían a España) y sobre todo para afianzar las relaciones entre el PSOE y el Partido Comunista de Cuba. Por eso fue recibida por Raúl Castro en la sede del comunismo cubano y no en la residencia del gobierno. Y allí se produjo el acontecimiento interestelar.

Leire no pudo contener la emoción. Casi traslúcida, casi transparente a causa de las pocas vacaciones que se ha tomado o porque sufrió alguna especie de transfiguración, se encontró cara a cara con el Castro pequeño, aunque el Castro grande acababa de pronunciar uno de esos discursos que ya se creía que habían pasado a la historia por la decrepitud del dictador comunista. La cara de Leire lo ha dicho todo: es el mejor resumen y el más perfecto editorial. La hemos visto por televisión. No creo que ante el momento me venciera la emoción y un líquido acuoso nublara mi vista, porque yo aseguraría que lo que vi fueron los líquidos que vertían los labios de una Leire próxima al éxtasis y su rostro demudado cuando Castro, afectuoso, le dio las dos manos. Y es que para Leiere “ésta sí” que es mi revolución. La revolución de los que no se quejan aunque vivan en la miseria.

Antes de abandonar Cuba, con la emoción contenida, no pudo menos que exhalar un suspiro de admiración: ¡Ah, si los españoles tuvieran verdadero espíritu socialista y revolucionario!

Poco antes del verano, confundiendo el deseo con la realidad, los heraldos mediáticos y políticos anunciaban la inminencia de elecciones porque ZP no conseguiría sacar adelante los Presupuestos Generales para el año próximo. Quienes contemplamos la política de forma menos partidista, y no nos dedicamos a confundir el análisis con la propaganda, dejamos volar las esperanzas reprimidas de quienes creen que ZP desaparecerá solo con palabras y hasta hablan de curiosas crisis familiares para animar la ensoñación de los viscerales antizp.

Hoy, los que sueñan con elecciones anticipadas, porque cualquier leve cambio económico podría hundir los sueños de victoria del señor nacido en Galicia, tienen que rendirse a la evidencia: ZP es un auténtico aprendiz de brujo. Metido una vez más en su laboratorio ha recurrido a la vieja fórmula para dispersar los negros nubarrones: comprar voluntades, trocar apoyos por favores.

José Luis Rodríguez Zapatero necesita votos para sacar adelante los Presupuestos Generales, ya que la prorrogación de los mismos en la actual coyuntura económica supondría una nueva pérdida de credibilidad en los mercados internacionales. Y, como todos los presidentes, sabe que los votos parlamentarios están donde están: en los nacionalistas. ZP asume que los apoyos nacionalistas son vitales y quiere restablecer las viejas alianzas antes de que el PP pueda adelantársele. Si estaba dispuesto a burlar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, para apuntalar al debilitado Montilla, qué no estará dispuesto a perpetrar para aguantar en la Moncloa hasta que, como le dicen sus asesores, la situación económica mejore y se puedan generar entre medio y un millón de puestos de trabajo antes de las próximas elecciones generales.

El aprendiz de brujo, el alquimista audaz, tiene su propia piedra filosofal. Con dinero y transferencias se pueden comprar cuantos apoyos sean necesarios y restablecer la vieja alianza, aunque ideológicamente sea contra natura, con los nacionalistas. Dinero y cesiones pueden hacer que en Cataluña, si tal y como se estima CiU triunfa, no se produzca la alianza entre nacionalistas y populares. Dinero y nuevas transferencias pueden darle el apoyo del PNV este otoño.

Tan evidente es todo ello que el PP da por hecho que Rodríguez Zapatero sacará adelante los nuevos Presupuestos. A Mariano sólo le queda ampararse en la oposición a la subida de impuestos, pero lo que tendría que hacer Mariano es evitar esas cesiones o, al menos, aclararnos si está a favor o en contra de las nuevas transferencias.

Anoche descubrí la razón del teórico lapsus de la Ministra de Defensa Carmen Chacón. Como todo el mundo conoce, la titular de la guerra (perdón, quise decir de la paz uniformada) tuvo un traspiés con el diccionario o, simplemente, los fonemas y los morfemas le jugaron una mala pasada, y dijo, ante una asombrada concurrencia, que a los piratas que asaltan los barcos en las costas del África oriental se les tenia que ajusticiar de forma inmediata. ¡Sí, sí, ajusticiar! Menos mal que los barcos modernos no disponen de pasarela para empujar al personal facineroso a los tiburones.

Rápidamente nos dijeron que lo que Camen Chacón quiso decir fue enjuiciar de forma rápida e inmediata a los piratas, para evitar que por cuestiones de territorialidad la cosa quede más o menos impune o se salde con un tirón de orejas. Hete aquí que anoche descubrí que la Ministra había dicho lo que había dicho presa de su admiración por Stallone. Sí, ese actor al que casi todo el mundo niega dotes de actor y archiconocido por recurrir a los puños y ganar él solito la guerra del Vietnam que los EEUU habían perdido dos décadas antes.

Chacón debe andar prendada de las virtudes bélicas de Stallone y su modo de resolver los problemas. Acaba de estrenar una de esas películas de acción y explosiones imposibles que entretienen a niños y grandes, Los Mercenarios (para los críticos seguramente mala de solemnidad). La presentación de los personajes, de lo que son los personajes, no puede ser más actual un barco secuestrado por piratas. Y allí llegan estos mercenarios y tras una soberana ensalada de tiros, sin que ni uno alcance a alguno de los rehenes, no queda un pirata vivo ni un mercenario herido. Y se vuelven con la misión cumplida.

Chacón, que por razón de su cargo no debe perderse ni una sola de estas cintas para instruirse sobre los equipos militares americanos, debió quedar extasiada ante el rudo Stallone, capaz aún de decir frases tan de cine B como que “su cuchillo es más rápido que la luz”, o algo por el estilo. Stallone y sus chicos solucionaron la crisis a la antigua, en un abrir y cerrar de ojos y naturalmente ajusticiaron a los piratas. Y por si fuera poco, ante el maltrato a una mujer por parte de un nuevo novio, el exnovio no se lo piensa y sacude de lo lindo al individuo y su pandilla. Bibiana creo que ha pedido la cinta para ver esos épicos minutos por si pudiera emplearlos en su próxima campaña en aras de la igualdad para luchar contra el maltrato a la mujer.

Lo que ocurrió, sencillamente, es que Chacón durmió soñando con el héroe y cuando le preguntaron, sobre los problemas de la protección a los barcos ante los ataques piratas, debió suspirar recordando a Stallone y acabó diciendo lo que dijo. Y es que el subconsciente a veces juega malas pasadas ¿O no fue el subconsciente?

Las autoridades del país vecino, que no amigo, que se sitúa al otro lado del Estrecho, tienen un especial olfato a la hora de percibir los momentos de debilidad española. Todas las reivindicaciones de Marruecos se han producido en momentos de debilidad nacional o han aprovechado coyunturas internacionales aparentemente favorables. Sólo en una ocasión se equivocaron, al provocar la guerra de Ifni que, dada la coyuntura, acabó siendo un triunfo para España.

La política exterior de Marruecos, desde la fundación del reino, está regida por un afán de expansión territorial en consonancia con la mentalidad aún tribal de la dinastía reinante. La descolonización permitió crear un país sobre el antiguo protectorado español y la colonia francesa. La alianza del mismo con los EEUU y la implantación de regímenes izquierdistas en Argelia, Túnez o Libia permitieron al reino marroquí soñar con un nuevo imperialismo que puso sus ojos en el Sahara español, Canarias, Ceuta y Melilla. España ganó para el Sahara en la ONU el derecho a ser un país y Marruecos aprovechó la debilidad de España durante la agonía de Franco y la asunción por parte del Príncipe Juan Carlos de la necesidad de entregar el Sahara, para quedarse con el territorio. Ello, además de la injusticia y del abandono de quienes eran aún considerados ciudadanos españoles, supuso dejar abierta la presión sobre Canarias, Ceuta y Melilla.

Los reyezuelos/sátrapas de Marruecos, tanto el actual como el anterior, tienen en su agenda conseguir que una de las ciudades españolas pase a formar parte de su territorio. Parece evidente que su objetivo es Melilla. Increíblemente los gobiernos españoles, con la colaboración inconsciente de la Jefatura del Estado, han dado alas a la tentación marroquí. El país vecino busca, y presiona para ello, que cobre entidad la idea de que Ceuta y Melilla no son en realidad España, que son sólo una colonia, o los restos de un pasado colonial que tiene fecha de vencimiento. De ahí que imponga en sus relaciones con España la ausencia de visitas institucionales a Ceuta y Melilla. Marruecos consideraría un insulto a la nación la presencia del Jefe del Estado en las ciudades españolas, y los sucesivos gobiernos hispanos han procurado satisfacer al monarca alhauita. Por si fuera poco, el gobierno español, el gobierno de Rodríguez Zapatero, sin oposición por parte del PP, se ha convertido en el mamporrero de Marruecos ante la UE.

A nadie puede extrañar que Marruecos incremente la presión sobre Melilla. Naturalmente no lo hace de forma directa. Como no lo hizo cuando lanzó la famosa Marcha Verde sobre el Sahara español. Lo hace a través de asociaciones civiles. Lo que hemos estado viviendo con el bloqueo de productos decretado sobre Melilla por determinadas asociaciones marroquíes, la retirada parcial del mismo cuando se alcanza el objetivo de obligar a España a sentarse a discutir sobre el hecho y la falta de reacción por parte del gobierno español, incapaz de ordenar al Ejército que cubra los suministros a la ciudad de forma inmediata, es la repetición de la jugada. Alguien debería recordar al gobierno español que para un musulmán los gestos son tan importantes como los hechos y se necesita un gesto firme para que quede claro que Melilla es tan España como Peñafiel. Y para ello es necesario que el augusto primo del rey de Marruecos (primos se consideran los monarcas) visite oficialmente Melilla.

Durante un mes la bandera de España ha dejado de estar encerrada para situarse en ese rasgo de normalidad que es verla integrada dentro en el paisaje español. Lo que en otros países resulta usual en España parecía estar proscrito o reducido a los ámbitos oficiales. Durante años se ha buscado, para mí conscientemente, reducir la presencia de los símbolos nacionales a lo que dicta la ley, y en algunos puntos de la geografía hispana, dominados por los nacionalistas, ni eso. Súmese a ello la aversión que una parte de la izquierda española ha mostrado a la bandera española o la absurda reivindicación de esa anomalía histórico-política que fue la bandera de la II República española erróneamente identificada con el republicanismo. El objetivo, para mí al menos, resulta claro: derruir la idea y el concepto de España para reducirlo a una entidad puramente administrativa. Operación de ingeniería social, de impulso político, realizada desde arriba.

No se necesitan expertos sociólogos para constatar el hecho evidente que desde hace unos años se ha producido una expansión del uso de la bandera española, de los colores nacionales, bajo el impulso de los éxitos deportivos. Y el deporte es en las sociedades ricas y desarrolladas un elemento de afirmación del yo colectivo, ya sea de carácter local o nacional. La profusión de banderas, la recurrencia en el sonar del himno nacional, han contribuido a popularizar, especialmente entre las nuevas generaciones, los símbolos nacionales contribuyendo a establecer la identificación identitaria que se buscaba proscribir. La última expresión de ese proceso es el cántico del “soy español, español, español…” Canto que encierra toda una percepción ya que se trata de una afirmación teóricamente innecesaria pero que dada la expansión de una aparente aversión a la idea de España parece necesaria.

Nadie puede obviar que este fenómeno se ha multiplicado en el último mes sacudiendo a muchos merced al campeonato mundial de fútbol, por lo que conlleva de deporte de masas seguido por millones de personas. La proliferación de banderas españolas en coches y casas que se ha producido en este mes, la resaca y prolongación que implicará el triunfo de la selección nacional española (la roja que también y tan bien juega de azul) supone, con los matices y limitaciones que se quiera, una exaltación de España. En algunos puntos de la geografía, en aquellos lugares marcados por la presión nacionalista o nacionalista-socialista, lo que ha sucedido durante el campeonato de fútbol es que se ha producido una especie de liberación, de protesta ciudadana, de exteriorización de los sentimientos ocultos que muchos consideraban ya apagados o recluidos en los espacios del silencio. En esos puntos han florecido unas banderas de España en las casas que, en tiempo normal, a nadie se le ocurriría colocar por la presión ambiental. Las concentraciones de ciudadanos ante pantallas gigantes con banderas y pancartas son un síntoma.

Buen ejemplo de ello es lo acontecido en Cataluña. Allí la conjunción nacionalista y socialista gobernante ha intentando, por todos los medios, limitar los efectos de la oleada rojigualda. De ahí el absurdo de evitar que se instalaran pantallas en las calles y plazas. De ahí que los nacionalistas radicales, Puigcercos o Carod, hayan mostrado su preocupación por esta exhibición, o que Carod, ascendiendo hasta el último peldaño de la imbecilidad, dijera que como no era su selección no tenía interés en ver los partidos. Preocupación en los ambientes nacionalistas-socialistas catalanes porque los éxitos de la selección nacional y la exhibición de banderas, incluso allí, coincidían con la sentencia del Estatuto y la manifestación antiespañola exaltada hasta los límites de lo increíble por la Televisión española (quizás debiera escribir ex-pañola), manifestación hinchada hasta el absurdo por algunos medios. La respuesta la dieron las decenas de miles de catalanes que siguieron en las pantallas instaladas a regañadientes el triunfo de España con pancartas como “No nos engañan, Cataluña es España”.

En definitiva lo que hemos visto es la expresión plástica de esa otra España que se identifica con una frase: “yo soy español, español, español”.

Ramón Luis Valcárcel es el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, uno de los bastiones electorales del Partido Popular. Entre sus méritos figura el haber hundido al otrora poderoso PSOE regional. El presidente de la CARM ha conseguido, además, quitar a los socialistas, merced a una estrategia consistente en poner una vela a Dios y otra al diablo, muchas de las marcas del progresismo.

Ramón Luis Valcárcel ha logrado también que Murcia sea una de las Comunidades Autónomas con mayor número de abortos. Ramón Luis Valcárcel ha respetado la objeción de conciencia, pero en su Comunidad han florecido los negocios abortistas con los que su gobierno firma convenios. En la Murcia conservadora de Valcárcel se aborta y se aborta mucho. Sin embargo nadie ha conseguido que se haga público cómo actúa la Consejería de Sanidad en esta materia y quién financia realmente los abortos que la Sanidad pública no hace.

Ramón Luis Valcárcel ha conseguido la fidelidad del sector más derechista del PP murciano; también ha logrado el apoyo de la Iglesia y de los dos grandes pesos pesados en la región: el Opus Dei y el Camino Neocatecumenal. En la región los poderes fácticos religiosos y la derecha religiosa miran para otro lado cuando cada año se publican las estadísticas del aborto en España. Ni una fisura real se ha producido en el apoyo a Valcárcel. Incluso los grupos provida se debaten entren la realidad (una Comunidad Autónoma con un altísimo número de abortos gobernada con mayoría absoluta por el PP) y el subterfugio exculpatorio (es la ley de la izquierda). Pero esto no significa que en el entorno del presidente y en el de varios consejeros no exista una presión para que con algún gesto se pueda excusar, disimular o ocultar una realidad innegable: con el PP en el poder, con mayoría absolutísima desde hace más de dos décadas, con las competencias de Sanidad asumidas, en la región se aborta mucho y sin problemas.

A todos han sorprendido las declaraciones de Ramón Luis Valcárcel dando a entender que en la Región de Murcia no se aplicará la nueva ley del aborto hasta que no se produzca una resolución del Tribunal Constitucional. Es posible que Valcárcel se dejara llevar por el ambiente reinante en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, por los comentarios de pasillo, y creyera que la voz baja se transformaría en postura oficial del partido. ¿Quiso forzar un cambio de estrategia? ¿Quiso, simplemente, lavar su conciencia? ¿Hizo las declaraciones pensando en el titular que al día siguiente exaltaría la prensa regional? ¿Quiso contentar así a esos sectores que le apoyan sin fisuras?

El hecho cierto es que el Partido Popular se ha apresurado a dejar sólo a Valcárcel y a recomendarle que ajuste sus declaraciones a la doctrina oficial del partido: la nueva ley del aborto se aplicará sin más. Mariano, Soraya, Cospedal y hasta Esperanza Aguirre han sido taxativos en ese sentido. En Murcia la Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, amparándose en las declaraciones de su presidente, ha afirmado que la ley no se aplicará.

Políticamente Valcárcel, al que Mariano presionó para que se volviera a presentar como cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas para mantener el altísimo número de votos que se obtienen en Murcia, se ha colocado en una situación difícil: o mantiene sus palabras y se las ingenia para no aplicar la ley o rectifica y asume la doctrina oficial del partido.

Todo ello, sin embargo, no es más que un debate publicitario. Es dudoso que la aplicación de la nueva ley suponga que en Murcia se produzcan más abortos de los que ya se producen. Durante décadas Valcárcel no ha movido un dedo para poner coto al asesinato legal de miles de niños. Ahora se subleva ante la ley socialista. Para mí que a Valcárcel sólo le guía el cálculo electoral: contentar a la derecha religiosa y dar argumentos a quienes dentro de la Iglesia le apoyan. Quizás sólo pretenda lavar su conciencia.

Hace tiempo escribí que la sentencia sobre la posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña estaba escrita: Estatuto constitucional y rectificación de determinados artículos. Una sentencia de carácter salomónico que a todos, desde el PP hasta los nacionalistas, aunque por distintas razones, convenía. El único escollo era fijar hasta dónde debería llegar el recorte impuesto por el alto tribunal, porque de ello dependía la viabilidad genérica del Estatuto y las posibilidades de acuerdos a futuro con los nacionalistas.

Es evidente que en ese proceso de enjuague y componenda ha sido fundamental la actuación de María Emilia Casas y esos increíbles e inasumibles pactos de los que habla la prensa, impulsados por el miedo a lo que una renovación del Tribunal en clave progresista pudiera suponer. La necesidad de encontrar ese punto salomónico, capaz de evitar que el descontento formal se tradujera en ruptura definitiva, es la que ha hecho que la sentencia se dilatara durante cuatro años. Tiempo que ha jugado a favor del Estatuto, porque una vez iniciada su aplicación ésta reducía en mucho los futuribles recortes y porque la posición de los magistrados que defendían la inconstitucionalidad sería cada vez más comprometida. Todo ello fruto de la aberración jurídica de que la admisión a trámite de un recurso de anticonstitucionalidad no paralice la aplicación de una ley. Contrasentido impuesto por el PSOE y mantenido por el PP, aunque éste último ahora se incline por la paralización de la aplicación de la ley, pero sólo en lo referente a los Estatutos de Autonomía.

El hecho cierto es que la sentencia declara constitucional el Estatuto. Eso sí, como no podía ser de otra manera, obliga, por inconstitucionales, a anular sólo catorce artículos. Ahí están los referidos a la lengua, porque en ningún modo se podía reconocer como única lengua de Cataluña el catalán; los referidos al Consejo de Justicia de Cataluña, para salvar la unidad del poder judicial y la constitución de un órgano distinto al CGPJ… Muy poco para lo que en realidad supone el Estatuto.

El resultado de la sentencia es favorable a las tesis del gobierno y lo que abre es la posibilidad de transferir de la esfera estatutaria a la de la cesión política muchos de los aspectos más problemáticos del Estatuto, lo que tampoco desagrada a los nacionalistas moderados. Curiosamente, por ejemplo, los magistrados no han entrado en la desigualdad de derechos entre los españoles que el texto conlleva. Probablemente no lo han hecho porque es ya moneda aceptada por todos, por PP y PSOE, y como tal se recoge en los demás reformas estatutarias que se han consensuado en estos cuatro años. Por la misma razón, porque también, aunque no del mismo modo, lo asumen otras Comunidades, no han entrado en la asunción por parte de la Generalidad de funciones propias del Estado en materia de relaciones exteriores (las famosas y costosas embajadas catalanas); pese a que ello supone reconocer la existencia de competencias compartidas en esa materia, lo que desborda el espíritu de la Constitución de 1978.

Existen en el Estatuto otro grupo de artículos, de clara tendencia separatista, cuya finalidad es avanzar en la progresiva disociación de Cataluña de España, para así construir un Estado paralelo con elementos identitarios clave. Y es aquí donde el Tribunal se ha limitado a conminar a la reinterpretación del texto en un sentido distinto. Quienes analizamos la sentencia desde un punto de vista político y no estrictamente jurídico entendemos que se ha escogido la vía que permitiera a todos hacer menos indigesta la constitucionalidad del Estatuto, pero no a solventar los graves problemas que se van a derivar de su aplicación.

Resulta sorprendente ese leer el Estatuto fuera de la realidad diaria en el que se ampara la sentencia. Así se admite que existen “símbolos nacionales” de Cataluña porque se refieren a la “nacionalidad” que reconoce la Constitución, lo que se traducirá en una exaltación de los mismos como únicos y exclusivos. Cierto es que también obliga a reformar todo lo relativo al uso de la lengua, ya que no se puede obligar jurídicamente a utilizar una lengua u otra, pero en realidad, y esto sí se ha mantenido, queda subordinada su utilización al “deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por la ley”, lo que significa que al final se vuelve a depender de la realidad administrativa. Igualmente es querer mirar para otro lado indicar que la obligación (“deben utilizar”) establecida por el Estatuto de utilizar el catalán en toda la administración y empresas públicas no implica la prohibición de utilizar el castellano. Los estrambotes añadidos para constitucionalizar artículos mediante el reconocimiento de que no se impide la actuación del Estado son otro ejemplo del pactismo interno del Tribunal. Y cuando no se sabía qué hacer se ha solucionado transfiriendo a las Cortes, es decir al ámbito de la negociación política, la aprobación de lo que antes aparecía como una atribución estatutaria (es el caso de las inversiones en infraestructuras a las que obligaba el Estatuto).

No es una sentencia buena, ni va a resolver los problemas planteados. Es más va a suponer una generalización de los problemas, porque lo mismo que se aplique en Cataluña se asumirá en otros Estatutos (recordemos la cláusula de arrastre introducida en Estatuto de Valencia presentado como modélico por el PP). En definitiva el Tribunal ha constitucionalizado la ampliación de los techos competenciales, la ruptura de la unidad de mercado, y ha puesto una bomba de relojería en la línea de flotación de la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios y la cohesión de España. Y al final, la sentencia, acabará gustando a todos.

Se comenta que en España existe un denominado Ministerio de Igualdad regido, que no dirigido, por una tal Bibiana Aido. Parece lógico  pensar que entre los objetivos de la titular de la cartera figure impulsar políticas que eviten que la mujer siga siendo presentada, y por lo tanto percibida, como mero objeto sexual atemperado con barnices eróticos, a menos que este tipo de reclamo, tan habitual en la publicidad o en muchos programas televisivos, no sea considerado por dicha titular como ejemplo claro de tratamiento discriminatorio y sexista que fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres.

Dicen que en España existe una titulada “Ley General de la Comunicación Audiovisual” y hasta un acuerdo sobre los límites a los contenidos que se pueden emitir en un tiempo calificado como horario infantil para proteger a los niños (aunque deberían ser los padres quienes evitaran los riesgos morales y mentales que ver determinados programas suponen). Es también lógico pensar que el objetivo de dicha ley es velar porque no se produzca, de forma diaria y reiterada, la cascada de insultos, la violencia verbal, el griterío que boicotea la razón, la falta de respeto a la hora de debatir que tan usuales son en las cadenas televisivas; modelos que, porque generan audiencia, son explotados como marca y divisa por multitud de programas, hasta prácticamente transformarse en auténticas señas de identidad de emisiones y canales.

Como es natural todos conocemos cómo actúa la administración en estos casos, todos podríamos citar de memoria casos y casos en los que las diversas administraciones han intervenido para corregir desviaciones como las antes subrayadas. Abundan las acciones emprendidas, desde que se puso en marcha, por el Ministerio de Igualdad (Ministerio de la Propaganda de la ideología de género) para acabar con la utilización denigratoria de la mujer. Igualmente conocidas son las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Industria del que depende la Comunicación Audiovisual. ¡Son tantísimas que resulta difícil destacar alguna! De ahí que sea difícil de entender por qué se queja ahora Intereconomía. ¿No la tratan como a las demás?

Todos sabemos que la práctica habitual de los programas de la cadena de televisión del grupo Intereconomía es el insulto, las interrupciones en los debates, la violencia verbal, el chisme, la falta de exposición adecuada de las ideas, la ausencia de respeto entre los contertulios… Es la marca de la cadena. ¿No es así?

Todos sabemos que en la parrilla de Intereconomía abundan los programas donde lo chabacano es objeto de exaltación; donde los presentadores y tertulianos utilizan en el llamado horario infantil términos tan correctos y apropiados como “zumbar”, o hablan de la que se “hizo famosa por tocarle la chorra a un torero”, o en dos minutos utilizan el término “hijo de puta” cuatro veces a modo de broma… Todos hemos visto deambular por sus platós a presuntos y algún no presunto “maltratador”; donde se contrata a golpe de talonario como opinantes a sujetos o sujetas cuyo único mérito es… (dejo los calificativos, para evitar problemas legales, al lector). ¿No es cierto?

Ésta es pues, según parece, la realidad, lo habitual, la marca de la cadena Intereconomía. De ahí que el Ministerio de Industria, que debería estar preocupándose por la destrucción del tejido industrial español, y el Ministerio de Igualdad se hayan decidido a poner coto a los desmanes.

El “casus belli”, la aparente gota que ha colmado el vaso, lo que ha agotado la paciencia y la forma laxa de aplicar la ley en beneficio de la libertad de expresión, han sido los calificativos utilizados por el periodista Eduardo García Serrano al indignarse porque, con fondos públicos, se financie en Cataluña un portal de pretendida educación sexual para niños y adolescentes que recomendaba y explicaba prácticas sexuales para todas las edades. La presunta víctima resulta que es una política, la Consejera de Sanidad de la Generalidad de Cataluña. García Serrano se equivocó al utilizar el rico arsenal de calificativos de la lengua castellana. Debió recordar que lo que la Consejera impulsaba era la violación de los Derechos de los padres. Ni más ni menos. Eduardo García Serrano, curiosamente, no siguió la máxima de otros medios rectificó y pidió disculpas mucho más allá de lo exigible. Lo que como todos sabemos es práctica habitual en todas las cadenas y programas.

Algunos ingenuos podrían creer que al Ministerio de Igualdad y al de Industria le preocupa un presunto “trato vejatorio” a una mujer y por eso ha actuado a una velocidad asombrosa. Insisto en que esa es la practica habitual de los responsables de ambas carteras.

Los mal pensados, como el que suscribe, simplemente creemos que no han aguantado dos cosas: la primera, que quien ha sufrido el presunto “trato vejatorio” haya sido una política y como tal parece tener más derechos y defensores que el común de los mortales; la segunda, y mucho más importante, que interesa impulsar una campaña de linchamiento público contra una cadena en expansión que se ha convertido en la oposición real al gobierno. Y, por si alguien quiere ir más allá, cabría preguntarse si en el fondo no se trata de poner freno a quienes están sacando a la luz casos tan escandalosos como el de las propiedades de José Bono o se plantan sin problemas ni complejos ante campañas como las de los “artistas” de la ceja.

El “casus belli” -los excesos de García Serrano-, contemplado así, no es más que una excusa, lo que al socialismo le preocupa es que puedan existir medios no controlados por la izquierda o que no se subordinen ni al discurso conveniente ni al programa de ingeniería social que conforma su discurso. Lo que pretenden es dar un escarmiento e imponer la censura directa o indirecta aunque se cisquen en la Constitución.

Entre políticos y economistas existe un cierto consenso sobre la necesidad de poner en marcha una reforma laboral cuyo objetivo es  flexibilizar el mercado laboral. Esta tesis la comparten PP y PSOE. Ambos suelen afirmar que España todavía mantiene una estructura de relaciones laborales heredada del régimen de Francisco Franco, cuya base era la protección del trabajador y el mantenimiento real de los contratos indefinidos, que hace muy difícil afrontar los retos del mercado laboral de las sociedades posindustriales basado en el sector terciario y cuaternario.

Este nuevo mercado laboral, en el que los sectores industriales y primarios tienen un peso reducido, exige, según se afirma, para mantener el empleo, la máxima flexibilidad posible. Algo que también sería preciso en unos sectores industriales acosados por la deslocalización y la competencia de los países emergentes, pues los países desarrollados no están dispuestos a gravar una producción externa que se realiza con modelos laborales inaplicables en los países industriales (jornadas laborales extendidas, salarios bajos, escasa protección social, contratación en función de producción…).

Faltos de imaginación, los gurús político-mediático-económico defienden la reforma laboral como uno de los cambios estructurales que necesita la economía española. Como mínimo, afirman, en este capítulo España debería uniformizarse con la situación de los países punta de la UE. Lo que se plantea, y esto es defendido por el PSOE y por el PP, es la reducción de la indemnización por despido y la flexibilización de la rigidez que implican los convenios colectivos. Los defensores de ese tipo de reforma argumentan que, en tiempos de crisis, sólo se puede crear empleo mediante contratos puntuales que no impliquen indemnizaciones o a través de la subordinación de los convenios colectivos a la realidad coyuntural de las empresas.

Se trata de una solución, insisto, escasamente imaginativa. Propia de los que no son capaces de impulsar una expansión productiva que genere empleo a partir del crecimiento real y no de la redistribución de lo que se tiene. Es decir crear riqueza y no distribuir miseria; pero al socialismo real siempre se le ha dado bien repartir miseria.

Al socialismo, por muy socialdemócrata que sea, le resulta muy difícil integrar en su esquema ideológico tanto la máxima flexibilización de las relaciones laborales como la reducción hasta su práctica desaparición de las indemnizaciones por despido. Ahora bien, carente de imaginación, preso de sus contradictorias decisiones, el gobierno se ve obligado a ceder en este punto pues su modelo de afrontar la crisis es el de subir la presión fiscal, directa e indirecta, que ahoga tanto el consumo como la recuperación de la producción y que, además, impulsa la evasión de capitales y el alejamiento de la inversión. En este marco, por su propio planteamiento, al gobierno sólo le queda recurrir a una reforma laboral que se le hace muy cuesta arriba. Reforma que también pide el PP y que, probablemente, también considerará insuficiente la propuesta socialista.

Ante esta disyuntiva José Luis Rodríguez Zapatero, por ese choque entre la realidad y la ideología, se propone hacer trampas en el solitario: abaratar el despido y que seamos todos los que paguemos una parte de la indemnización por despido. Rodríguez Zapatero cree que así logrará contentar a todos: empresarios, sindicatos y mandatarios europeos. Pero con su planteamiento lo único que hace es volver a comprometer, como en ocasiones anteriores, las cuentas públicas.

Lo que España necesita es anunciar cambios reales en su estructura económica, pero no ciñéndose a lo relativo al mercado laboral. Lo que España demanda es impulsar un ciclo productivo nuevo que, por ejemplo, pasa por cambiar nuestro modelo energético asumiendo la necesidad de utilizar la energía nuclear o impulsar infraestructuras productivas que sitúen a nuestro país en los ejes de transferencia mundiales para evitar que medio país se quede fuera de los arcos de desarrollo de la UE. Pero esto es imposible hacerlo con una política económica que sólo tiene como norte exprimir a los españoles.

Escribo estas líneas en la madrugada del ocho de junio. Los sindicatos han convocado una huelga en protesta (¿?) por el recorte dictado por el gobierno. Bajo la aparente unidad en el mensaje quedan matices que indican que si bien por un lado estimulan la protesta por otro aceptan como inevitable el recorte salarial a los funcionarios. Dentro de unas horas varios miles de funcionarios irán a la huelga. Lo harán no porque se lo digan unos sindicatos muy desprestigiados, lo harán por el estado de cabreo que la medida ha provocado, para protestar contra el gobierno.

Los sindicatos, básicamente UGT y CCOO, porque los demás sindicatos son de funcionarios y no tienen correa de transmisión directa con este o aquel partido y tienen su razón en defender los intereses de cuerpo, carecen de legitimidad para convocar una huelga. Entre otras razones porque llevan años secundando al gobierno e ignorando la realidad de una situación económica que nos ha llevado a esta coyuntura. Protestan, especialmente la UGT y CCOO, porque no les queda más remedio y para justificar sus nóminas y sus liberados.

Protestan todos mal, a destiempo y al servicio de los intereses del gobierno. ¿Qué sentido tiene convocar una huelga después de que se hayan aprobado los recortes en el Parlamento? Lo lógico hubiera sido convocarla antes para presionar al gobierno. La huelga de hoy no sirve absolutamente para nada: sirve, eso sí, para mostrar un estado de cabreo y descontento, pero con ello ya contaba el gobierno. La huelga se convoca por los sindicatos como espita, como afirmación de que en España existe el derecho al pataleo pero para que su efectividad sea nula.

Miles de funcionarios, probablemente más de los que irán a la huelga, no lo harán. Simplemente porque no quieren darle más dinero a Rodríguez Zapatero. Los sindicatos han convocado una huelga que es un negocio redondo para el gobierno. En España existen unos tres millones de funcionarios (varias decenas de miles son en realidad funcionarios políticos digitales que ejercen como tales sin ser de carrera). Aunque sólo un millón secundaran la huelga el gobierno se embolsaría en torno a los ciento cincuenta millones de euros. A más funcionarios en huelga más ingresos por vía de retraimiento de las nóminas del día no trabajado. Así pues los sindicatos, convocando una huelga desactivada contribuyen al recorte del gasto público.

Otros miles de funcionarios -insisto- irán a la huelga porque les apetece protestar, porque no quieren que el gobierno exhiba como triunfo, como apoyo a sus recortes, un número limitado de huelguistas. Es lógico y justo.

El gobierno podía haber recortado en muchísimas otras partidas antes que tocar los salarios, pero no le interesaba. Los sindicatos no han exigido, y ésta es la realidad, que se realice el recorte en otras partidas antes que en los salarios. No lo han hecho porque lo que peligraría entonces sería su nómina y su patrimonio. Los sindicatos quieren capitalizar el estado de protesta para seguir existiendo, para seguir siendo esos agentes sociales que el gobierno mantiene para evitar la rebeldía.

Yo no iré a la huelga, siendo funcionario, sencillamente porque ni quiero darle dinero a Zapatero ni dar fuerza a unos sindicatos tan inútiles como amarillos. Pero no seré yo quien censure a quienes decidan protestar y defender su salario ante un gobierno que sólo sabe meter mano en las carteras de los españoles.

NOTA: Mariano Rajoy, que aparentemente se opone a las medidas del gobierno, no ha dicho absolutamente nada con respecto al recorte salarial de los funcionarios. A día de hoy es imposible saber si está a favor o en contra. La realidad es que sólo se opone a las formas pero no al fondo.