Francisco Torres

Todos los ejércitos del mundo rinden honor a sus caídos, especialmente a aquellos que dieron su vida en acto de servicio y merecieron por su acción las más altas condecoraciones. En todos los países del mundo se reconoce esa entrega generosa, independientemente de la razón o la sinrazón de la contienda en la que participarán. Incluso muchos ejércitos son capaces de rendir similar tributo a los enemigos que realizaron gestas sublimes de entrega.

Estos héroes son modelos de una milicia que aún rinde culto a una profesión considerada como de hombres honrados y preñada de virtudes. De ahí que en todos los cuarteles y centros militares del mundo se rinda tributo a estos hombres a través del nomenclator de los acuartelamientos, de las calles y plazas de los acuartelamientos y academias, de la denominación de las unidades, etcétera.

Carmen Chacón, a la sazón Ministra de Defensa, ejecutora de la “venganza histórica” impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido limpiar el ejército español de héroes. Estas Navidades la Jefatura del Estado Mayor remitió a todas las unidades una orden con un anexo para la inmediata retirada, en aplicación de la “Ley de la Memoria Histórica”, de cualquier referencia a una larga lista de militares y acciones de guerra. Leyéndola es evidente que de lo que se trata, más allá de las consideraciones políticas en las que se ampara la Ministra, es de borrar de la memoria militar una concepción del heroísmo, ya que resulta difícil de creer que Carmen Chacón, rodeada de asesores militares con estrellas, no haya reparado en el hecho de que esos nombres recibieron las condecoraciones, que les hacen acreedores del recuerdo, no por haber participado en esta o en aquella guerra; las recibieron por haber realizado una acción de carácter heroico; muchas veces por dar la vida para salvar a otros.

Venganza e injusticia histórica parecen ser los verdaderos móviles que han impulsado a los redactores de la lista negra de la Ministra. Lista que sólo ha podido ser elaborada por el propio Ejército, ya que la significación de muchos de esos nombres es escasamente conocida fuera de los centros militares.

Sólo voy a traer un caso para ejemplificar la injusticia y la venganza con la que han procedido tanto la Ministra como sus asesores. En el Acuartelamiento Cervantes, situado en Granada, existía una calle dedicada al soldado -¡Sí, a un soldado!- Antonio Ponte Anido. Éste muchacho, en medio de un combate durísimo, donde la mayor parte de sus compañeros habían caído, herido, vio como un tanque de 38 toneladas se dirigía hacia el puesto de socorro. Poco antes los mismos tanques habían atacado un hospitalillo y hecho saltar por los aires una ambulancia en la que se trataba de evacuar a dieciséis soldados heridos que murieron en el acto. Pertenecía Antonio Ponte a una unidad de zapadores, conocía perfectamente el funcionamiento de una mina antitanque. El acorazado ya situaba su cañón en línea de tiro con el puesto de socorro. Antonio no lo pensó, agarró su mina, se lanza a las cadenas, único lugar vulnerable, y vuela el tanque perdiendo la vida; algo de lo que él era consciente. Era muy joven. Por esta acción, en 1944, se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración del Ejército español. Su único pecado, el que le ha condenado a perder esa calle en el acuartelamiento, es que murió en Rusia, en la batalla de Krasny Bor, enrolado en la denominada División Azul. Unidad del Ejército español enviada al frente al servicio de la política nacional de entonces.

Naturalmente, desde el mundo de la milicia, no ha habido ni una protesta, ni una salida de tono. Pero alguien debería contestar a la pregunta que un soldado cualquiera, como Antonio Ponte, pudiera realizar a sus superiores sobre el recuerdo que se debe rendir en las filas militares a quienes dieron la vida por la Patria.

El Jefe del Estado, Capitán General de los Ejércitos, Jefe de la Real y Militar Orden de San Fernando debería exigir que se reparara la injusticia cometida con un soldado.

Asistimos, no sin cierto asombro, a la controversia suscitada en torno a la situación de la lucha antiterrorista y la utilización política de la misma. En el epicentro de la misma, como de costumbre, se sitúan las declaraciones de Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Algunos medios han acusado al ministro prácticamente de inventarse una alerta antiterrorista mediática al anunciar, a finales de año, que ETA estaba preparando un importante atentado, hablando más tarde de una red de secuestros.

No goza el Ministro del Interior, para mí al menos, de una extensa credibilidad. Que Pérez Rubalcaba no diga la verdad no quiere decir que tras sus palabras no exista una verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba es un experto a la hora de no decir toda la verdad o de agarrarse sólo a aquella parte que de verdad tienen las cosas. Sus palabras siempre tienen una doble lectura: la aparente y la real. En estos momentos y en este tema creo, sinceramente, que a muchos lo que, en esta ocasión les ha cegado ha sido la indisimulada aversión que el personaje despierta, por lo que las hojas no les han dejado ver el bosque.

Externamente, de cara a la opinión pública, lo que ha hecho Pérez Rubalcaba es aplicarse la cura antes de sufrir la herida. Que existía y persiste el riesgo de que ETA aproveche la presidencia española de turno de la UE para cometer un atentado no es algo que no esté previsto en el manual antiterrorista, es casi lógico. Nada irritaría más a Rodríguez Zapatero que un atentado que empañara su propagandística presidencia. Pérez Rubalcaba lo que ha hecho es sobredimensionar esa posibilidad para paliar los efectos negativos de un posible atentado.

Esa sería la primera explicación. La segunda obedece a un planteamiento de mayor alcance. El gobierno quiere reducir al mínimo el desgaste que está sufriendo y una ofensiva de la banda podría precipitar una ruptura sociológica electoral que todavía no se ha producido. En este tema el objetivo asignado a Interior es evitarlo. En este sentido las declaraciones de Pérez Rubalcaba tendrían como receptor último a los propios terroristas. Primero les advierte sobre el conocimiento que el gobierno tiene de sus posibles movimientos; después se procede a las detenciones y finalmente se vuelve advertir a los terroristas de que se les puede neutralizar de forma inmediata. Todo ello, además, dentro de un marco coyuntural en el que queda el origen de aquella filtración que impidió la detención de etarras durante la tregua, y en el momento en el que el entorno político de ETA se encuentra claramente fraccionado entre los que apoyan a la banda y los que desean que se inicie el proceso de abandono de la lucha armada y pacto con el gobierno. Nada sería tan grato al gobierno como esto último y Pérez Rubalcaba lo que está haciendo es poner su granito de arena.

Son muchos los que han acusado a Mariano Rajoy de falta de concreción a la hora de precisar cuáles son las medidas económicas que el PP aplicaría para impulsar la recuperación económica. El presidente del gobierno, sin gran fortuna, ha retado en diversas ocasiones al líder de la oposición a que explique y haga propuestas en ese sentido.

El Partido Popular, por su parte, ha optado siempre por el camino sencillo de la crítica a la gestión económica del gobierno y el silencio a la hora de precisar sus medidas. Esto ha hecho que si bien la desconfianza en el gobierno y en Rodríguez Zapatero no ha hecho más que aumentar, tanto en los ámbitos nacionales como en los internacionales, no se genere el lógico clima de confianza en torno a la alternativa popular.

Mariano Rajoy, aparentemente, ha decidido romper su silencio a través del diario El Mundo. Este medio, sobrevalorando el contenido sus palabras, ha presentado sus declaraciones como “sus recetas” para salir de la crisis; buscando, para ilustrar la entrevista, la imagen efectista de Mariano ante una oficina del INEM con su respectiva cola de parados. ¿Y qué es lo que ha dicho Mariano? Pues muy poco, pero lo suficiente para dar titulares y píldoras mágicas. Muchas obviedades y pocas concreciones; más propaganda que realidades. De ahí que el diario haya titulado a cinco columnas la entrevista con una frase del líder popular: “Cuando gobierne bajará el paro”. Una obviedad porque, evidentemente, cuando Mariano llegue a gobernar, si es que llega, en el 2014, por poco que mejore la situación, el paro entrará en una curva descendente.

Mariano Rajoy estima, con razón, que la base de por qué España no ha iniciado la recuperación económica estriba en el fuerte déficit exterior, en el endeudamiento y en la falta de reformas. Pero este es un dictamen, aceptando la necesidad de ser sintético, que cualquiera, incluido Rodríguez Zapatero, asume. ¿Qué es lo que propone Mariano Rajoy en esos ámbitos?

Nos dice el presidente popular que la solución estriba en modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no nos precisa en qué sentido. Prescindiendo de que creer que la economía mejora modificando una ley es mucho creer.

Nos dice el presidente popular que la solución estriba en controlar el gasto público. Y son importantes las palabras que un político escoge porque ellas nos dan la clave de su pensamiento: Mariano quiere controlar y no recortar. Lo que no nos dice el presidente del Partido Popular es dónde piensa controlar. Nos indica, eso sí, que es preciso que ese control del gasto se produzca tanto en la administración nacional como en los ayuntamientos y Comunidades, pero he ahí que las administraciones populares no dan ejemplo de austeridad. Lo que Mariano tendría que indicar es que no se puede mantener el sistema autonómico y que no es posible mantener una norma de financiación de las Comunidades Autónomas que en sí misma impide racionalizar el gasto y la inversión ya que sus nuevos estatutos, pactados entre PSOE y PP, imponen condicionantes a la hora de fijar la financiación.

Nos sorprende el presidente del Partido Popular con su nueva posición en lo referente a los impuestos. Mariano hace ahora encaje de bolillos para conjugar la cantinela habitual del PP de que ellos bajarán los impuestos y de que con impuestos bajos se crece con la decisión de aplazar cualquier rebaja general de impuestos hasta que no cambie el signo de la economía. Mariano secunda -¡sí, secunda!- al gobierno al anunciar que no bajará el IRPF. Anuncia, como titular y compensación, que bajará el IVA pero en la explicación esta bajada, se sobreentiende que a partir de la subida del gobierno, sólo sería para determinados sectores (turismo, a las pequeñas obras…). Su bajada de impuestos quedaría limitada al Impuesto de Sociedades y a determinadas cotizaciones sociales. Así pues el PP ya no bajará los impuestos y parece adherirse a la tendencia socialista de esquilmar el bolsillo de los ciudadanos que pagan: fundamentalmente las clases medias.

Y aún le queda una sorpresa a Mariano. Dice el líder popular que es necesaria una reforma laboral, que él es partidario de que se hable pero que a él no le corresponde hacer una propuesta concreta. ¡Sorprendente, el PP no tiene por qué explicar su posición en un tema importante! Todo lo más que anuncia es la creación de un nuevo tipo de contrato de trabajo en el que se reduzca la indemnización por despido a cambio de mayor estabilidad. Lo que es tanto como no decir nada.

Mariano habla de la necesidad de reformas estructurales pero no entra en ellas. En su dictamen sobre los problemas de España olvida que a esta situación se ha llegado, además de por todo lo que se ha dicho, porque no se afrontaron en los tiempos de crecimiento las necesarias reformas estructurales. Se prefirió el camino fácil de crecer sobre el ladrillo, la especulación y un consumo desaforado. Lo que España debe hacer, en estos momentos, es impulsar un cambio de modelo productivo implementando medidas que, lógicamente, necesitarán tiempo para dar fruto pero, que nos darán la estabilidad necesaria para mantener la riqueza en las próximas décadas, pero de eso ni unos ni otros hablan.

La mal llamada “memoria histórica” nos recuerda que el actual sistema electoral fue el resultado de la decisión de los artífices de la Transición. El consenso entre el centroderecha y el socialismo alumbró un sistema de representación proporcional corregido siempre en beneficio del partido mayoritario. Ambos, PP (UCD+AP) y PSOE, defendieron y defienden esta opción porque cada uno entendía que beneficiaba a su posición: el centroderecha porque entonces tenía un voto que superaba el 45% y el socialismo porque estimaba que pausadamente se produciría una inversión de la tendencia. Como se ha visto ambos tenían razón.

La justificación a la que se recurrió para establecer un sistema electoral que indefectiblemente conduciría a la creación de un bipartidismo, denominado imperfecto, que acabaría con la voz de las minorías, fue, curiosamente, el nefasto ejemplo de la atomización de las cortes republicanas que hoy tanto se reivindican.

Siendo evidente el déficit democrático que el sistema electoral español presenta, sin entrar en el funcionamiento de los partidos y en el modo en que se conforman las listas electorales, junto con la existencia de facto del mandato imperativo que supone la disciplina de voto, pese a estar expresamente prohibido por la Constitución, desde hace dos décadas se habla de la necesidad de reformar el sistema electoral. Es una propuesta que teóricamente asumen tanto PP como PSOE pero que jamás concretizan. Entre otras razones porque una vez en el poder el sistema electoral, teóricamente, favorece la permanencia en el mismo a través del clientelismo (político, mediático, control de organizaciones que aparentemente son producto de la sociedad civil…); lo que es claramente visible en algunas Comunidades Autónomas y en muchos Ayuntamientos.

Cada vez que los partidos mayoritarios, PP o PSOE, han intervenido en la legislación del sistema electoral lo han hecho para acrecentar el bipartidismo y reducir la voz de las minorías. En algunas autonomías uniprovinciales se han establecido distritos para así conseguir que, en la práctica, sólo PP o PSOE puedan obtener representación; también se han establecido caprichosos límites porcentuales para desanimar la presencia de otras opciones para corregir la aplicación estricta de la regla matemática que rige la imputación de representantes a las fuerzas políticas.

En los últimos años se ha extendido la idea de que es necesario reformar el sistema para acabar con el peso de los nacionalistas elevando los techos porcentuales nacionales, pero se trata de una propuesta que no ha prosperado, que es dudosamente constitucional en los términos planteados. Si tan preocupados están, PP y PSOE, por el peso político del nacionalismo sería suficiente que ambos acordaran prescindir de sus votos. Ese día acababa el problema nacionalista. Pero ambos prefieren utilizarlo como justificación y pactar con los nacionalistas.

La propuesta que tienen en mente, tanto PP como PSOE, es la de aproximarnos al modelo británico. Bono la ha expuesto como una novedad y con una aparente y falsa valentía en EL MUNDO, como si fuera el verso suelto del PSOE, cuando en realidad se lleva tiempo trabajando en ello en ambos partidos.

¿En qué consiste la propuesta de reforma? En la utilización de los distritos uninominales en los que sólo resulta elegido un diputado por sistema mayoritario a una o dos vueltas. Aparentemente, con ello, se reduce el poder del partido porque el diputado dependerá más del elector. Dejando a un lado que es muy dudoso que el partido no controle la designación de candidatos, aunque ahora tendría que preocuparse por los nombres de toda la lista y no sólo por el cabeza de cartel y la sigla, lo que sin duda obligaría a ser más cuidadoso con los diputados paracaidistas y los paniaguados, este modelo lo único que haría sería contribuir a la conversión definitiva del sistema español en bipartidista absoluto reduciendo aún más el valor del voto del ciudadano y las posibilidades de la existencia de un pluralismo efectivo. Aún cuando como migajas se hable de unos cuantos diputados elegidos en lista nacional que a duras penas si permitiría que irrumpieran en el Parlamento dos o tres partidos. Representación que probablemente desaparecería con el tiempo o sufriría los típicos efectos tobogán que se dan en Inglaterra o Francia. Un sistema que en ningún modo supondrá la proscripción de los nacionalistas, ya que probablemente, sobre todo en el caso de los catalanes, hasta permitiría incrementar su representación.

La propuesta de Bono, que es una opción que se estudia en los ámbitos populares y socialistas, secundada ingenuamente desde algunos ámbitos externos, no va a contribuir ni a regenerar democráticamente el sistema, ni a dar más poder al ciudadano, ni a permitir la expresión de las minorías, ni a reducir el poder de los aparatos de los partidos. Al contrario la aparición de los distritos uninominales contribuirá a reforzar aún más el bipartidismo y a reducir la participación del ciudadano en la vida pública. Lo que pasa es que tanto en el PP como en el PSOE andan haciendo las cuentas para saber cuántos diputados más conseguirían y si ello les conviene.

El rosario de datos económicos que, con cuentagotas, se van publicando en medio de las Fiestas de Navidad, cuando nadie les presta la debida atención, dejando interpretaciones interesadas a un lado, lo que sí pone de manifiesto es que el gobierno nos ha vuelto a engañar.

El ejecutivo socialista ha aprobado, otra vez, unos Presupuestos Generales del Estado que no se ajustan a la realidad económica, que no están apegados a la realidad, que no están pensados para impulsar la recuperación económica y que contribuirán a colocar al país en una situación cada vez más peligrosa de cara al 2013. Fecha en la que el déficit establecido por la Comisión Europea deberá quedar reducido al 3% si se quiere seguir formando parte de la Europa de primera.

La lectura de los datos de los últimos meses nos presenta un gobierno que continúa gastando más de lo que tiene y de lo que debe; que recauda menos por todos los conceptos y que continúa aumentando las partidas destinadas a las nóminas de un funcionariado cada vez más sobredimensionado en todas las administraciones (ahí está el dato del número de funcionarios en Andalucía, uno de cada cuatro trabajadores).

El gobierno se ha escudado reiteradamente en la tesis de que debía mantener un alto gasto público para impulsar la recuperación económica y garantizar las prestaciones sociales. Amparándose en ello el gobierno español ha hecho lo contrario de lo que recomendaban los expertos y de lo que han puesto en práctica los gobiernos de aquellos países que sí tienen “brotes verdes”, que han iniciado el proceso de recuperación económica. Rodríguez Zapatero ha preferido, a la contención presupuestaria, la elevación del gasto. Si teóricamente podría también justificarse el incremento del déficit para impulsar la recuperación, en el caso español debe juzgarse como una política fracasada. Ni se ha contenido el paro, ni se ha detenido la destrucción empresarial, ni se ha regenerado el consumo. Los datos de los ingresos lo dicen todo: caída en más de un 23% del Impuesto de Sociedades; caída en un 11% de lo recaudado por IRPF; desplome de los ingresos del IVA (un 30% menos)… Pero, además, la insensata política económica del gobierno nos ha conducido a obtener una calificación de riesgo en los mercados internacionales, lo que significa que el dinero será más caro para España, algo muy problemático para una economía que no ahorra y que necesita liquidez.

Nada hace presagiar que, cuando en enero o febrero se conozcan los datos finales del año, la situación mejore. Ninguno de los indicadores así lo prefigura. Rodríguez Zapatero, una vez más, nos ha engañado haciendo aprobar unos Presupuestos que nacen muertos y que necesitarán, como aconteció en el año anterior, importantes ajustes. Presupuestos muertos que implican la inviabilidad del Plan Económico Financiero que con tanta propaganda presentó el gobierno y que indican, como muchos nos temíamos, que la famosa “economía sostenible” no era más que una maniobra propagandística de quien no sabe cómo resolver una situación económica cada vez más compleja.

Las cifras son rotundas: el gobierno gasta un 22% más y recauda un 22%. Es decir que tiene un desfase de un 44%. Ante esta coyuntura, lo que todos aconsejan, lo que todos demandan es una dura política de ajuste, pero ésta pasa por la reducción de los gastos de todas las administraciones acabando con el cáncer económico que supone la administración local y autonómica. Consciente de esta necesidad Rodríguez Zapatero ha intentando atraer a los dirigentes autonómicos hacia un programa de contención y éstos le han dado un soberano corte de mangas. Y sin la contención en el gasto de las administraciones la recuperación es imposible.

El gobierno no sólo va a cerrar el ejercicio con un déficit situado en torno al 8%, dinamitando la estabilidad presupuestaria, vulnerando la ley, sino que además no tiene margen de maniobra para hacer frente a un semestre muy duro en el que la cifra de paro y de población sin subsidio podría tener un repunte dramático. Ante ello, al gobierno sólo le queda continuar engañando a los españoles y distrayéndolos con el oropel de la Presidencia Española de la UE.

Escribo con profunda indignación y casi al hilo de la noticia. En esta tesitura no me resisto a calificar de hipócrita y de fariseo al político católico oficial y de derechas, ínclito representante de la derecha católica del PP, que responde al nombre de Mayor Oreja. No cabe mayor hipocresía, ni mayor capacidad de manipulación y de engaño que la generada cada vez que se presenta como “defensor de la Vida”. Al señor Mayor Oreja lo único que le importa en esta vida es que su partido y él mismo no sufran la más mínima pérdida de barniz católico.

Acaba de producirse la votación en el Congreso sobre la nueva Ley del Aborto. Naturalmente ha triunfado el Sí y el PP se ha opuesto por la cuestión, y sólo por la cuestión, de si las menores tienen que tener permiso paterno para poder abortar. Si las mayores de edad abortan eso carece de importancia. Lo ha dicho bien claro María Dolores de Cospedal, que según parece es portavoz del Partido Popular, ellos no están en contra de que exista una Ley del aborto, sólo se oponen a algunos aspectos de la nueva ley.

Pero Mayor Oreja, el político católico oficial del PP, consideraba necesario salvar su escasa y corta conciencia. De ahí que, dispuesto como nadie a secundar las directrices propagandísticas de Génova 13, haya salido a dar un titular para que los medios conservadores y de la Iglesia puedan sacar pecho, oponerse al PSOE y presentar al PP como defensor de la Vida. La hipocresía y el fariseísmo de Mayor Oreja servirán para acallar voces disidentes e igualmente hipócritas y fariseos serán aquellos que le aplaudan y le jaleen.

Ahí ha llegado Mayor Oreja, dispuesto, como “católico en la vida pública”, como autoproclamado “defensor de la Vida”, diciendo a los cuatro vientos que “el aborto es un delito no porque lo diga la Iglesia, sino la Ley”. Lo ha hecho, como buen fariseo hipócrita, en un lugar óptimo para difundir el mensaje con mayores dosis de verosimilitud; en el marco de la entrega de los premios que otorga a personalidades destacadas la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos). Lo ha hecho sacando pecho y diciendo que es “muy duro atreverse a decir la verdad”.

En eso tiene razón Mayor Oreja: es muy duro decir la Verdad. Y la Verdad es que él millita en un partido abortista; que él defiende como parlamentario y cargo del PP el aborto; que si el aborto es un delito lo es siempre y no según qué casos; que es un delito porque se pone fin a una vida. Y punto.

Pero Mayor Oreja, ese fariseo hipócrita que calienta sillón en Estrasburgo, tiene una conciencia un tanto extraña. Esa que le permite compatibilizar la Defensa de la Vida con apoyar y defender una Ley de despenalización parcial. Para la conciencia del señor Mayor Oreja los niños asesinados en el vientre materno con la Ley que defiende su partido y él mismo, más de cien mil al año, no son tales, no han sido asesinados y no existe delito alguno. Por eso el señor Mayor Oreja puede comulgar y decir que sirve a la ley y al PP (no olvidemos esto último). Para el señor Mayor Oreja el aborto sólo es un crimen y acaba con la vida si es socialista.

Mayor Oreja, me reitero y le desafío a que me conteste, si es que puede y tiene ganas, es un hipócrita y un fariseo porque en el fondo sacrifica las vidas a los intereses del partido, lo que no es más que una expresión del totalitarismo interno de los partidos políticos. Lo es porque utiliza el peor de los códigos morales, que es el de la reserva mental y porque sabe que con sus palabras, además de autosalvar su conciencia, lo que busca es mantener la ficción de que el PP es favorable a la Vida y contrario al aborto. Todo ello para evitar perder unos miles de votos.

José Bono, Pepe para los manchegos, hijo preclaro de los usufructuarios de la victoria franquista en la guerra y discípulo aventajado del taimado Enrique Tierno Galván, es un hombre de firme convicciones. Al menos esa es la imagen oficial de quien, gracias a una permanente campaña de autobombo y autopostulación, se presenta o se presentaba, porque hoy es difícil precisarlo, como el patriota y el católico oficial del socialismo. No es que en el PSOE no hubiera más católico de pedigrí que Bono, es que (su habitual latiguillo dialéctico) su carismática personalidad ha borrado con pasmosa facilidad a sus rivales del firmamento publicístico de la izquierda.

Durante un tiempo Bono compartió en los medios habituales la representación del patriotismo y el catolicismo socialista con el defenestrado líder del socialismo gallego, Francisco Vázquez. Hoy feliz y conforme con su destino esnifando incienso en las ceremonias vaticanas.

José Bono es uno de aquellos políticos de raza de los que ya no quedan. Un hombre que, probablemente por osmosis familiar, supo adaptar la letra del Cara al sol de trinchera a la mucho más cómoda y llevadera de la retaguardia: “cara al sol que más calienta”. Creyó ver el futuro en las escuálidas filas de su ateo maestro político: Enrique Tierno. Sin embargo, cuando Bono alzó la cerviz y vio que la unidad de destino en lo universal pasaba por el socialismo felipista, sin el más mínimo examen de conciencia, “traicionó” (término que he oído utilizar a alguno de sus viejos camaradas) al viejo profesor. Quiso ser el líder del PSOE que sustituyera al mítico González y le birló la cartera un muchachito de León con muchísimas pretensiones. Le echó por unos meses un pulsillo y acabó de florón decorativo en el Parlamento español tras un breve paso por el Ministerio de Defensa.

Bono es el católico oficial del socialismo que igual recibe la Comunión de manos de un cardenal que se va a participar en la carnavalada de la comunión con bizcocho. El problema real de Bono, que nadie acierta a señalar, es la genuflexión. Como ésta ha quedado en desuso en los ámbitos eclesiásticos y él quiere seguir manteniendo la tradición se ve expuesto a que le califiquen de retrógrado y ultramontano. Ese es su gran problema. Por eso ha decidido practicarla con inusitado entusiasmo ante el nuevo “mesías”, ante el nuevo “salvador”, ante el novedoso cruzado, ante ZP. Hacerlo le obliga a comulgar con la nueva ley del aborto, igual que comulgaba con la anterior, sin que su conciencia de católico sufra el más ligero estremecimiento; como tampoco se estremece la de los católicos del otro bando. El único handicap es que -otra vez su es que- algún obispo carca, chapadete a la antigua, pudiera públicamente negarle la Comunión, con lo que su carrera de católico oficial socialista tendría un nada glorioso final.

En esta tesitura, para colmo, le han endilgado el tema de la presencia del Crucifijo en las escuelas. Y Bono, experto en servir a más de un señor, nos dice que ya sabemos lo que piensa (¿lo sabemos?) pero que no va a dar ningún titular. Gesto bravo y gesto típico de quienes viven presos de su cobardía moral.

Cobardía moral porque ni su teórica visión de la Patria, que casi con seguridad es mero artificio retórico, ni su Fe le impelen a dar un puñetazo en la mesa y dejar el PSOE. Y es que -otra vez su latiguillo- Bono es todo un maestro a la hora de practicar la genuflexión más conveniente.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene la mala costumbre (para él buenísima) de creer que con una invocación, con encontrar la palabra justa, con un poco de publicidad y sabiendo envolver en papel de colores la nada todo se soluciona. Es su receta infalible cuando no tiene con qué distraer la atención de los ciudadanos. Cierto es que le echan una mano los “secuestradores” del Tercer o Cuarto Mundo que comienzan a pensar que se enfrentan a la mismísima encarnación de Bambi, por lo que lo mejor para el negocio es asaltar barcos españoles o secuestrar cooperantes en cualquier punto de África. No hay problema: Bambi paga.

José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho suya la fórmula mágica que los liberales españoles del XIX tenían para solucionar los problemas: hacer una ley y promocionarla. Como los viejos constitucionalistas Rodríguez Zapatero cree que si se tiene una ley los problemas se solucionan sin mayor esfuerzo. Cuadra bien al personaje esta tesis del efecto beatífico de las leyes. El único problema es que los españoles cada vez se fían menos de las jugadas del tahúr de la Moncloa. De ahí que según la última encuesta del CIS algo más del 72% de los españoles no confían en el presidente del gobierno. ¿Por qué será?

El presidente del gobierno lleva meses anunciando la inmediata promulgación de la llamada “Ley de Economía Sostenible”. La Ley que hará que España salga de la crisis. El optimismo congénito de Zapatero, clara tendencia al engaño y la mentira para la mayoría de los españoles, no puede ocultar la catastrófica realidad. Ahí están los análisis de la prensa económica internacional que sitúan a España como el próximo pariente pobre de Europa. Lo cual, dicho sea de paso, sea posiblemente el resultado de una genialidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Me explico.

La futura y beatífica “Ley de Economía Sostenible” necesita, como todas, fondos que España no tiene. Rodríguez Zapatero necesita que alguien pague la factura de su megalomanía. Los cada vez más esquilmados bolsillos de los españoles ya no dan más de sí. La genialidad de Zapatero lo ha solucionado: una España empobrecida no saldrá del pelotón de países que necesitan ayuda económica para no perder el tren europeo. En esta línea el objetivo de su gobierno no es combatir la crisis, su horizonte es agravarla para después crecer al viento de la subvención. Algo lógico para quien cree que la crisis se combate creando un país de vividores a costa del Estado y un Estado golfo que viva a costa de Europa.

Con la inversión en I+D+i por los suelos, con un campo al borde de la quiebra, con un programa de energías verde que no funciona, con un grave problema de ahorro que conduce al estrangulamiento financiero, a ZP se le ha ocurrido que la gran aportación de su Ley de Economía Sostenible, su carta de presentación, será combatir, hasta la victoria final, la descarga de contenidos por INTERNET. Sin duda, con ello ZP espera relanzar el sector tecnológico-informático español. ¡Casi nada!

Por eso el desconfiado ciudadano español agudiza el oído y dice ¿Economía soste…qué? ¿Es un chiste?

No creo que el que alguien se divorcie sea tan importante como para llegar a otras portadas que no sean las del corazón. Teóricamente varía la cuestión si los protagonistas son personajes destacados de la vida pública española. Así acontece con el divorcio de los duques de Lugo aunque no haya acontecido igualmente con los divorcios o separaciones de destacados políticos e incluso algún expresidente del gobierno.

Insisto, en la España de hoy que alguien se divorcie no tiene más trascendencia que la que se pueda derivar de lo que la llamada “telebasura” saque a la luz, de lo contrario el hecho pasaría sin pena ni gloria. Tengo el presentimiento que eso es precisamente lo que temen los que hace tiempo que diseñaron la estrategia mediática para hacer pública la separación de los duques de Lugo. Yo a Su Majestad le recomendaría que procediera inmediatamente a ponerlos de patitas en la calle desde el augusto despacho de la Zarzuela. Fue necesario diseñar una estrategia de comunicación del divorcio por etapas de los duques de Lugo por el temor que despertaba en la Corona la posibilidad de que éste tuviera un efecto boomerang que afectara a la Institución.

Los diseñadores de la estrategia de comunicación de la Zarzuela recurrieron al eufemismo (“cese temporal de la convivencia”) para evitar el término divorcio. No se puede decir que fueran imaginativos porque la estrategia pasaba por algo tan manido como ir dando la noticia poco a poco, por acostumbrar y cansar a la audiencia.

Que a la Casa Real no le gustan los divorcios porque consideran que daña la imagen de la institución es un hecho fácilmente constatable; que se intentó evitar que se produjera, invocando el sacrificio que impone el título, es otro hecho innegable. La llegada de Leticia a la Casa Real quebró la obligación del sacrificio y esto también es incuestionable (¡cuántos lo utilizarán como carnaza!). Ahora la Casa Real necesita urgentemente el divorcio y la anulación del matrimonio de los duques de Lugo. La situación de la infanta crea importantes problemas de protocolo y condiciona su presencia en actos religiosos y la Corona, por mucho laicismo que se predique, necesita esas fotografías. Tengo por ello la impresión de que parte de esta estrategia de comunicación del hecho también tuvo como objetivo planificar los pasos para conseguir la nulidad de Roma. Una nulidad que pese a los buenos oficios de la Zarzuela puede chocar más con Ratzinger que con Benedicto XVI.

Los diseñadores de la estrategia de comunicación se han apresurado a sacar del baúl de los recuerdos los otros divorcios de la Corona, también puestos a sacar podían haber hecho memoria de las infidelidades diversas a las que tan acostumbrados parecían los antecesores del actual inquilino de la Zarzuela. Y por hacer una lista lo más amplia posible en el tema de los divorcios han recurrido a los otros Borbones, a los Borbones ninguneados o utilizados según fueran necesarios. Entre ellos figura naturalmente Alfonso de Borbón (al que se quitaba o ponía título según fueran los vientos), aquel que se casó con la nieta del general Francisco Franco.

Insisto, un divorcio en España es de lo más normal. Los que no parecen normales son aquellos que entienden que es necesario una estrategia de comunicación para acostumbrar al pueblo a la nueva realidad, empezando por la supina tontería de hablar de “cese temporal de la convivencia”.

He aquí que lo que no debería ser noticia debiera convertirse en portada mediática: los sindicatos anuncian que van a salir a la calle. No está mal. Casi dos años de crisis, un paro que se aproxima al 20% y una subida de impuestos que va a perjudicar gravemente a los trabajadores de rentas más bajas parecen motivos más que justificados para salir a la calle. Han tardado, pero por fin se han decidido. Los sindicatos van a protestar. Toda una noticia.

Hace mucho que Rodríguez Zapatero temía la rebelión sindical. No en vano la revuelta de los sindicatos, con una reiterada convocatoria de huelga general, contribuyó a convertir en un cadáver político al anterior inquilino socialista de La Moncloa, Felipe González. Cierto es que los sindicatos en España son cualquier cosa menos independientes; que, en buena medida, viven de la subvención pública y que Rodríguez Zapatero los “ha mimado” para tenerlos a su lado. Pero no es menos cierto que si los sindicatos continuaban empeñándose en mantener su apoyo cerrado al gobierno y si no, al menos, su silencio, su relativa credibilidad se desmoronaría. Rodríguez Zapatero había conseguido de momento la “tormenta perfecta”, una crisis sin protesta social capaz de contener la indignación con las promesas y las palabras.

En este último año se ha promocionado, con especial fruición, la idea de que la crisis cedería, como por arte de magia, si se hacía una reedición adaptada de los célebres Pactos de la Moncloa: el consenso total entre partidos, gobierno, sindicatos y empresarios. Pactos que José Luis Rodríguez Zapatero contempla como unas nuevas “abdicaciones de Bayona”, todos delegarán en él y él decidirá después que es lo bueno para la economía española. Ni los sindicatos ni, por supuesto, los empresarios están dispuestos a llegar hasta ahí.

No sé si consciente o inconscientemente, pretendiéndolo o sin pretenderlo, José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido desviar cualquier tipo de protesta social abriendo espitas para la protesta para que ésta no se dirija contra el gobierno o contra su gestión de la crisis. Encantado con el radicalismo verbal reivindicativo del pasado al que tanto recurre ha encontrado un nuevo enemigo: los insolidarios empresarios

Los sindicatos, por otra parte, han recogido el guante y anuncian movilizaciones contra los empresarios como si el gobierno nada tuviera que ver con la crisis. ¡Casi nada! Los sindicatos, en un país con un paro que se acerca al 20%, saldrán a la calle a protestar contra aquellos que pueden crear empleo y que son tan víctimas como los trabajadores de la incapacidad y la inutilidad del gobierno; que padecen y sufren la nulidad de los ministros y ministras, de Salgado, Sebastián, Corbacho, Garmendia… Es el peaje que se tiene que pagar cuando se vive de la subvención y el rojo se convierte en pálido amarillo.