El próximo 24 de junio a las 20 horas Alternativa Española ha convocado una concentración en la calle Ferraz esquina a Buen Suceso, prácticamente frente a la sede nacional del PSOE, para sacar tarjeta roja al Presidente del Gobierno y decir no a las medidas económicas y sociales por él impulsadas.

Estas medidas, no me cabe duda, son fruto de la incapacidad y del desconocimiento consustanciales con la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Estas medidas no constituyen, en modo alguno, una solución recurrente al problema económico de España y no van a evitar que, en un plazo breve de tiempo, volvamos al mismo punto de partida: un gravísimo déficit presupuestario. Son medidas demagógicas, que vienen nuevamente a perjudicar a las sufridas clases medias y a los pensionistas; que dejan de lado a los promotores de los grandes agujeros negros económicos.

La financiación de los sindicatos, la patronal, los partidos políticos, las asociaciones amigas, los amigos políticos, los organismos y ministerios inútiles, las televisiones publicas, las autonómicas y los bancos, a las que debería ponerse fin, provoca una discriminación injusta e inmoral con respecto a otros sectores productivos de mayor o igual importancia y lastra, cuando no impide, la recuperación económica al gravar las cuentas del Estado incrementando el gasto público.

Pero por encima de todo, y como elemento fundamental del por qué la crisis se ha hecho endémica en España, está el actual modelo de descentralización administrativa, el Estado de las Autonomías. Entre otras razones por la imposibilidad que éste supone de construir un proyecto común de vida y trabajo, España, que nos haga fuertes y competitivos, consecuencia de una política solidaria entre todas las regiones bajo el principio de subsidiaridad del Estado.

Poner fin a la actual política autonómica es poner fin, de una forma definitiva e irreversible, a la actual situación de quiebra y prevenir futuras crisis, convirtiéndonos así en uno de los países más solventes de la zona euro. A pesar de ello, PP y PSOE, de forma connivente, utilizando el poder político, han pactado no someter esta cuestión fundamental, clave de nuestro problema económico, a debate; han pactado pasar por encima de él y no cuestionar el modelo autonómico, aunque ello suponga avocar al fracaso cualquiera de las medidas que se adopten en materia económica. En este sentido conviene señalar que los miles de millones derrochados por el Estado de las Autonomías serían bastante para sanear nuestras cuentas, consiguiendo así recursos más que suficientes para financiar nuestras infraestructuras y cubrir el servicio a nuestra deuda.

El próximo veinticuatro de junio los ciudadanos iremos a Ferraz con una tarjeta roja para demandar soluciones reales y efectivas a la actual crisis y sacar tarjeta roja a unas medidas que, como siempre, tocan a los más débiles.

San Agustín  del Guadalix, pueblo de la provincia de Madrid, se ha sublevado contra el equipo de gobierno municipal regido por el Partido Popular, de forma tal que un concejal  que se presentó por esa lista, coherente con sus Principios, optó por abandonar el equipo una vez que pudo comprobar como allí imperaba la falta de transparencia, el amiguismo, el incumplimiento del programa y es posible que hasta la corrupción (siempre a la espera de lo que diga la correspondiente auditoria). Ese concejal se llama Rafael Mancheño y por ello es objeto de una campaña de desprestigio.

Rafael Mancheño, ex concejal del PP, es de esos políticos que deben ser considerados de protección especial por estar en proceso de extinción. Se trata de un político que, a estas alturas, se considera responsable ante sus votantes; que piensa que tiene que rendir cuentas a sus vecinos y administrados; que su obligación es trabajar por el Bien Común, no dejarse corromper y pensar, ante todo y sobre todo, en su pueblo. Estamos ante un hombre, además de honrado, políticamente incorrecto.

Rafael Mancheño decidió, hace tiempo, abandonar las filas del PP, pero  no para irse a casa olvidándose de sus compromisos y Principios. Rafael ha decidió  incorporarse a Alternativa Española (AES), para, desde su puesto de concejal no adscrito, defender Valores innegociables; para defender a su pueblo y a sus vecinos; para intentar hacer un pueblo solidario y coherente con la actual situación de crisis; para administrar los bienes del ayuntamiento a favor de los más desprotegidos; para defender a la familia, la vida y la unidad de España desde su puesto de humilde concejal de un pueblo madrileño. En Móstoles -pueblo más pequeño en aquellos momentos que el San Agustín de hoy-  un hombre de las mismas características que Rafael,  en 1808 cambio el destino de España. Es probable que hoy, en San Agustín del Guadalix, empiece ese cambio que España necesita; un cambio que pasa necesariamente por terminar con esta casta política que es el origen de todos nuestros males; que pasa por terminar con el bipartidismo y la partitocracia totalitaria impuesta por PSOE y PP;  que pasa por terminar con el político clásico y dar entrada a los que piensan y trabajan por el Bien Común.

Ante esta realidad nada mejor que practicar la prudencia política antes de pronunciarse. Nada mejor que esperar  a la reacción de la casta política cuando ve peligrar poltronas y prebendas. En esta ocasión, la mentira utilizada como arma de destrucción masiva y de uso  generalizado, tanto por el PP como por el PSOE, está poniendo en evidencia a esa casta en San Agustín del Guadalix.

El Partido Popular la utiliza porque no puede permitir que el ejemplo de Rafael cunda en sus filas. Por ello hay que desprestigiarle y atacarle. El señor Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la CCAA de Madrid, conoce muy bien las razones reales de la marcha de Rafael. En vez de difamar debería dedicar su tiempo a explicar a los vecinos de San Agustín por qué Rafael Mancheño dejó su cómodo puesto y ahora se enfrenta a la persecución. Nosotros, llegado el momento, daremos las explicaciones sobre una corporación que, probablemente, termine ante los Tribunales. No existe conspiración alguna para arrebatar una alcaldía al PP. Lo que sí existe es un clamor popular de concejales de muy distinto signo, que ya no pertenecen al PP ni al PSOE, pues habían abandonado dichos partidos semanas e incluso meses antes de la moción de censura presentada. Estos concejales ha actuado en coherencia con el mandato que les fue dado por los ciudadanos de San Agustín, han actuado en contra de sus intereses personales y profesionales y con ello han puesto en evidencia a los líderes de su partido, algo imperdonable, y esto es lo que precisamente molesta a todos, a la casta, que unos simples concejales antepongan los intereses de los ciudadanos a los del partido.

Hace unos días un grupo de islamistas radicales intentó tomar por asalto la mezquita de Córdoba. Hecho que debe ponerse en relación con las declaraciones efectuadas, días antes, por el nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio aclarando que en la actual Iglesia, antigua Mezquita, sólo es posible el culto católico. Era pues evidente la doble intención de este grupo de islamistas radicales, que actuaron perfectamente organizados y coordinados: de una parte dar respuesta con tintes de profanación y provocación, a las declaraciones del nuevo Obispo, de otra realizar una manifestación de fuerza y radicalidad.

Es fácil suponer lo que hubiera acontecido si estos hechos se hubieran producido a la inversa en un país musulmán. Imaginemos a un grupo de cristianos intentando entrar por la fuerza en una Mezquita que antes hubiera sido Iglesia. En la mayor parte de los mismos sus protagonistas hubieran sido condenados a muerte. Las diferencias de culturas son abismales, el respeto por la libertad y la práctica religiosa nos diferencia totalmente. Mientras en determinados países, como Irán y algunos del Golfo, es imposible abrir un templo católico, o en otros como en Nigeria, India, Afganistán o Paquistán, los cristianos son asesinados por mantener su confesión religiosa, nosotros, los cristianos Orientales y Occidentales, en base a los principios que inspiran nuestro Credo, les permitimos su práctica religiosa y rezamos tanto por los asesinos como por los martirizados.

Ahora bien, este principio de la libertad de culto no puede, ni debe, estar reñido con un control político y policial exhaustivo de lo que suponen estas prácticas; si las mismas son acordes con el orden legal o si por el contrario, como desafortunadamente ha ocurrido en muchas ocasiones, estas prácticas de la mano de un radicalismo islámico, que se expande bajo el paraguas de un movimiento migratorio incontrolado, con vocación de invasión (¡conquistemos el Alandalus!, se ha podido escuchar), buscan penetrar en nuestras estructuras sociales y en la medida de sus posibilidades minar los fundamentos cristianos de occidente para cumplir con el precepto de la yihad.

Un principio necesario del Derecho Internacional es el de la reciprocidad, de forma tal que si en un país determinado no existe un tratamiento de igual rango a nuestros nacionales que a los ciudadanos del referido país ese tratamiento no será de aplicación a ellos en España. En este sentido siempre he sostenido que una acción conjunta de todos los Estados exigiendo la reciprocidad sería una medida de presión muy efectiva sobre aquellos estados Islámicos que se negaran a permitir libremente la práctica religiosa de otras confesiones en sus territorios. Por ello, convendría preguntarse si es o no es legítimo que, en base a la aplicación del principio de reciprocidad, se subordinara la autorización de la apertura de mezquitas en nuestros países a la apertura de espacios públicos para el culto en los países islámicos. Sin obviar el necesario respeto que en esos países deben tener los cristianos, porque cómo denunciaba Monseñor Eterovic, en el Lineamenta del sínodo de los Obispos, en esos países “lamentablemente por la falta de la distinción entre religión y política, en la práctica los cristianos son considerados a menudo en una posición de no ciudadanía”. Es decir, no se les otorga la condición de ciudadanos, son la escoria, los desheredados.

Quienes promocionan el multiculturalismo deberían tomar nota de unos hechos que vienen a poner de manifiesto que la convivencia entre la cultura musulmana y la cristiana y occidental en España está amenazada, pero lo está por efecto de la expansión del radicalismo islámico. La proliferación de mezquitas, según alguna versión policial, constituye la mejor forma de difusión del radicalismo islámico y especialmente las controladas por los tabligh y los salafistas. En muchas ocasiones, como si fuéramos espectadores ajenos, hemos tenido noticia de cómo desde determinadas mezquitas se reclutaban adeptos que terminaban en los campos de entrenamiento de Yemen o Somalia, para después ser los artífices de los actos de terrorismo.

Tengo que recordar que muchos de estos radicales islámicos han obtenido la  residencia española, cuando no la nacionalidad, gracias a la aplicación, en materia de inmigración, de unas normas demagógicas, generadoras de formas de neoesclavitud, que no buscan el bien común ni de los inmigrantes, ni de los españoles, y por ende de su cultura y raíces cristianas, sino el interés político temporal, sujeto a los tiempos e intereses electorales. Esta residencia o nacionalidad les permitirá presentarse y votar en las elecciones municipales; para ello han creado un partido islámico cuyo objetivo es someter el régimen político al Islam. Nada más contrario a nuestras costumbres y ajeno a nuestras raíces.

En todos los países, y más en los islámicos, al inmigrante  que viene de una cultura distinta a la del país  se le exige, se le obliga, ya sea por la vía de la ley o de los hechos, a que se mimetice con la cultura y las costumbres nacionales, para que en la medida que no afecten a su dignidad, las asuma para que no sea un factor de distorsión de la convivencia. La gran pregunta es: ¿Por qué aquí no?

Si de verdad se desea, si se quiere mantener un clima de convivencia es necesaria una reacción inmediata del Estado para poner freno a estos estallidos de violencia integrista de los musulmanes, para evitar la expansión del islamismo radical, consiguiendo así que no germinen movimientos racistas y xenófobos que son contrarios a la doctrina y el Magisterio de la Iglesia Católica, pues si no se pone fin al radicalismo islámico en España el problema terminará siendo muy grave y probablemente incontrolable como ha sucedido recientemente en Alemania o en Francia.

Alternativa Española (AES) entiende que la democracia sólo es una forma valida de convivencia en tanto surja de la aceptación de valores que deben inspirar el proceder democrático, que no provienen de las ideologías de partido sino en todas aquellas verdades que promocionan a la persona,  individual y colectivamente entre los que cabe destacar la dignidad y el bien común como fin y criterio regulador de la vida política

Los representantes en democracia (los políticos) tienen un compromiso con el destino del pueblo y no con ellos mismos y por ello han de servir al Bien Común y ejercer las virtudes de modestia y  generosidad y no el prestigio y el logro personal. Estas virtudes del político son rigurosamente contrarias a la corrupción que traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social.

La corrupción hace que las opciones políticas favorezcan los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del Bien Común de todos los ciudadanos, prostituyendo el sistema político de convivencia y la debilitación del Estado por la desconfianza generada y el menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes.

Los recientes escándalos y procesos judiciales en que parte de la clase política está inmersa y que afecta a la mayoría de los grupos con representación parlamentaria, provoca en Alternativa Española (AES) una necesaria respuesta ante la opinión pública sobre lo que el “deber ser” de una democracia orientada al Bien Común tendría que aportar a los españoles.

Este Bien Común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada uno, sino que es indivisible, teniendo una responsabilidad las personas que participan en la vida pública aún mayor.

Contemplamos con enorme preocupación el deterioro de las instituciones políticas que han centrado el objetivo real de sus actividades en el bien particular de un grupo, de un partido, de una determinada clase de personas, tratando para ello de conseguir el poder y de perpetuarse en él.

Cuando un político pone sus intereses, o los de su grupo, por encima del Bien Común, el orden político oprime, asfixia. La corrupción viola la justicia y mina los lazos básicos de confianza entre los individuos, la comunidad política y quienes confían en la autoridad legal.

Alternativa Española no puede admitir la extensión y complacencia con la corrupción. Resultaría muy difícil persuadir a las españoles de lo que está mal si el ejemplo dado por políticos corruptos no tiene castigo ni por la justicia, ni por los propios partidos donde han anidado esos comportamientos.

La corrupción y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a la prescripción del deber social, en beneficio del Bien Común, deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la Justicia.

Alternativa Española espera que tanto el Poder Judicial, como la Inspección Tributaria actúen de forma contundente contra quienes han desviado caudales, se han enriquecido a la sombra de cargos políticos y han recibido sustanciosas compensaciones de forma injustificada, aún después de haberlos dejado.

Alentamos a que la actual organización judicial sea transformada radicalmente para que su independencia y servicio a la sociedad no tenga sombra de parcialidad alguna. Recordamos la propuesta programática de Alternativa Española en relación a que los Magistrados recuperen su capacidad de ser elegidos y nombrados por su propia institución sin interferencia de poder o partido político alguno.

En Alternativa Española consideramos que el político debe abrazar el vivir una virtud que nos ayude a actuar con justicia hacia los demás en la toma de decisiones.

No es admisible el espectáculo de lujo, riqueza desmedida y desprecio al pueblo en estos graves momentos de crisis nacional y económica, con cifras de desempleo cercanas a los cinco millones de españoles.

Es reiterado el criterio doctrinal según el cual  la democracia no es un fin sino un medio, y que la democracia por sí misma no se legitima y no es buena “per se”, si no sostiene valores y se somete a la moral, es un instrumento para potenciar y promover valores; es por ello que desde Alternativa Española postulamos la referencia a una Moral Objetiva como delimitadora de lo que es bueno o malo, correcto o indeseable en la vida política. Esta Moral es anterior y superior a todas las instituciones y es la garantía misma de la libertad. Esta Moral objetiva es contraria a todo relativismo, que puede convertirla en un totalitarismo de partidos inadmisible, No entendemos una Democracia que se tenga por tal sin estas consideraciones.

Por último AES, como partido Social Cristiano de inspiración Católica, hace suyas la Instrucción pastoral de la Comisión permanente de la CE Española que afirma “ ….cuando el compromiso social y político es vivido con verdadero espíritu cristiano se convierte en una dura escuela de perfección y en un exigente ejercicio de las virtudes. La dedicación a la vida política debe ser reconocida como una de las más altas posibilidades morales y profesionales”.

En la reciente cumbre Marruecos-UE nadie ha defendido convenientemente los intereses de nuestra agricultura. Ese es la sensación que tienen los agricultores españoles. El acuerdo suscrito por la Comisión Europea que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo supone, a la larga, llevar a una parte importante del sector agrario español a una crisis continúa cuyo final previsible es el colapso de la producción y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

El acuerdo se ha hecho mirando para otro lado para ignorar conscientemente la realidad de la política agraria que se está realizando en Marruecos. Y esto es lo fundamental de cara al futuro. El gobierno marroquí está impulsando un cambio trascendental en el campo. Para ello ha puesto en marcha un ambicioso plan agrario consistente en cambiar la base de su producción para exportar productos más baratos a la UE. Se trataría de impulsar mediante generosas y amplias subvenciones la transmutación de amplias extensiones cerealistas en regadíos para la producción de frutas y hortalizas, que tendrían como zona de distribución el mercado europeo. Al mismo tiempo se potenciaría la expansión de los cítricos, algo que viene produciéndose en los últimos años de forma exponencial. A nadie escapa, salvo a los responsables de la política agraria en España, lo que esto puede significar para el campo español: el hundimiento de los precios no sólo no se detendría sino que se ampliaría.

Marruecos producirá sin ningún tipo de control, ni medioambiental ni sobre pesticidas, aprovechando sus salarios bajos, jornadas laborales sin límite y subvenciones importantísimas. Lo hará fiando en el acuerdo Marruecos-UE del que es eficaz defensor el gobierno español. Ya no sólo se tratará de la burla a los cupos sino de una competencia desleal que llevará a la ruina a miles de agricultores de Andalucía y del Sureste español.

Los agricultores han salido una y otra vez a la calle sin que PP o PSOE les hayan prestado la suficiente atención. Esto es un hecho. Ahora pueden demostrar en Estrasburgo que los agricultores sí les importan. Por ello convendría que los eurodiputados españoles se pusieran de acuerdo para conseguir que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo firmado por la Comisión Europea entre Marruecos y la UE. Pero estoy seguro de que esto sería pedir demasiado. De ahí que me pregunte ¿quién defiende a nuestros agricultores?

Lamentablemente, por deberes profesionales, el próximo sábado 27 de febrero estaré fuera de España, de lo contrario, como un ciudadano más, como un padre preocupado por la seguridad de sus hijas, estaría en la Plaza Mayor de Madrid apoyando a los familiares de Sandra Palo en su, aparentemente inútil, reclamación de justicia.

Es fácil decir que nos ponemos en su lugar cuando a lo más que llegamos es a sentir el temor a que algo similar pudiera sucederle a una de nuestras hijas. Podemos comprender el dolor y la rabia, la indignación que produce la ausencia de justicia y el intento de que mediante las palabras se tuerza la reivindicación que muchos, desde hace tiempo, mantenemos; podemos sentirnos cerca de esa herida que se abre cada vez que se mira una foto o se empuja la puerta de una habitación vacía; de esa ausencia tan difícil de llenar. Lo que de ningún modo podemos llegar a sufrir es ese sentimiento de abandono que debe producirse cuando se ve al asesino de tu hija pasear en libertad y continuar delinquiendo con toda tranquilidad. ¿Quién será el responsable de que, Dios no lo quiera, en un momento dado pudiera este sujeto volver a repetir el horrendo crimen cometido?

Todos los días, quienes tenemos alguna posibilidad de alzar nuestra voz en los medios, deberíamos recordar que el “Rafita”, ese delincuente que hoy anda en libertad por nuestras calles, participó en el secuestro, atropello y violación de Sandra Palo. Y, después, según se ha conocido, fue quemada con vida. Nadie que no sean los padres de Sandra Palo puede saber el grado de sufrimiento y de dolor con el que desde entonces viven y todos debemos contribuir a que el paso del tiempo no sepulte su causa en el olvido.

En virtud de una infame Ley del Menor el “asesino” de Sandra Palo disfruta de una teórica “libertad vigilada”, tan teórica y tan falta de vigilancia que ha sido detenido cuatro veces por “presuntos” delitos y puesto inmediatamente en libertad por el juez de turno. El “Rafita” es la prueba evidente de lo injusta e inútil que es la Ley del Menor.

Este sábado todos seremos padres. Los padres que, con el corazón o físicamente, estaremos en esa Plaza para apoyar que se cambie de una vez por todas una ley cuya única finalidad parece ser la de proteger al delincuente, la de blindarlo con el manto de la impunidad. Estaremos en la calle para presionar, para pedir claridad a la clase política en este tema. Todos afirman que es necesario introducir cambios en esa funesta ley, pero ninguno es capaz de precisar en qué consistirán esos cambios. El cambio primero y fundamental es asegurar que quienes cometen delitos de especial gravedad (asesinato, violación, narcotráfico) no abandonen la prisión una vez alcancen la mayoría de edad sino que continúen cumpliendo condena en la cárcel. Reforma también del Código Penal para incluir la pena de cadena perpetua para delitos de especial gravedad. Lo demás serán solo palabras y gestos para salir en la fotografía, para continuar engañando al ciudadano.

No hay duda de que el Código Canónico, la Doctrina y el Magisterio han diferenciado entre quién, por razón del aborto, incurre en causa de excomunión y quién se encuentra en pecado mortal, y en consecuencia entre quién queda fuera de la iglesia y quién por su actitud se priva de poder recibir la Comunión.

La diferencia está en el grado de participación. Por un lado tenemos a quienes participan directamente en la práctica del aborto: son los que colaboran material (físicamente colaboran en la muerte del no nacido: médicos, clínicas, personal sanitario, la propia madre) y/o intelectualmente (induciendo o confundiendo el consentimiento: psicólogos, asistentes, incluso algunos autores hablan de los que “actúan” por omisión). Por otro a quienes participan indirectamente apoyándolo o sosteniéndolo con sus aptitudes. A este último grupo pertenecen quienes están dispuestos a votar a favor de una ley abortista; pero también aquellos que no cambian, pudiendo hacerlo o haberlo hecho, leyes como la vigente en España. A los primeros, a quienes participan directamente, les corresponde la pena de excomunión, mientras que los segundos, en su calidad de pecadores, se automarginan, en virtud de la libertad que Dios nos ha dado, de la Comunión.

El problema surge cuando la actitud del pecador, que no del excomulgado, es pública y notoria. En estos casos cuál debe ser la reacción de la Iglesia, del sacerdote oficiante para evitar el escándalo. En puridad, como ha sucedido en otros países, a todos aquellos que con su voto apoyaran leyes abortistas, y si este apoyo fuera conocido, el sacerdote conocedor de ese posicionamiento, por Cristo, por él mismo, en beneficio de la comunidad católica y para evitar escándalo, deberá negarles la comunión. Esto puede resultar chocante, duro, radical, pero es lo que toca. Se puede decir más alto, pero no más claro. Se debe hacer sin humillación ni escarnio, con la mayor caridad cristiana, pero se debe hacer.

Es obvio que los sacerdotes no pueden preguntar a cada uno que se acerca a recibir al Señor cuál es su posicionamiento en esta materia. Ahora bien, si el que se acerca es reconocido por su posicionamiento público a favor del aborto y no se ha retractado en la misma forma, a mi entender y sin ánimo de querer criminalizar a nadie o imputar responsabilidades, el sacerdote, pese a lo incómodo, comprometido y violento de la situación, debería negarle la comunión. ¡Qué gran bien haría ese sacerdote, qué gran labor para Dios, cuántas vidas podría salvar esa actitud valiente y comprometida del sacerdote, cuántas conciencias se removerían!

Pero la Doctrina y el Magisterio no sólo se refieren, no sólo afectan, a quien apoye con su voto el aborto, o esté dispuesto a mantener leyes abortistas en vigor, sino también a quien lo financie o lo promocione, o lo que es peor, a quien no esté dispuesto a su abolición, si en sus manos estuviera tal posibilidad de hacerlo. Es por ello que la pregunta que nos asalta es: ¿cómo debería actuar el sacerdote a la hora de darles la Comunión ante aquellos políticos que, siendo conocida su actitud pública, firman conciertos con las clínicas abortistas, que distribuyen gratuitamente la píldora del día después, incluso a menores sin el consentimiento paterno, o que, cual fariseos, se azotan públicamente por la nueva ley, pero aceptan y se comprometen a mantener la actual? ¿Debería darle la Comunión o pedirle primero su reconciliación con Dios mediante el Sacramento de la Confesión? La respuesta no debiera dejar lugar a dudas, pero parece que a estas alturas sí existen y muchas.

Yo sé que la pregunta no es cómoda, que no es fácil de contestar. Es una pregunta de respuesta comprometida que quizás ponga en evidencia a muchos sacerdotes. Sin embargo yo me considero con derecho a obtener una respuesta clara de mis pastores. Entre otras razones porque, a la vista de los acontecimientos, mis hijos me demandan una contestación. La pregunta está en la calle: ¿Puede un político, que se autodenomina católico y que públicamente apoya la actual ley del aborto y se compromete a mantenerla, recibir el Sagrado Cuerpo de Cristo? ¿Puede un político, que con su voto apoye la nueva ley del aborto, recibir el Sagrado Cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Qué les haría merecedores a unos o a otros de tan alto privilegio? No lo olvidemos, a quien provoca escándalo más le valdría colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar.

Por último, no me vengan con preguntas espurias tipo: ¿Quién es usted para opinar? ¿Cómo puede usted entrar en la conciencia de otro? Pues bien, lo hago porque amo mi Credo y no consiento el escándalo que puede minarlo; porque quiero que todo ser concebido nazca; porque lucho por una legislación acorde al orden natural y la moral objetiva y porque sólo con un pronunciamiento claro y riguroso, las conciencias de muchos se activarían y podríamos salvar la vida de muchos inocentes. Si esa actitud valiente, gallarda e incómoda, de un sacerdote cualquiera sirviera para que determinados políticos suspendieran sus conciertos con las clínicas abortistas o dejaran de distribuir la píldora del día después, aunque solo consiguiera salvar la vida de un único inocente, Bendito sea ese sacerdote.

Los denominados colectivos gay, asociaciones que en muchos casos viven suculentamente del erario público, disponen de locales cedidos por ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que son galardonados reiteradamente por su hipotética tolerancia por populares y socialistas, han escogido como blanco preferido de sus ataques a la Iglesia Católica y a nuestra Fe.

No utilizan ataques o descalificaciones inteligentes, no buscan expresar sus puntos de vista, sólo les interesa ofender. Lo hacen del mejor modo que saben, con la carnavalada que suelen exhibir los Días del Orgullo Gay. Lo hacen recurriendo a imágenes de carácter o intención pornográfica. Lo hacen buscando herir en lo sensible. Lo hacen porque están seguros de la impunidad que les brindan los medios de comunicación, del apoyo con que cuentan en los medios a través del poderoso lobby gay.

En esta ocasión ha sido el Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid, el célebre y activo COGAM el que ha escogido como blanco de sus ataques a la Virgen, a Cristo o la Natividad; recurriendo a la iconografía tradicional pero sustituyendo a los personajes por gays y transexuales. Oficialmente, supongo que para congraciarse con quienes les financian, se trata de un “Calendario laico”. En realidad una blasfemia aderezada con sugerencias de pornografía blanda. Iconografía de la Virgen encarnada por un transexual; iconografía de Cristo con dos gays en actitud de provocación; iconografía de la Inmaculada con una, supongo, lesbiana en topless.

Como de costumbre no habrán protestas. Como de costumbre esto se cubrirá con el manto de silencio. Sólo unos pocos españoles, como siempre, trataremos de hacer algo, al menos protestar por estos reiterados ataques gay a nuestra Fe. Eso es lo que hace un partido socialcristiano como el que yo represento. Yo espero una inmediata y categórica reacción de Rouco Varela y la Conferencia Espiscopal.

COGAM ataca a los católicos mediante la blasfemia. COGAM es ese colectivo que a buen seguro recibe cuantiosas subvenciones de los Ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid, la inmensa mayoría gobernados por mayoría absoluta por el Partido Popular. Pero como los católicos son incapaces de protestar, ésta y otras organizaciones, seguirán recibiendo las subvenciones con las que el PP compra los votos de Chueca. Pero siempre podrán decir que ellos, el PP, se oponen terminológicamente.

Muchos habrán escuchado y visto la entrevista en Veo 7 realizada a la señora María Dolores de Cospedal, por ende Secretaria General del Partido Popular, que nadie lo olvide, o al menos habrán tenido noticia de la misma. En ella, en total sintonía con el PSOE de Trinidad Jiménez, ha declarado que el debate, en el tema de la Defensa de la Vida, no es ya “aborto sí o aborto no”, lo que implica aceptar la permanencia del aborto. Para la Secretaria General del PP éste es un diálogo cerrado, una cuestión terminada, porque ellos no cuestionan que el aborto sea legal en España.

Lo desafortunado, según la Secretaria General del Partido Popular, del debate reabierto con la nueva ley del aborto es que abre y provoca la división entre los españoles por un tema que ya estaba superado, porque tenemos una ley -la actual ley del aborto- que goza de un amplio consenso. Por ello se ha abortado con el PP y se aborta con el PSOE, aunque con el Partido Popular en el poder, en el Estado o en las Comunidades Autónomas, se aborte más.

Lo verdaderamente preocupante es que este tipo de declaraciones se producen a escasos días de la concentración del 17-O, donde muchos aplaudirán la presencia de miembros del PP. Me asquea esta burla, este escándalo, esta estafa, esta manipulación. Me asquea que nos digan que el PP es un partido que “defiende la Vida” y al mismo tiempo no trabaje por la derogación de las leyes abortistas en España. No entiendo cómo, de una vez por todas, la gente no reacciona; cómo no enfrenta esta realidad a su conciencia; cómo no rompen con el mal menor y el voto útil, que hoy me atrevo a calificar de cómplice de asesinato; cómo no se deciden a trabajar por un “Voto de la Vida”. El voto más útil, el bien posible.

Cuando este tipo de declaraciones se producen en las vísperas de una manifestación, convocada por la Vida el próximo 17 de octubre; cuando se anuncia la presencia de varios dirigentes populares en la misma; cuando con palabra equívoca, cultivando el eufemismo, utilizando frases que aparentan oposición pero que sólo la aparentan, se pronuncian los dirigentes populares, parece evidente que el único interés que en Génova 13 despierta “el periclitado debate del aborto” es su utilización indirecta como elemento de desgaste del gobierno. Pero es lógico, porque el PP, que considera que el debate del aborto está superado, es un partido abortista. Lo que les molesta es que se sepa.

Estoy seguro que muchos, el próximo día diecisiete de octubre, de buena fe, aplaudirán a los representantes de este partido, porque creen que ellos también están en contra del aborto. Pero los populares, salvo excepciones, eso sí contadas con los tres dedos de una mano, y digo tres, no cuatro, ni cinco, son partidarios de mantener el aborto en España y, todos, militan en un partido ABORTISTA. Sí, como suena, ABORTISTA, porque no están en contra del aborto. Están a favor de la actual ley. Una ley que se han comprometido públicamente a mantener a toda costa. Un partido ABORTISTA porque lo que les preocupa no es que el aborto se produzca en cifras alarmantes y crecientes entre las menores, pese al reparto de píldoras abortivas en las Comunidades que gobiernan, sino que lo hagan sin permiso paterno y diciendo esto aparente una inexistente oposición a la ley abortista socialista. Un partido ABORTISTA que sólo se atreve a denominar el aborto como “fracaso”, algo que han exportado a muchos grupos pro-vida, en vez de calificarlo de crimen abominable y que reclama, curiosa coincidencia, por boca de su representante más cualificada en estos temas, que el aborto se saque del debate político, que se despolitice porque es sólo un drama humano. Como si los políticos no fueran responsables de su existencia y de su mantenimiento.

Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes acudan, como nosotros, a la manifestación del 17 de octubre en Madrid, lo harán para decir “No al aborto”. No solamente para decir “No a la ley socialista”. Y estoy seguro de ello porque de lo contrario no entendería que en todas las iglesias haya aparecido propaganda de la manifestación y se organicen viajes, pagando cada uno su billete, para acudir a Madrid.

Yo espero, que tras las declaraciones de la señora María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, diciendo que coincide con la socialista Trinidad Jiménez en que el debate ya no es “aborto sí o aborto no”, los organizadores de la manifestación del día diecisiete, si están en contra del aborto, veten la presencia de los representantes del PP, vayan a titulo privado o público (en un político no cabe el eufemismo de privado). A no ser que éstos de forma pública y notoria manifiesten su total discrepancia con las declaraciones públicas de la cúpula de su partido. A no ser que las autoridades populares madrileñas, empezando por Esperanza Aguirre y el señor Güemes, se comprometan públicamente a dejar de subvencionar el aborto en la Comunidad Autónoma de Madrid. A no ser que los Ayuntamientos populares, empezando por el que rige el señor Gallardón, se comprometan a dejar de distribuir las píldoras abortivas…

Si no lo hacen, si no los vetan o exigen la retractación, serán cómplices del escándalo. Y ya saben: más les valiera ponerse una piedra al cuello y lanzarse al agua.

Lo siento pero era necesario decirlo.

El gobierno acaba de presentar su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Presupuestos destinados a tratar de ocultar el agujero negro que este año ha creado el ejecutivo en las cuentas públicas y para repercutir los gastos de la mala gestión económica de la crisis en el bolsillo de todos los españoles.

Es imposible deslindar, como se está haciendo, la presentación de los Presupuestos de la campaña previa de control de la opinión pública realizada, fundamentalmente, por el presidente del gobierno. Así los presupuestos son el arma mediante la que va a actuar este moderno Robin Hood en que se ha convertido José Luis Rodríguez Zapatero. El gasto público, mejor dicho el despilfarro, se corresponde con el esfuerzo que todos tenemos que hacer para ayudar a los más perjudicados por la crisis. Lo que ha llevado a que, para un sector de la opinión pública, se transforme en una verdad absoluta que los ricos van a pagar los costes.

El gobierno tenía y tiene en la mano un arma importantísima para tratar de poner en marcha el tren de la recuperación económica: los Presupuestos. Sin embargo, como se ha dicho, y en esto existe una amplia coincidencia, con ellos en la mano difícilmente se puede pensar que hayan sido planteados con ese objetivo.

El gobierno necesita más dinero. Tanto para pagar el despilfarro anterior como para mantener el nivel de gasto que las alocadas propuestas del presidente no hacen más que incrementar. Su imaginativa solución ya la conocemos: subir los impuestos. Los directos y los indirectos. Imaginativa solución que es compartida por las diversas administraciones autonómicas y municipales, sean del color político que sean, porque el mal es el mismo, el despilfarro del dinero público.

La subida de impuestos, que servirá para financiar los desatinos del presidente y la compra de votos y apoyos, va a afectar a todos los españoles y especialmente a aquellos que menos tienen; pero también va a actuar como elemento disuasorio del consumo, de la inversión y del ahorro.

El presidente lleva años hablando de la necesidad de cambiar el modelo estructural económico español, igual discurso mantiene el PP; pero a la hora de la verdad, Presupuesto tras Presupuesto, las medidas se aplazan, porque es mejor invertir en la compra de aliados y de votos. España es un país con necesidades financieras altas y un ahorro bajo. Cuando se tiene que impulsar el ahorro el gobierno hace unos Presupuestos para castigarlo. Cuando es necesario sostener y reformar nuestro sector turístico el gobierno impulsa una subida del IVA que implicará una notable alza de precios. Cuando se necesita recuperar el sector de la construcción y facilitar el acceso a la vivienda el gobierno sube el IVA. No son unos Presupuestos para la recuperación son unos presupuestos para la recaudación.

La factura del despilfarro y del error la vamos a pagar todos los españoles, porque la subida del IVA (el que por cierto prometía rebajar vía europea los populares en las pasadas elecciones y ahora que tienen la mayoría en la cámara de Estrasburgo ni se lo plantean) afectará a todos los bolsillos. La van a pagar, vía IRPF, las clases medias, tal y como sin rubor ha afirmado la ministra Elena Salgado, porque es la única que se puede esquilmar sin problema.

Se nos dice que España tiene tasas fiscales e impositivas más bajas que otros países de la UE. Es rigurosamente cierto. Lo que el gobierno no dice es que también los niveles salariales son mucho más altos en esos mismos países de la UE. El problema español, desde la entrada en el Euro, es que se propicio una inflación innecesaria a través de los precios que afectó a unos ciudadanos que no experimentaron la elevación salarial (basta con ver la diferencia entre el salario mínimo medio europeo y el español); ahora la subida de los costes de productos y servicios vendrá a través del IVA. Lo que se hace, además, sin compensaciones para generar una dinámica de expansión empresarial y creación de empleo que quizás la justificara si ésta fuera mucho más moderada. Pues estamos hablando de subidas equivalentes del 12% al 14%.

Presupuestos, como los anteriores, falsos, elevados sobre cifras macroeconómicas que ya sabemos que son fruto del optimismo del gobierno cuando no del trucaje contable. Causa sonrisa ver cómo se sitúa la tasa de paro en un 18% cuando se está hablando del 20%; como se juega con el déficit situándolo cerca del 5% al eliminar el déficit autonómico, con el que el déficit real del Estado (las Autonomías son parte del Estado) se disparará hasta un 10%. Y así…

Como gran elemento propagandístico se nos dice que se congela el sueldo del Presidente del Gobierno o los gastos de la Casa Real. Lo que no se le dice al ciudadano es que restan en todas partes, en los Ministerios, en Presidencia del Gobierno, las inagotables partidas de fondos de libre disposición, el sobresueldo de todos. También se anuncia a bombo y platillo una reducción pequeña del gasto público que se queda en nada cuando se suman todos los componentes. La reducción planteada por el gobierno es una broma comparada con la que de verdad sería necesaria, pero para llevarla a efecto es necesario poner orden en las administraciones públicas, recortar el gasto autonómico y reasumir competencias. Justo lo contrario de lo que el gobierno ha hecho y aspira a llevar a efecto para comprar apoyos parlamentarios y votos.

Ese es el verdadero objetivo de unos Presupuestos en los que lo realmente importante interesa muy poco.