AES en contra de limitar la acción popular contra la clase política
 
 

AES en contra de limitar la acción popular contra la clase política

 
Publicado el 12 de Abril 2017
 
 

Los partidos mayoritarios, los que hasta hoy han teñido opción de gobierno, PP y PSOE, han prometido reiteradamente regenerar la vida pública y luchar contra la corrupción.

La débil independencia del poder judicial hace que los ciudadanos consideren que la justicia se encuentra mediatizada en muchos casos, de ahí que el actual modelo constitucional permitiera el ejercicio de la cada vez más limitada acusación popular.

Los dos grandes partidos PP y PSOE, de una u otra forma, llevan años poniendo trabas a la acusación popular (la última vía de costes en la reforma del PP).

Ahora el PP, en el laboratorio murciano como primer escalón, quiere eliminar la posibilidad de que partidos, sindicatos y fundaciones no puedan ejercer la acusación popular en el caso de políticos.

AES considera que el PP solo quiere con ello blindar a los políticos ante el posible fin -pacto con Ciudadanos- de los aforamientos.

AES estima que esta propuesta no es más que el intento de establecer un nuevo e inadmisible privilegio y un cercenamiento de los  derechos y garantías de los ciudadanos ante el abuso de los políticos.

AES quiere denunciar la maniobra del PP de presentar esta medida como garantía para evitar la judicialización  de la política, cuando debiera pensar que para evitar esa posibilidad bastaría con aplicar criterios internos estrictos a sus cargos políticos, que es lo mismo que deberían hacer todos los partidos aplicando la vieja sentencia de la mujer del César, dejando atrás el corporativismo político del que todos hacen gala.

AES quiere recordar que hasta hoy  han sido los partidos, los sindicatos y las asociaciones -entre ellos Alternativa Española- quienes, ejerciendo la acusación popular, han llevado a los tribunales casos que de otro modo se hubieran quedado en la sombra.

AES quiere denunciar este nuevo intento de recorte de derechos y blindaje de la casta política, considerando, además, que la acción popular no debiera implicar costes,  debido precisamente a la función garantista que tiene y al sentido que se le da en el andamiaje constitucional.

 
 
 

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