8. PARA QUE EL SISTEMA PENAL PROTEJA AL CIUDADANO
 
 

8. PARA QUE EL SISTEMA PENAL PROTEJA AL CIUDADANO. PARA PONER FIN AL TERRORISMO


Para ello será necesario: asegurar la independencia efectiva del poder judicial; defender la exclusividad del ejercicio judicial a profesionales altamente cualificados; ampliar los medios humanos y técnicos; garantizar la gratuidad de la justicia para aquellos que no dispongan de los medios económicos necesarios.

AES trabajará por la reforma de las leyes vigentes en todo aquello que sirva para dinamizar la justicia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Propugnaremos una profunda reforma de las políticas de reinserción y el máximo rigor punitivo en los casos de terrorismo, narcotráfico, violación o agresión contra la dignidad de la mujer o de la infancia.

Para que el ciudadano se sienta realmente protegido.

AES ha denunciado constantemente el incremento de la inseguridad ciudadana en España. Las tasas de criminalidad, ignoradas sistemáticamente por los gobiernos populares y socialistas, se han duplicado en los últimos ocho años. La falta de interés de la clase política ante este problema se pone de manifiesto cuando se observa que el gasto en seguridad pública a duras penas si ha crecido, pese a la estadística del delito. En el año 2001 se gastaba en seguridad un 0.53 del PIB, las últimas cifras señalan un gasto del 0.59 del PIB. La mayor parte del presupuesto es consumido por unas nóminas desiguales; el aumento señalado del gasto se corresponde en parte a la insuficiente integración de nuevos agentes. Tal y como han denunciado los sindicatos policiales los nuevos agentes llegan para cubrir las jubilaciones y las bajas.

Los sucesivos gobiernos populares y socialistas, al no tomar medidas preventivas, han contribuido a la inseguridad que ahora, como hace el gobierno socialista, niegan al no tomar medidas. En la última década se han hecho cotidianos los pequeños delitos que afectan directamente al ciudadano, los asaltos a viviendas y los delitos de carácter sexual; como consecuencia de la falta de política inmigratoria hemos asistido, indefensos, la proliferación de bandas callejeras y a la instalación en España de bandas criminales organizadas.

En España existe la sensación de que una parte importante de los delitos casi gozan de impunidad. La pequeña delincuencia, azote de muchos españoles que por su presencia pierden su salario o su negocio, que muchas veces ni se denuncia, carece de sanción real; consecuencia de un exceso de garantismo legal y del mantenimiento de una política penal benigna. Hoy, en España, un delincuente callejero es muy difícil que ingrese en prisión. En el caso de bandas de menores, que actúan impunemente en nuestras ciudades, la policía tras detenerlos tiene que acompañarlos a su casa para que, inmediatamente, vuelvan a tomar el transporte público para continuar con sus actividades delictivas.

AES ha defendido la necesidad de reformar tanto el Código Penal como la aplicación de los beneficios penitenciarios como la Ley del Menor. AES pide la reforma penal integral, no conformándose con ofertas propagandísticas de reforma para casos de especial relevancia; esos casos que, explotados mediáticamente, producen la denominada “alarma social”. Para AES lo fundamental es actuar contra esa delincuencia que roba bolsos y carteras, que entra en domicilios, que asalta taxis y joyerías, que roba en los comercios, que atraca en los cajeros… esa delincuencia que todos los Ministros de Interior desprecian al denominarla de “baja intensidad”, pero que hace imposible a los ciudadanos salir a ciertas horas por determinadas calles o pasear por un jardín.

AES comparte con la inmensa mayoría de los ciudadanos la sensación de que la ley acaba protegiendo más al delincuente que al ciudadano honrado. Las noticias de delincuentes que son detenidos tras cometer delitos de forma reiterada; de delincuentes que nunca deberían salir de prisión y gozan de beneficios y permisos penitenciarios que les permiten volver a delinquir; de policías que confiesan que los delincuentes detenidos son puestos en libertad antes de que ellos puedan concluir los informes pertinentes, constituyen la base real de esa sensación.

Un ejemplo claro de todo lo anterior es lo sucedido con la aplicación práctica de la bienintencionada “ley contra la violencia de género”, que no ha detenido la aparentemente imparable carrera de asesinatos de mujeres, lo que la ha convertido en un auténtico fracaso.AES ya señaló que la ley presentaba tres talones de Aquiles: primero, la falta de un endurecimiento de las penas; segundo, la falta de recursos económicos suficientes; y tercero, la discriminación que realiza en función del sexo del agresor.

AES entiende que es preciso que el ciudadano sienta que la ley antepone sus derechos, su libertad y su propiedad, a los derechos del “delincuente” y para ello, optando por la seguridad preventiva, propondrá:

1º. Garantizar que la dirección y coordinación de la Seguridad sea competencia exclusiva del Estado.

2º. El incremento del gasto público en Seguridad.

3º. La reforma del Código Penal y de la Ley del Menor incrementando las penas. La reforma de la Ley Penitenciaria y la inclusión en el Código Penal de la pena de cadena perpetua.

4º. El cumplimiento total de las penas para delitos de especial gravedad: crímenes múltiples, terrorismo, narcotráfico, delitos contra la infancia.

5º. La no aplicación de los beneficios penitenciarios de prisión atenuada o permisos a los condenados por delitos de agresión sexual.

6º. La expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa un delito.

7º. La puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad para sectores de especial riesgo: taxistas, joyerías…

8º. La utilización de juicios rápidos para luchar contra la pequeña delincuencia y la violencia de género.

9º. Terminar con el tráfico y esclavitud de seres humanos promovido por las bandas de prostitución organizada.

10º. Asegurar una coordinación efectiva entre las distintas Fuerzas de Seguridad.

11º. La creación o ampliación de redes de comisarías en las ciudades que garanticen la proximidad de las Fuerzas de Seguridad y actúen como elemento disuasorio.

12º. La puesta en marcha de un Plan Nacional de Actuación y Despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en zonas de especial peligrosidad.

AESquiere resaltar que hacer de nuestras calles un lugar seguro no es posible sin contar con el elemento humano, con los agentes de las diversas policías y la Guardia Civil. Hombres y mujeres que realizan su trabajo, en muchas ocasiones, sin el adecuado apoyo moral y material. AES pedirá:

1º. La igualación salarial de todas las Fuerzas de Seguridad.

2º. El incremento real de las plantillas en función de las necesidades de los servicios a cubrir.

3º. La aplicación de un nuevo modelo de despliegue de la Guardia Civil, conforme a la nueva realidad urbana española, capaz de cubrir las necesidades de seguridad de la geografía de las urbanizaciones (zonas rurales y residenciales consideradas de alta peligrosidad).

4º. La mejora y modernización constante de medios materiales. No se puede combatir la delincuencia del siglo XXI con medios del siglo XX.

5º. El respaldo permanente de la Administración a los agentes en el cumplimiento de sus funciones, concediéndoseles la lógica presunción de haber actuado conforme a la Ley.

6º. El reconocimiento a los agentes del principio de autoridad y la restauración del principio de confianza por parte del ciudadano. Con ello se conseguirá que el delincuente asuma que los agentes del orden van a contar, en su lucha contra el delito, con el apoyo de la sociedad. Esta política es la que creará el ambiente disuasorio necesario para devolver la seguridad a nuestras calles.

Para poner fin al terrorismo.

Desde hace casi treinta años todos los gobiernos han tratado de negociar con ETA. Durante casi tres décadas, con socialistas y populares, ha habido contactos, reuniones, diálogos, conversaciones… Durante casi treinta años, la lucha antiterrorista, desde la perspectiva policial, se ha concebido no como un fin sino como un medio para presionar a la banda induciéndola a negociar. Durante casi treinta años estas conversaciones sólo han servido para dar oxígeno a la banda permitiendo su reconstrucción. Durante gran parte de esas tres décadas las víctimas del terrorismo no han existido ni para los gobiernos ni para los partidos.

AES entiende que el final del terrorismo sólo llegará de la mano de la acción policial y judicial; cuando la banda y su entorno político adquieran conciencia de que no pueden derrotar al Estado de Derecho y que su único horizonte es el juicio y la cárcel. Denunciamos la inmoralidad y el chantaje moral que supone aceptar o difundir planteamientos tales como “paz por presos”. Con una banda terrorista no cabe pagar ningún precio político; con una banda terrorista sólo es admisible la rendición incondicional y el sometimiento de sus miembros a la acción de la Justicia. Por tanto, AES entiende que la política antiterrorista sólo puede tener como norte el desmantelamiento y erradicación total de la banda terrorista.

AES no puede ignorar que, además del terrorismo de ETA y las periódicas resurrecciones de los GRAPO, España ha sufrido y está en el punto de mira del terrorismo islámico.

Para combatir el terrorismo AES propondrá:

1º. El cumplimiento total de cada una de las penas.

Tenemos que denunciar el gran engaño perpetrado por los partidos políticos que han estado en el gobierno, PSOE y PP, cuando han utilizado la fórmula “cumplimiento íntegro de las penas” como sinónimo del cumplimiento total de las condenas.

Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular son -ni han sido- partidarios de dicho cumplimiento. Las sucesivas reformas del Código Penal sólo han acabado alargando, brevemente, el máximo de años que los terroristas pueden permanecer en prisión. Las sucesivas reformas no han contemplado la excepcionalidad de trato que debían tener los delitos de terrorismo con respecto a la norma general; procurando que los terroristas no pudieran acogerse, en ningún caso, a los beneficios de reducción de condena.

.AES defenderá la implantación de la figura del cumplimiento total, que no íntegro, de cada una de las penas para los delitos de terrorismo.

.AES se opondrá a la posibilidad de que los terroristas opten a la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena (treinta años).

.AES defenderá, en este sentido, la inmediata reforma del Código Penal, estableciendo la excepcionalidad para los delitos de terrorismo, diferenciándolos claramente de los demás tipos de delitos, especialmente en todo lo referente al sistema penitenciario.

.AES excluirá a los terroristas de la posible refundición de penas, al entender que los delitos de terrorismo no se encuentran inclusos en las figuras delictivas para las que, buscando la reinserción, se estableció el beneficio.

2º. Exigiremos la eliminación para los terroristas encarcelados de cualquier situación de privilegio.

Durante veinticinco años ha causado profunda indignación popular la difusión de noticias que han puesto de manifiesto la existencia en las cárceles de situaciones de privilegio para los presos de ETA; durante veinticinco años hemos soportado, en silencio, la aplicación de los beneficios de reducción de pena a los terroristas. Ni situaciones de privilegio, ni posibilidades de libertad condicional pueden ser aplicadas a los terroristas.

.AES denunciará cualquier maniobra encaminada a vulnerar la situación penitenciaria de los presos por terrorismo que pueda conducir a abrir vías para su excarcelación.

3º. El mantenimiento de la lucha judicial contra el brazo político de los terroristas.

4º. La tipificación de lesa humanidad para los delitos de terrorismo. Conforme piden las Víctimas del Terrorismo, AES promoverá la tipificación del terrorismo como delito de lesa humanidad. Delitos sin prescripción posible.

5º. El reconocimiento permanente a las víctimas.

Superada, aparentemente, la situación de absoluta marginación que durante dos décadas han sufrido las víctimas del terrorismo (situación que llegó al extremo de situar a las víctimas y a los verdugos en un mismo nivel; equiparación que aún hoy, en algunas ocasiones, se produce) ha llegado el momento de hacer realidad permanente ese reconocimiento.

.AES asume que es a las víctimas a quienes corresponde establecer las líneas maestras para ese reconocimiento.

En este sentido, AES propugnará:

-la presencia de las víctimas en cualquier decisión que tome el gobierno con respecto a la política que se sigue con los asesinos;

-la elaboración de una ley de alejamiento que, de forma automática, impida a un asesino excarcelado vivir cerca de sus víctimas;

-la permanente vigilancia fiscal de los asesinos para que hagan frente a las indemnizaciones establecidas en las condenas.

.AES propondrá acciones para la conservación y difusión de la Memoria Histórica de las víctimas del terrorismo.

 

Descargas

AES_Programa_politico.pdf

 
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Si continúas navegando, aceptas su uso. Para más información consulta nuestra política de cookies